Las madres cuidadoras reclaman apoyos reales para no seguir sosteniendo solas la inclusión de sus hijos con discapacidad
La IX Conferencia Sectorial de Fundación CERMI Mujeres situó los cuidados como una cuestión de derechos humanos y reclamó apoyos públicos para que las cuidadoras.
Fundación CERMI Mujeres reclamó este viernes políticas públicas efectivas para que las madres cuidadoras de niñas y niños con discapacidad dejen de sostener en solitario los apoyos que deben garantizar las Administraciones. Esta fue una de las principales demandas planteadas en la segunda parte de la IX Conferencia Sectorial de Fundación CERMI Mujeres, celebrada en el salón de actos del IMSERSO bajo el título Cómo avanzar en las políticas públicas de cuidados y apoyos desde una perspectiva de género, discapacidad, infancia y familias.
La Conferencia partió de un enfoque centrado en los cuidados y apoyos como una cuestión de derechos humanos, no como una respuesta asistencial. Desde esta perspectiva, Fundación CERMI Mujeres defendió la necesidad de avanzar hacia políticas corresponsables que garanticen la autonomía de las personas con discapacidad, reconozcan el trabajo de cuidados y acompañen a quienes lo sostienen, especialmente a las mujeres.
En la mesa ‘Cuidadoras sin relevo. Reflexiones de vida de madres de niños y niñas con discapacidad para la mejora de la política pública’, Mari Carmen La Osa Exojo y Marta Iglesias Vela, integrantes del grupo Cuidadoras sin Relevo de Fundación CERMI Mujeres, reclamaron apoyos reales en educación, sanidad, conciliación, asistencia personal y respiro familiar para que la inclusión de sus hijos e hijas no dependa de la renuncia laboral, económica y personal de las madres.
Mari Carmen La Osa Exojo denunció las barreras que persisten en el sistema educativo y advirtió de que muchas madres siguen supliendo la falta de recursos en los centros. Reclamó a las administraciones que actúen con decisión y afirmó: “Ya vale de poquito a poquito”, al exigir apoyos efectivos para el alumnado con discapacidad y sus familias.
Por su parte, Marta Iglesias Vela subrayó el impacto que la falta de apoyos tiene en la vida familiar, especialmente en las madres, que continúan asumiendo mayoritariamente los cuidados. Defendió la necesidad de recursos personalizados, incluida la asistencia personal, para que niñas, niños y jóvenes con discapacidad puedan desarrollar sus proyectos de vida con autonomía y participar en la comunidad en igualdad de condiciones.
Premio Generosidad 2025: infancia, discapacidad y resiliencia
La jornada incluyó la entrega del Premio de Investigación Generosidad 2025 a Carola López Moya, psicóloga e investigadora social, por su trabajo Infancia y discapacidad. Duelo, lucha y resiliencia de las familias.
La investigación aborda el impacto emocional, social y familiar de la discapacidad en la infancia, así como los procesos de duelo, lucha cotidiana, barreras institucionales y resiliencia que atraviesan muchas familias. En su intervención, Carola López Moya defendió la necesidad de dejar constancia escrita de estas realidades y afirmó que su trabajo busca servir “para que nadie pueda decir que esto no está pasando”.
El reconocimiento puso en valor una investigación alineada con las demandas expresadas por las madres cuidadoras durante la Conferencia: visibilizar lo que ocurre en los hogares, en los centros educativos, en los hospitales y en la relación diaria con las administraciones, y convertir esa evidencia en políticas públicas capaces de garantizar derechos.
Cuidados y apoyos desde un enfoque de derechos
La Conferencia también abordó los retos actuales de las políticas públicas de cuidados y apoyos desde una perspectiva interseccional. Natalia Guala, experta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y directora técnica de Relaciones Internacionales de la ONCE, defendió que las políticas públicas no pueden hablar solo de cuidados, sino también de apoyos. Natalia Guala subrayó que las personas con discapacidad deben ser reconocidas como sujetas de derechos, con derecho a cuidar, a recibir cuidados y apoyos, y al autocuidado. En este marco, advirtió de que “una agenda de cuidados que no incorpore los apoyos” puede quedarse corta desde el punto de vista de los derechos humanos y reforzar una visión asistencial de la discapacidad.
Por su parte, Yamila González Ferrer, experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, planteó la necesidad de transformar las políticas de cuidados desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género, inclusión y autonomía personal. En su intervención, señaló que las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, siguen siendo las principales proveedoras de cuidados no remunerados, con impacto en su autonomía económica, su salud, su educación, su empleo y su participación social. Por ello, reclamó avanzar en políticas que permitan “reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar” el trabajo de cuidados.
Además, Ignacio Campoy, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y candidato de España al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, abordó los cuidados desde la perspectiva de la infancia y el derecho de niños y niñas a crecer en entornos familiares y comunitarios. Defendió que la desinstitucionalización debe ir acompañada de apoyos reales a las familias, recursos suficientes, atención temprana, vivienda, protección social y alternativas basadas en la comunidad. En este sentido, advirtió de que la falta de apoyos puede derivar en separaciones familiares o acogimientos residenciales innecesarios, especialmente cuando se trata de niños y niñas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo.
En la clausura, en la que intervinieron Mercedes Ramón Peña, vicepresidenta de FIAPAS y patrona de Fundación CERMI Mujeres, y Pilar Villarino Villarino, directora ejecutiva del CERMI Estatal y patrona secretaria de Fundación CERMI Mujeres, la entidad insistió en que los cuidados y apoyos deben ser una responsabilidad pública y compartida, con recursos suficientes para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad y los derechos de quienes cuidan.