Avance para el reconocimiento, reparación e indemnización de las víctimas con discapacidad de la esterilización forzosa

El proyecto de Ley de reforma de las leyes de derechos de las personas con discapacidad y de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, aprobado ayer por el Congreso de los Diputados y que continuará su tramitación en el Senado, incluye un mandato al Gobierno para que en el plazo de un año desde su entrada en vigor este remita a las Cortes un proyecto de ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas con discapacidad de la esterilización forzada o no consentida.

Prospera así una enmienda asumida por los grupos parlamentarios planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que recogía una demanda insistente del movimiento de mujeres con discapacidad, que entiende que no basta con la abolición de esta práctica, lograda por Fundación CERMI Mujeres en 2020, sino que ahora toca reconocer, reparar e indemnizar a sus víctimas, principalmente mujeres con discapacidad.

A partir de la aprobación definitiva del proyecto de Ley, el Ejecutivo tiene un año para elaborar y remitir a las Cortes una iniciativa legislativa que responda a este mandato que busca la satisfacción efectiva de quienes padecieron la práctica nociva de la esterilización forzosa en los años en que era legal en España.

La Fundación CERMI Mujeres se ha adelantado a este mandato y ha redactado una propuesta articulada de proyecto de ley que contiene una regulación completa de la cuestión, que ya hizo llegar a Gobierno a través de los Ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales, de modo que pueda servir de punto de partida y base para confeccionar el texto oficial.