Así lo ha puesto de manifiesto durante la celebración de la V Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizada por la Fundación CERMI Mujeres y que, bajo el título ‘Las mujeres mayores con discapacidad, una gran cuestión pendiente’, se ha celebrado en formato virtual.
En esta primera parte se ha abordado la autodeterminación y el empoderamiento de las mujeres mayores con discapacidad. Durante la misma, Mahler ha impartido una ponencia marco en la que ha prestado especial atención a la intersección entre el envejecimiento, la discapacidad y el género.
Así, ha recalcado que “las mujeres con discapacidad son considerablemente más pobres y tienen más probabilidades de ser institucionalizadas o "incapacitadas" debido a su mayor esperanza de vida y que, además, son extremadamente vulnerables al aislamiento social, la exclusión y el abuso”. Por ello, ha abogado por “evolucionar en las normas y las consultas teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género y discapacidad para avanzar en derechos”.
También se ha referido al impacto provocado por la pandemia en las mujeres con discapacidad, a las que se les denegó atención sanitaria, cuidados y apoyos. “Las personas de edad han sido etiquetadas como vulnerables y las ha debilitado”, ha explicado.
Por ello, ha recordado que para 2050 se espera que una de cada seis personas sea mayor de 65 años. “Aproximadamente la mitad tendrá una discapacidad, lo que la convierte en la comunidad más grande de personas con discapacidad y una de las más estigmatizadas y desatendidas”, ha asegurado.
En este sentido, ha recalcado la necesidad de trabajar en los derechos de las mujeres mayores con discapacidad porque los factores interseccionales aumentan el riesgo de desigualdades y discriminación en edades avanzadas y de acabar en una institución debido a la falta de apoyos.
También ha hecho alusión a la sobrerrepresentación de las mujeres con discapacidad como cuidadoras y receptoras de cuidados. “Las mujeres de edad no son consultadas, la voz de ellas se transmite de manera ascendente a través de la sociedad civil y se espera que las mujeres mayores con discapacidad sigan en su papel de cuidadoras sin tener en cuenta su bienestar, su autonomía y economía”.
Tras esta ponencia, se ha celebrado una mesa redonda que ha contado con la participación de la presidenta de Help Age España, Isabel Martínez; la profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca y diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Moro y la vicepresidenta de la Plataforma de Mayores y Pensionistas y miembro de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI Estatal, Manoli Carrión.
La presidenta de Help Age España, Isabel Martínez, ha asegurado que “la invisibilidad de las mujeres aumenta con la edad” y ha aludido a la llamada ‘violencia acumulada’, que es aquella sufrida a lo largo de la vida y que “condiciona a las mujeres mayores y con discapacidad a una peor salud física y psíquica en la última etapa de su vida”.
En este mismo sentido, también ha hecho referencia a cómo afecta el envejecimiento en nuestros cuerpos y ha señalado la necesidad de estar preparados para que los cambios físicos no afecten a la propia identidad de la persona. Así, ha abogado por poner en valor la “mayor resiliencia” de las mujeres mayores con discapacidad para afrontar nuevas formas de vivir el envejecimiento, y ha recordado que la posibilidad de vivir la vejez de forma positiva depende en gran medida de los recursos económicos, el entorno y la actitud, entre otros factores.
NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE CAPACIDAD JURÍDICA
Por su parte, la profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca y diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Moro se ha referido a reforma de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Tal y como ha explicado, esta normativa ha supuesto un cambio en referencia a la capacidad jurídica de las personas, “que no se puede limitar” por motivo de edad o discapacidad.
“Toda persona puede tener una discapacidad y esta no puede ser obstáculo para su autonomía y autodeterminación, para que sea dueña de sus decisiones hasta que sea posible”, de manera que la capacidad de sustituir jurídicamente a otro para tomar las decisiones sea “extraordinaria”, ha explicado Moro, que ha recordado que esta ley “permite determinar nuestros apoyos voluntarios” y “garantiza que todas las personas podamos decidir hasta el último momento y de la mejor manera posible cómo queremos desarrollar nuestra vida”.
En este sentido, ha señalado la necesidad de que esta normativa “no se quede en papel mojado”, ya que proporciona los instrumentos, “pero somos toda la sociedad la que tenemos que asumirla, respetarla y ejercerla de la mejor manera posible”.
Finalmente, la vicepresidenta de la Plataforma de Mayores y Pensionistas y miembro de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI Estatal, Manoli Carrión, ha cerrado la mesa redonda con un alegato a favor del empoderamiento de las personas mayores, para que puedan tomar sus decisiones, y de la concienciación de las personas cuidadoras, para que las respeten.
Y es que, tal y como ha indicado, existe discriminación por edad en muchos ámbitos de la vida, como el de la salud, el de la autonomía personal o el de la accesibilidad. En relación con la salud, ha hecho hincapié en la necesidad de que las personas mayores reciban las atenciones, los recursos y el disfrute de bienes y servicios “en condiciones de igualdad”.
Por otra parte, en cuanto a la autonomía, ha explicado el impacto que tiene en la vida de las personas mayores el hecho de que terceras personas tomen las decisiones y, por último, ha calificado la accesibilidad como “condición necesaria y básica para ejercer cualquier derecho”.
