El CERMI alerta de que España mantiene una brecha persistente entre los derechos reconocidos y los derechos efectivos de las personas con discapacidad
- El Informe ‘España 2025 sobre Derechos Humanos y Discapacidad’ recoge 145 denuncias, 69 propuestas de mejora y 36 avances, en el marco del 20 aniversario de la Convención de la ONU.
- El informe constata la persistencia de un elevado número de vulneraciones de derechos y, se reclama reforzar los mecanismos de control y sanción ante los incumplimientos en accesibilidad y no discriminación.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha presentado hoy el Informe ‘España 2025 sobre Derechos Humanos y Discapacidad’, una radiografía anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, que la entidad elabora de forma ininterrumpida desde 2008.
El documento, presentado en un diálogo informativo televisado en la Agencia Servimedia, recoge 145 denuncias por vulneraciones de derechos, 69 propuestas de mejora y 36 avances registrados durante el año 2025, con especial atención a ámbitos como la accesibilidad universal, la educación inclusiva, el empleo, la salud, la protección frente a la violencia, la igualdad territorial y la participación social.
El delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI, Gregorio Saravia, destacó que el informe muestra “un buen estado de salud del movimiento social de la discapacidad en su fase propositiva”, ya que no solo identifica déficits, sino que plantea soluciones concretas para avanzar en la garantía real de los derechos.
Saravia subrayó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo Día Nacional se conmemora en España cada 3 de mayo, sigue siendo “una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro”. A su juicio, este tratado internacional “marcó un hito histórico” y continúa señalando el horizonte de las políticas públicas inclusivas.
Durante la presentación, la presidenta de CERMI Andalucía y patrona de la Fundación CERMI Mujeres, Marta Castillo, puso el foco en la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, y advirtió de que “la combinación de género y discapacidad sigue generando barreras añadidas” en el acceso a la educación, el empleo, la autonomía económica, la participación social y los sistemas de protección.
Castillo reclamó una ley integral de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas o no consentidas, una macroencuesta estatal sobre violencia contra mujeres con discapacidad, datos estadísticos desagregados, accesibilidad universal, formación especializada y un refuerzo presupuestario suficiente para convertir los derechos en realidades efectivas.
Por su parte, la responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de Impulsa Igualdad, Jara Sánchez, alertó de que “el incumplimiento más sofisticado no siempre consiste en negar expresamente un derecho, muchas veces consiste en reconocerlo, pero sin hacerlo utilizable”. En este sentido, reclamó mecanismos de supervisión, sanción y rendición de cuentas ante los incumplimientos.
Sánchez incidió además en que la accesibilidad debe entenderse como “una infraestructura básica de ciudadanía”, no como una cuestión meramente técnica, ya que condiciona el ejercicio de derechos fundamentales como estudiar, trabajar, acudir a una consulta médica, acceder a una vivienda o participar en la vida pública.
La delegada de la Fundación “la Caixa” en la Comunidad de Madrid, Laura Llapart, reafirmó el compromiso de la entidad con este informe, al que apoya desde 2016, y recordó que la Fundación impulsa programas de inserción sociolaboral y proyectos sociales dirigidos a personas con discapacidad, también en el medio rural y con perspectiva de género.
El CERMI advirtió asimismo sobre el aumento de los discursos de odio y la polarización social y política, y defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos de vigilancia, control y respuesta frente a las expresiones de discriminación contra las personas con discapacidad.
En definitiva, y tras el análisis del documento, se afirma, que España cuenta con un marco legislativo avanzado, pero mantiene una deuda pendiente en su cumplimiento efectivo. Por ello, desde el movimiento social de la discapacidad, se reclama a los poderes públicos que pasen del reconocimiento formal de derechos a su garantía plena, con recursos, controles y consecuencias ante los incumplimientos, porque los derechos humanos de las personas con discapacidad no pueden depender del esfuerzo individual, del código postal ni de la capacidad económica de cada persona o familia.
El informe, disponible en formato accesible, gratuito y de libre acceso en la web del CERMI, incluye también un homenaje al jurista Óscar Moral Ortega, referente del Derecho de la Discapacidad, y recoge el trabajo de clínicas jurídicas desarrolladas con el ámbito académico para transformar el conocimiento jurídico en soluciones reales.
- Acceso al libro digital accesible ‘Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2025 en formatos accesibles’: https://cermi.es/colecciones/coleccion-convencion-onu/3694