“Por una sanidad con enfoque de género discapacidad y trauma”

1. Falta de detección precoz de violencia de género

En atención primaria y salud mental, la detección del maltrato sigue siendo deficiente, especialmente en mujeres con discapacidad y cuidadoras:

• Consultas de pocos minutos donde no se explora el contexto familiar.
• Invisibilización de señales de alerta (lesiones, ansiedad, retraimiento).
• Profesionales que atribuyen síntomas al diagnóstico de base:
• “Es por tu discapacidad”
• “Es estrés del cuidado”
• “Es tu trastorno”

Esta confusión clínica provoca que la violencia no sea reconocida, incluso cuando la mujer verbaliza señales de sufrimiento o miedo.

2. Diagnósticos erróneos y psiquiatrización del trauma

La falta de formación en trauma complejo y violencia de género provoca diagnósticos incorrectos:

· Se diagnostica depresión, trastorno bipolar o “inestabilidad emocional” sin explorar el entorno violento.

· Se indica medicación como única respuesta, sin acompañamiento psicoterapéutico accesible.

· Algunas mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial son infantilizadas y desacreditadas cuando relatan agresiones.

Estas prácticas refuerzan el control del agresor y erosionan la credibilidad de la víctima ante sistemas judiciales o de servicios sociales.

3. Accesibilidad sanitaria insuficiente

El sistema sanitario presenta barreras graves:

• Centros sin accesibilidad física plena.
• Falta de intérpretes de lengua de signos.
• Formularios, consentimientos y protocolos no adaptados cognitivamente.
• Ausencia de profesionales que sepan trabajar con discapacidad múltiple (TEA + sordera, discapacidad física + psicosocial, etc.).

Cuando la mujer no puede acceder a una cita, no puede expresarse o no puede comprender un procedimiento, el sistema se convierte en un factor de riesgo añadido.

4. Atención de salud mental insuficiente y no especializada.

La falta de psicólogas especializadas en trauma y violencia de género tiene efectos gravísimos:

• Terapias generalistas que no contemplan violencia, género ni discapacidad.
• Derivaciones tardías o inexistentes.
• Abandono terapéutico cuando la mujer falta a citas por barreras de movilidad o por crisis de su hija/o con discapacidad.
• Hospitalizaciones psiquiátricas usadas como “respuesta rápida” ante desbordamientos emocionales provocados por la violencia.

Para muchas mujeres, acudir al sistema sanitario supone revivir el silencio y la desautorización.

5. Uso de informes sanitarios en su contra

El deficiente funcionamiento del sistema sanitario alimenta prácticas institucionales peligrosas:

• Informes médicos que describen a la mujer como “inestable”, “angustiada” o “sobrecargada”, sin contextualizar la violencia.
• Uso de estos informes por agresores o por juzgados para cuestionar su capacidad parental.
• Omisión sistemática de las señales de maltrato en los historiales clínicos, lo que dificulta demostrar violencia a posteriori.

Los agresores suelen manipular las crisis de salud mental de las mujeres y las necesidades del hijo con discapacidad para sostener narrativas de incompetencia.

6. Sobrecarga del sistema y falta de apoyos a la crianza

Las madres de hijas/os con discapacidad dependen del sistema sanitario para:

• Diagnósticos.
• Tratamientos.
• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Valoraciones de dependencia y discapacidad.

Sin embargo:

• Las listas de espera son de meses o años.
• La falta de recursos obliga a las madres a hacer de terapeutas profesionales sin descanso.
• La ausencia de apoyos comunitarios favorece la dependencia económica del agresor
• La precariedad del sistema sanitario refuerza la desigualdad estructural que las deja atrapadas en situaciones violentas.

7. Falta de protocolos efectivos en urgencias

En servicios de urgencias:

• No se suele activar el protocolo de violencia si la mujer tiene discapacidad intelectual, TEA o crisis emocional.
• El personal sanitario interpreta los síntomas como desregulación, no como posible agresión.
• No se entrevista a la mujer sola, especialmente si el agresor actúa como “cuidador”.

Esto supone una falla grave de protección.

8. Ausencia de perspectiva de cuidados complejos

Las madres de menores con discapacidad requieren apoyo interinstitucional, pero el sistema sanitario:

• No coordina con educación, dependencia o bienestar social.
• No detecta señales de sobrecarga extrema.
• No ofrece herramientas de respiro o intervención temprana.

Esta falta de mirada integral alimenta el círculo de vulnerabilidad donde la violencia florece.

Conclusión: un sistema sanitario deficiente también es un factor de violencia

Cuando el sistema sanitario no detecta, no protege, no escucha y no se adapta, se convierte en otro agente generador de daño, no por intención, sino por omisión estructural. Para las mujeres con discapacidad y las madres de hijas/os con discapacidad, esta falla institucional puede ser la diferencia entre sobrevivir o seguir atrapadas.

Una reforma sanitaria con enfoque de género, discapacidad y trauma no es opcional: es un requisito ético, clínico y de derechos humanos”