El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas con discapacidad contra la violencia doméstica y sexual
Según Naciones Unidas a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias como, por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer y educación
En 18 estados se han promulgado leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos —incluida intimidación por parte de autoridades— al intentar interrumpir un embarazo tras sufrir hechos de violencia sexual.
Esterilización y aborto a mujeres y niñas con discapacidad
En un informe de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprobó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer y educación.
En 2015, Disability Rights International informó que las mujeres mexicanas con discapacidad psicosocial tenían un alto riesgo de que se les negaran derechos reproductivos; que a veces en clínicas estatales de México D.F. se presiona a estas mujeres para que se sometan a esterilizaciones o aborto si están embarazadas; y que en los establecimientos para personas con discapacidad que funcionan en la capital del país con fondos gubernamentales las condiciones eran inhumanas, incluido el caso de una institución donde se encerraba a menores en jaulas.