Esta nueva regulación, además, incluirá medidas concretas de protección para mujeres con discapacidad intelectual, ya que se han detectado numerosos casos en los que estas mujeres se han visto involucradas en casos de alquiler destinados a la procreación sin que ellas ni siquiera hayan dado consentimiento para ello.
En la misma línea, las autoridades mexicanas han solicitado que la normativa futura incluya además garantías que eliminen las prácticas discriminatorias e ilegales detectadas entre el personal sanitario de los servicios de salud que niegan a las mujeres con discapacidad el acceso a los métodos anticonceptivos que están a disposición de la población de manera gratuita de manera general y a la información sobre salud sexual y reproductiva.
Para ello se pondrán en marcha ciclos de concienciación y formación destinados a estos profesionales y se pondrán en marcha consultas de planificación familiar que contarán con un diseño plenamente accesible así como con personal especializado formado en la atención a mujeres con discapacidad.
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