Fundación CERMI Mujeres y Asociación Alanna reclaman una protección reforzada a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos, en el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre violencia de género vicaria
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) y la Asociación Alanna han presentado un documento conjunto de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia de género vicaria, con el objetivo de reforzar el reconocimiento y la protección efectiva de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, así como de sus hijas e hijos.
Ambas entidades subrayan que el nuevo texto legislativo debe incorporar de forma expresa los principios y obligaciones internacionales derivados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) —especialmente sus artículos 2, 5, 12 y 15, así como la Recomendación General núm. 35, y la Recomendación General núm. 33, en materia de acceso de las mujeres a la justicia—, que obligan a los Estados a actuar con diligencia debida para prevenir, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, garantizando la igualdad real y la accesibilidad universal.
En este sentido, FCM y Alanna reclaman que la ley asegure la atención directa de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género vicaria a través de los servicios especializados en violencia de género, y no su derivación a los recursos generales de discapacidad, tal y como sucede con frecuencia en la práctica. Ambas organizaciones recuerdan que las mujeres con discapacidad son víctimas de múltiples y agravadas formas de violencia y que solo una respuesta específica, coordinada y accesible puede garantizar su derecho a la protección y a la reparación integral.
Las entidades insisten en que la futura ley debe garantizar la accesibilidad universal, los ajustes razonables y los apoyos comunicativos y personales necesarios en todos los procedimientos de denuncia, protección, enjuiciamiento y reparación, en coherencia con los artículos 6, 7, 13 y 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los artículos 4.3. y 18 del Convenio de Estambul y la Directiva (UE) 2024/1385.
Asimismo, proponen que se establezcan mecanismos automáticos de protección para hijas e hijos de las víctimas —incluidos los menores con discapacidad— mediante la suspensión inmediata de visitas, comunicaciones y patria potestad del agresor cuando existan condenas o indicios fundados de violencia. Reclaman también la prohibición expresa de la revinculación forzosa con progenitores violentos, considerada una forma de violencia institucional, y la eliminación del pseudodiagnóstico del “Síndrome de Alienación Parental” (SAP) en cualquier procedimiento judicial o administrativo.
El documento de alegaciones incluye además la tipificación de la violencia económica y patrimonial como delito autónomo y la derogación del artículo 268 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal los delitos patrimoniales entre cónyuges o familiares. De igual modo, exige la capacitación obligatoria y continua del personal judicial, forense, policial, sanitario y social en materia de violencia de género, discapacidad y derechos humanos.
“La nueva ley debe reconocer que las mujeres con discapacidad son víctimas de una violencia agravada y estructural, y que su atención debe prestarse desde los servicios especializados en violencia de género, no desde la asistencia general a la discapacidad”, ha señalado Fundación CERMI Mujeres. Por su parte, Asociación Alanna destaca que “proteger a las mujeres con discapacidad y a sus hijas e hijos es una obligación jurídica y moral del Estado; la igualdad no puede depender de las capacidades de cada víctima”.
Las alegaciones de ambas entidades se apoyan en la CEDAW, la CDPD, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Convenio de Estambul y la Directiva (UE) 2024/1385, todos ellos instrumentos jurídicamente vinculantes para España.
FCM y Alanna instan al Gobierno y a los grupos parlamentarios a incorporar sus propuestas en la redacción final del Anteproyecto de Ley Orgánica, a fin de construir un marco jurídico inclusivo, accesible y verdaderamente protector, que garantice el derecho de todas las mujeres —especialmente las mujeres con discapacidad— y de sus hijas e hijos a vivir libres de violencia y a recibir una atención digna, especializada y efectiva.
Acceso al documento: https://fundacioncermimujeres.es/novedad/alegaciones-al-anteproyecto-de-la-ley-organica-de-medidas-en-materia-de-violencia-de-genero-vicaria