La Fundación CERMI Mujeres afianza apoyos en el Senado para la ley de reparación a mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento por decisión judicial

Imagen de Pilar Villarino en la comparecencia del senado el pasado 4 de diciembre de 2025
  • Las formaciones políticas presentes en la Comisión mostraron un consenso amplio sobre la necesidad de que la propuesta de ley avance, valorando su rigor y la urgencia de reparar una vulneración histórica que sigue pendiente.
  • La Fundación CERMI Mujeres expresó su voluntad de que la norma pueda aprobarse en 2026, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un horizonte que considera alcanzable si se mantiene el impulso político actual.

La directora ejecutiva del CERMI Estatal y patrona secretaria de la Fundación CERMI Mujeres, Pilar Villarino Villarino, ha reclamado este martes en el Senado la aprobación urgente de una ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida, una práctica permitida en España durante casi tres décadas y que afectó de forma mayoritaria a mujeres y niñas con discapacidad, muchas de ellas institucionalizadas.

Villarino compareció ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad para exponer el alcance de esta vulneración de derechos humanos, calificada por organismos internacionales como una forma de trato cruel, inhumano o degradante, y para presentar la propuesta legislativa elaborada por la Fundación, en nombre del movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI. “No venimos solo a hablar de derechos en abstracto, venimos a hablar de memoria, justicia y reparación”, afirmó. Recordó que entre 1989 y 2020 el Código Penal permitió que un juez autorizara la esterilización de una persona con discapacidad en contra de su voluntad, sustituyendo su capacidad jurídica bajo el pretexto de un supuesto interés superior. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, más de un millar de personas fueron esterilizadas por decisión judicial entre 2005 y 2016, sin que esa cifra refleje la totalidad de casos anteriores o posteriores.

La propuesta de ley de reparación no llega por primera vez al Senado, sino que forma parte de un proceso continuado de trabajo institucional desarrollado por la Fundación CERMI Mujeres durante el último año. El texto ya ha sido trasladado al Ministerio de Igualdad y a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, además de ser presentado en actos sectoriales celebrados en Madrid. La entidad ha mantenido también encuentros con grupos parlamentarios del Congreso y ha defendido su contenido en diversos espacios de diálogo institucional para avanzar hacia su futura tramitación legislativa.

Villarino subrayó que la reparación no puede esperar más. “Muchas de las mujeres afectadas superan hoy los 50 años y siguen esperando una disculpa. Otras ya no están entre nosotras. El Estado tiene una deuda y esta ley es el instrumento para saldarla”. Además, recordó que países como Suecia, Países Bajos, Japón o el Estado de California ya han puesto en marcha leyes semejantes. España, afirmó, “tiene la oportunidad y la obligación de situarse entre las democracias que miran de frente su pasado y sanan sus heridas”.

Durante el turno de intervenciones, las distintas formaciones parlamentarias coincidieron en reconocer la gravedad de la esterilización forzada como una violación histórica de derechos humanos y manifestaron una disposición amplia y favorable hacia la necesidad de una ley de reparación. Se destacó que, tras la eliminación de esta práctica del Código Penal y la reforma del artículo 49 de la Constitución, el paso lógico es avanzar hacia un marco legal que reconozca a las víctimas, garantice la reparación integral y establezca salvaguardas efectivas de no repetición. Las portavocías valoraron el rigor técnico del documento presentado por la Fundación CERMI Mujeres y coincidieron en que existe un clima propicio para que el Gobierno y los grupos parlamentarios continúen impulsando esta iniciativa en la vía legislativa.

Esta comparecencia constituye un paso más dentro de un recorrido sostenido de trabajo institucional y de diálogo político, encaminado a un objetivo compartido, que la ley pueda ver la luz en 2026, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se evidenció un clima de receptividad y simpatía institucional que permite avanzar hacia un consenso amplio y sólido. La Fundación CERMI Mujeres recordó que no se trata de un primer contacto, sino de una nueva etapa en un proceso continuo de impulso, seguimiento y mejora de la propuesta.

Villarino explicó también la misión y estructura de la Fundación CERMI Mujeres, que representa a las mujeres y niñas con discapacidad y a las madres de hijos e hijas con discapacidad en España. Sus líneas de trabajo incluyen propuestas normativas, investigaciones, asistencia legal, foros sociales y campañas de concienciación. “La discapacidad genera consensos amplios, estamos a disposición de esta Cámara para avanzar en una agenda legislativa que repare el daño causado y prevenga cualquier repetición”, concluyó.