Trata, maltrato y violencia contra las mujeres con discapacidad

Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, explicó que “desde que se funda la FCM uno de los ejes fundamentales de análisis ha sido la violencia contra las mujeres y una de las formas más agravadas de violencia es la trata con fines de explotación sexual”. Siendo un tema muy concreto, matizó que “la preocupación surge muy desde el inicio y avisamos al ministerio para que hiciera un diagnóstico de situación, porque sabíamos que había algo detrás que es grave, solo veíamos la punta del iceberg y era necesario que las políticas públicas lo abordasen”. 

Aclaró que los instrumentos internacionales no hablan de mujeres con discapacidad salvo un par de excepciones, como es la Recomendación General nº 38 d el Comité CEDAW de Naciones Unidas, pero saben que “en el informe global sobre la trata de personas, de 2020, se dice que hay una serie de factores que se dan en las víctimas y son aprovechados por los traficantes y entre esos factores se da en primer lugar la necesidad económica, luego el estatus migratorio de la víctima, pero también hace alusión a trastornos mentales, trastornos de comportamiento y neurológicos, y hace también referencia a las discapacidad física”. 

Para dar visibilidad a esta situación, la FCM está inmersa en un estudio en España sobre esta cuestión, un diagnóstico inicial muy preliminar que están desarrollando conjuntamente con el CERMI y con el Observatorio Estatal sobre Discapacidad y, “en cuanto tengamos el diagnóstico elaborado, FCM lo va a convertir en demandas, porque somos una organización de derechos humanos que hacemos incidencia política y esto va a ser una hoja de ruta para reunirnos con parlamentarios y políticos y plantear nuestras reivindicaciones”. Todo este trabajo, señaló Caballero, también servirá para que la futura ley de trata tome en cuenta esta visión hacia las mujeres con discapacidad. 

Casi todas las mujeres de este conversatorio, que modera José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia, expusieron una preocupación similar, y es que “muchas de las mujeres no se perciben como víctimas y esto las lleva a un no reconocimiento social”, en palabras de Beatriz Sagrado, consultora sobre trata y explotación sexual de FCM. En su participación en el estudio que lleva a cabo la FCM constató que “desgraciadamente no tenemos datos armonizados ni en España ni en la UE ni a nivel internacional y no se recoge específicamente el impacto de la situación de explotación social en mujeres y niñas con discapacidad y esto dificulta los caminos a seguir”.

Comentó también el escaso tratamiento de este tema en los instrumentos internacionales y denuncia “la invisibilidad, el silencio que rodea esa invisibilidad y la normalización que existe en el tema de la violencia, de las diferentes violencias (sexual, política, que tiene que ver con la institucional, social, que está incluida en la económica…)”; todos ellos obstáculos que hacen que aumenten las vulnerabilidades. 

Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) explicó que según la experiencia de los equipos que trabajan en la atención directa de estas mujeres las principales discapacidades que se encuentran son “la discapacidad intelectual, cognitiva, relacional y física”. Denunció, a su vez, la carencia de “recursos especializados que trabaje la discapacidad” y la necesidad de establecer un protocolo para “tener un claro camino de cómo observar y atender a estas mujeres y niñas porque si no el que gana es el que se está lucrando de todas estas mujeres, que son mafias proxenetas y cómplices de la esclavitud y la trata”. 

Una futura ley sobre la trata, según Miriam Benterrak, debería ser integral, “con un reparto de responsabilidades, la ley nos puede permitir poner sobre la mesa que no se trabaje en compartimentos estancos y que la responsabilidad no corresponde a un solo ministerio, en este caso Igualdad, que se garantice la comunicación y la coordinación y empezar a comprender que no tenemos que especializarnos, ni los organismos de discapacidad en trata ni al revés, sino trabajar con bidireccionalidad“.

Insistió también esta experta en la necesidad de “trabajar en la persecución del delito, en el enjuiciamiento y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pero eso es gestionar el fracaso y desde mi punto de vista hay un elemento que es importantísimo, que es la prevención para acabar con ese negocio, con esa demanda que hace que haya mujeres que estén siendo explotadas y se aprovechan de sus circunstancias de vulnerabilidad; dentro de esa prevención, tiene que haber un abordaje de los datos, estudios que aborden los distintos elementos, que los conocemos, a todos nos ha llegado (de fiscalía, policía, guardia civil…), y los casos más complicados que hemos tenido tenían que ver con personas menores de edad y con personas con discapacidad”. 

Además, añadió Benterrak, es necesario un amplio abanico de recursos para asistencia especializada (en materia de discapacidad, inmigración, jurídica…), “la trata necesita una grandísima variedad de recursos, lo vemos en la violencia de género y nos dimos cuenta en el confinamiento con el aumento de casos en un 500% del 016 on line, que eran un montón de mujeres que no podían acudir a los muchísimos recursos autonómicos, locales…”

Así lo entiendió también Rocío Mora: “Abogamos por una ley integral que trabaje la prevención, la protección de las víctimas, el encausamiento penal de todos los autores y colaboradores, la reparación del daño y el trabajo en las distintas realidades… quien está utilizando a las mujeres y señalizando la vulnerabilidad para sacar el máximo aprovechamiento de las mismas son mafias proxenetas y demandantes de sexo de pago”. Pero también “hay que prevenir a jóvenes y hacer protocolos específicos para trabajar de manera conjunta y dar respuestas a estas mujeres, que afecta de manera muy clara a mujeres muy jóvenes, muchas niñas, que terminan a menudo con problemas graves de salud mental”.

Beatriz Agrado señaló, a su vez, la importancia de “la formación en todas las instituciones y estamentos que van a tener relación directa en este tema, hablamos de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, todo lo que tiene que ver con salud mental, informes periciales, psicológicos y psiquiátricos… que tengan en cuenta el perfil psicológico de las víctimas, porque vienen con una discapacidad que se ve incrementada por esa situación de explotación”. Como dato aterrador, hizo hincapié en el hecho de que “la trata y explotación sexual de mujeres con discapacidad existe porque hay una demanda, y hay una demanda específica de mujeres con discapacidad, no hay datos oficiales pero quienes trabajan a pie de calle lo están viendo, hay demanda si hay una discapacidad intelectual, por ejemplo”.

Demandó una serie de medidas para luchar contra esta realidad, como son la recogida de datos desglosados por discapacidad; la eliminación de todo tipo de barreras y la creación de conciencia en los gobiernos, que deben comprometerse antes esta situación, “al igual que deben hacerlo otro tipo grupos o partes interesadas, como las organizaciones feministas”.