Ana Lima: «Seguimos demasiado lejos de un Estado auténticamente social, pese a lo que proclama la Constitución»

"Sin políticas sociales sólidas no hay democracia real"

La Constitución define a España como un Estado social, democrático y de Derecho, pero el primer calificativo es social. ¿Por qué 47 años después de la promulgación de la Constitución estamos tan lejos de un Estado auténticamente social?

Creo que es un proceso en construcción que debe mirar adelante y no retroceder ni un paso atrás en los derechos sociales conseguidos, el ámbito de lo social en general da lugar a ambigüedad y requiere de ir desarrollando su contenido de manera más expresa, si hablamos de políticas sociales es importante identificar los pilares de protección social en el marco del Estado de Bienestar y definirlos en la normativa y su desarrollo reglamentario para que puedan ser efectivos y también evaluables.

Algunos de los pilares de protección social han conseguido unos niveles de universalidad altos como son el sanitario, el educativo, la garantía de rentas y pensiones, quedando el sistema de servicios sociales a la cola de todos ellos por la escasa universalidad que ha conseguido desde la década de los 80 del siglo XX que se empezó a implantar después de la caridad, la beneficencia y el asistencialismo como formas de acción social en España, generándose además unas sustanciales diferencias territoriales, es decir que tu derecho al acceso y garantía de las prestaciones sociales dependa de tu código postal.

El año pasado, gracias al empuje del movimiento social de la discapacidad, se llevó a cabo la primera reforma social de la Constitución, se modificó el artículo 49, relativo a las personas con discapacidad. ¿Cree que en algún momento debe venir otra reforma de la Constitución, de gran calado, la que establezca como fundamentales los derechos sociales?

Es muy importante, desde el colectivo profesional del trabajo social llevamos más de cuatro décadas reivindicándolo, es importante el reconocimiento de los derechos sociales como derechos fundamentales, y de una manera especifica y determinante hay que reconocer el derecho a los servicios sociales como derecho fundamental en la Constitución Española. De hecho, fue a consecuencia de una propuesta de la organización profesional del trabajo social española representada por Patrocinio Las Heras por la que se erradicó el término de beneficencia en la actual constitución española, que no solo era una palabra, era un concepto que definía un modelo subsidiario y arbitrario que carecía de reconocimiento de derechos desde un sistema de servicios sociales.

Hago la distinción entre derecho sociales y servicios sociales ya que es muy importante identificar claramente el sistema para poder garantizarlo y desarrollarlo, vemos que a lo largo de los años la ambigüedad permite la indefinición, la falta de desarrollo especifico y el incumplimiento de la garantía de los derechos. Apuesto por que tanto en la Constitución como en las estructuras políticas y administrativas figure el término de servicios sociales ya que esto es lo que garantiza su definición y desarrollo especifico, evitando la arbitrariedad y las diferencias territoriales que se traducen en injusticia social para la ciudadanía.

Usted, antes que responsable política, es una trabajadora social, que se ha forjado en la intervención directa, en la atención y en la gestión de las necesidades sociales más acuciantes. ¿En qué medida conocer lo social desde el terreno le ha ayudado a conformar una agenda política social realmente transformadora?

Creo que le debo muchísimo a la formación y al ejercicio de la profesión del trabajo social ha sido crucial para mi visión del mundo, comencé con 21 años en los servicios sociales municipales, en plena implantación del sistema de servicios sociales en España, creo que nuestra profesión ha contribuido de una manera crucial a su construcción y ha formado parte también de su identidad, ya que trabajos de manera mayoritaria en este sistema, siendo la profesión de referencia de la atención social primaria en España. 

Desde esa faceta de mi profesión tuve una visión privilegiada de la realidad social, de las dificultades y necesidades sociales, así como de cómo eran las respuestas desde las políticas publicas en esas cuestiones, y en algunas ocasiones de idear e implantar esas respuestas desde la practica profesional.  Es una experiencia que tengo presente y que ha acompañado mi vida académica y política en cada una de mis actuaciones.

Mi profesión tiene un carácter muy marcado por la experiencia profesional, del contacto directo con las personas, con la realidad, es por ello por lo que detecta las tendencias sociales precozmente, pero además debe intentar dar una respuesta, de ahí la frustración y el queme profesional, pero también la satisfacción y la continua reivindicación con propuestas para contribuir a la solución. Es decir, no solo se queda en la investigación o el análisis, se puede vislumbrar cómo solucionarlo y sobre todo cómo solucionarlo teniendo en cuenta los efectos indeseados y la aplicación práctica de esas acciones.

Creo que es muy importante que los gobiernos cuenten en sus equipos con trabajadores y trabajadoras sociales con experiencia práctica para poder aportar esa visión transformadora y operativa en las medidas sociales de las políticas públicas.

¿Por qué lo social sigue siendo una cuestión secundaria en la política? ¿Qué hacer para que de verdad tengan en la atención política una posición preferente?

La cohesión social es una de las cuestiones esenciales para nuestra democracia y esto se ha puesto de manifiesto en todas las grandes crisis que se han vivido, son muchas las cuestiones que tienen incidencia, los derechos sociales se configuran como una de las conquistas más recientes de la humanidad, por lo que desde una perspectiva estratégica estamos en un proceso reciente que hay que seguir potenciando y consolidando, sin permitir retrocesos en ninguno de sus ámbitos.

Es importante tener en cuenta a todos los actores y sobre todo entender que los estados no pueden desentenderse de la obligación de hacer cumplir con los derechos sociales, aunque como digo contando con todos los actores que forma parte públicos, privados, la familia, la ciudadanía y la sociedad civil organizada.

"La sociedad civil organizada juega un gran papel para hacer valer las cuestiones sociales en la política a través de la democracia participativa y al margen del clientelismo. Incluyo en estas cuestiones a las organizaciones profesionales y sociedades científicas que pueden aportar su contribución como expertos en cada materia"

Por ello, apuesto por que las estrategias de acción de planificación y acción social son cruciales para poner en la agenda pública y política las cuestiones sociales, el empoderamiento de colectivos para la participación democrática y la toma de decisiones es crucial, se trata de participación democrática para resolver problemas sociales y para transformar las estructuras que generan esos problemas, es decir no poner paches o solo actuar cuando las dificultades se evidencian sino ir a las causas de esos problemas y poner medidas para prevenirlos.

Hacer sensibilización sobre la importancia de las cuestiones sociales es una responsabilidad de todos los actores implicados, también los políticos, hay que superar la tendencia al paternalismo, la beneficencia y el asistencialismo en lo social, es muy importante que pensemos en los derechos y dignidad e ir más allá de pensar que solo el empleo garantiza la inclusión social, el planteamiento de la Renta básica universal sigue siendo un reto para las políticas públicas que debe ser abordado, también la garantía de la vivienda contribuiría al mayor éxito del ámbito social como un efecto secundario en el sistema de servicios sociales.

"La autonomía personal/dependencia nunca llegó a ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar que se prometió"

Se repite hasta la saciedad que las corporaciones locales son la administración más cercana a la ciudadanía; si esto es así, y lo es, ¿por qué los Ayuntamientos, las Diputaciones, los Cabildos no tienen todas o casi todas las atribuciones y competencias en materia de derechos sociales?

Esta cuestión está perfectamente recogida en la normativa al respecto, las competencias en servicios sociales mayoritariamente son de las comunidades autónomas, algunas de las atribuciones son municipales como es la atención social primaria, el trabajo comunitario, etc. Lo cierto es que existen procedimientos para dar más competencias a las corporaciones locales a través de fórmulas de coordinación y de delegación de competencias que podrían efectuarse como forma de favorecer la proximidad en la atención y la inclusión social de las personas en su contexto, siempre acompañadas de la financiación correspondiente.

Usted, como actual concejala socialista del Ayuntamiento de Madrid, es el rostro social de la oposición municipal al Partido Popular gobernante en la capital. ¿Es Madrid una ciudad en la que lo social sea lo prioritario? ¿Qué déficits sociales presenta Madrid?

Mi opinión es que no, a pesar de la importancia de lo social eso no tiene un reflejo en los presupuestos y como en otras áreas de la ciudad los recursos son escasos, nunca bastan para dar cobertura a las necesidades de la ciudadanía madrileña, la prevención y el trabajo grupal y comunitario se ve mermado por la presión asistencial de los casos y la burocracia y el control social merman el papel del acompañamiento social y el ámbito comunitario.

Además, el modelo de gestión de los servicios sociales donde destaca la gestión indirecta de servicios regidos por la ley de contratación tiene una incidencia muy negativa en la calidad de los servicios y supone tener trabajadores con unas condiciones precarias.

Se dice que Madrid es una ciudad que está en su mejor momento, pero lo cierto es que existe una diagonal de la desigualdad, existen distritos donde un cuarto de la población se encuentra en situación de pobreza, personas en situación de vulnerabilidad carecen de los apoyos suficientes para vivir con dignidad, las familias tienen dificultades para conciliar, los servicios para ello están colapsados mientras que se aprueba un plan de natalidad, muchísimos niños y niñas se quedan sin plaza en las escuelas infantiles y el proceso para acceder a las becas de comedor deja en la estacada a miles de familias, precisamente a las más vulnerables que no tienen apoyos ni para la engorrosa gestión que supone la solicitud.  Los equipos de atención a la familia, como el resto, se quedan escasos de personal para garantizar una atención y con ello, la prevención resulta muy difícil.

En cuanto a los déficits, tienen un reflejo en la última encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid del segundo semestre de 2024, se incrementa la preocupación por la escasez de servicios sociales, referenciando concretamente los centros y ayudas, seguida por la tasa de pobreza, la mendicidad, también se hace referencia a la preocupación de cómo encajar el aumento de la llegada de inmigración a la ciudad. Mientras que la satisfacción con los servicios sociales municipales sigue con la tendencia al descenso medio desde 2017, existen diferencias entre los distritos dándose la mayor diferencia en negativo en el distrito de Puente de Vallecas, donde la sensación de abandono y discriminación en comparación con otros distritos es palpable en gran parte de sus vecinas y vecinos.

También empeora la valoración de Madrid como ciudad amigable, destaca este empeoramiento en relación con las personas mayores y las personas con discapacidad, que, además, consideran Madrid como una ciudad menos amigable, con los distintos criterios de proximidad que se pueden abordar desde esa consideración. Además, la accesibilidad sigue siendo un asunto pendiente en la ciudad, incluso para el acceso a servicios municipales, un ejemplo es que en septiembre de 2024 se puso en marcha programa de “mejora de accesos de centros de mayores y de día” pero no de rutas ni recorridos con destino a los centros de mayores ni sus entornos.

Los tiempos de espera en la atención en servicios sociales es uno de los grandes escollos, llegando a ser en algunos distritos de hasta 3 meses, en este caso también se dan diferencias entre éstos. Sin embargo, podemos ver como en la liquidación del presupuesto de 2024 baja la ejecución en gastos de personal debido a las vacantes en los servicios y la falta de compromiso en la contratación de personal para cubrir bajas de todo tipo.

Algunos de estos déficits tienen que ver con los retrasos y la incorrecta implementación del Plan Estratégico del nuevo Sistema Público de Servicios Sociales que sigue generando falta de personal estos, listas de espera, burocracia y desigualdad territorial en la atención social, provocado en alguna medida por la falta de planificación equitativa en la distribución de servicios.

Puedo poner de ejemplo de algunos errores en la gestión, como el que ha ocurrido con las 61 personas mayores que vivían en el edificio de los Apartamentos municipales para mayores “San Francisco”, a la hora de plantear la reforma por obras, desde mi punto de vista la gestión de esa situación ha resultado fallida por no haber tenido en consideración a las personas usuarias, se les ofreció a todos plazas residenciales y, para la gran mayoría no era el recurso idóneo ya que tienen autonomía, por eso estaban viviendo en apartamentos y no en una residencia, se les dijo que iba a ser temporal, por un año y no se les ofrecieron otras opciones alternativas, a pesar de ser demandadas hasta en concentraciones y protestas. El resultado de toda esa gestión es que 4 personas se han negado a irse y no se han podido empezar las obras después de más de un año. Mientras tanto el resto fueron llevados a residencias de mayores y para muchos de ellos no era el recuso idóneo no deseado por ellos, mientras se sientes defraudados por no cumplir con los plazos que se establecieron para su vuelta.

Otra cuestión que nos preocupa mucho y hemos denunciado son las demoras a la hora de facilitar el acceso a los recursos de las personas sin hogar debido a su saturación y la incapacidad para atender todas las demandas en contingencias como el frio, el calor, o la situación que se produjo en le aeropuerto de Barajas.

Consideramos que la gestión de las subvenciones no ha tenido la suficiente trasparencia en cuanto a la modificación de criterios y supresión de ayudas en algunos proyectos que atienden a colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.

Podría seguir mencionando déficit, pero creo que estos pueden ser buena muestra de la situación.

"El trabajo social es esencial para transformar la política, porque pone a las personas en el centro"

En 2026 se cumplen veinte años de la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que sus destinatarios preferentes, personas mayores y con discapacidad con necesidades de apoyo, perciben como fallida, en gran medida. ¿Por qué el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no es el cuarto pilar del Estado del Bienestar que se nos prometió?

Sigo pensando que la Ley de la Dependencia aportó tres cuestiones muy sustanciales para los servicios sociales y con ello a los derechos sociales reconocidos en el sistema, una de ellas es que es una Ley Estatal dentro del marco de los servicios sociales por lo que marca un mínimo común en todos los territorios y la segunda es que reconoce por primera vez de manera expresa un derecho subjetivo universal en los servicios sociales, incluyendo el catálogo dentro de la propia Ley y consolidando un modelo de regulación y financiación publica.  La dependencia no es el IV Pilar de Bienestar Social, el IV Pilar es el sistema de Servicios Sociales y la dependencia forma parte de este, por tanto, se convierte en una parte importante del mismo, no obstante, el IV Pilar es mucho más que la dependencia.

Desde su comienzo era una Ley con mucha complejidad para ser aplicada, ya que casi todas las prestaciones que contenía el catálogo ya existían en los sistemas de servicios sociales de las comunidades autónomas y figuraban en sus leyes, como por ejemplo la ayuda a domicilio, los centros de día o las residencias, no obstante, no estaban garantizadas como derecho subjetivo y articular todo eso en sistema de servicios sociales español requería muchos ajustes normativos, procedimentales y de refuerzo de centros y servicios.

La ley que empezó a tener problemas de articulación de todo eso nada más aprobarse, recuerdo las reuniones del Consejo territorial con los representantes de las comunidades autónomas y las resistencias, incluso políticas para su aplicación en cada territorio, por ello, se dieron grandes diferencias desde el inicio en 2007. También es una ley que nació pensada para las personas mayores en situación de dependencia y en su proceso de consulta se incluyó a las personas con discapacidad en situación de dependencia, lo que provocó que no estuviese bien adaptada a todos los tipos de discapacidad, requiriendo algunas adaptaciones y otras que siguen siendo deficitarias.

Cuando hubo un camio de gobierno en plena crisis financiera en 2011 se cuestionaba la sostenibilidad del sistema de dependencia recién creado y, con la excusa de la crisis y la austeridad lo primero que hizo fue modificar algunas de las cuestiones clave para su desarrollo como modificar el calendario previsto para su aplicación retrasándolo, ampliar los plazos para la resolución de su procedimiento, rebajar la financiación, eliminar la complementariedad de algunas prestaciones etc.,  un buen varapalo para una ley recién nacido, que poco a poco se ha ido recuperando. De hecho, cuando llegué a la secretaría de Estado de servicios sociales se recuperaron las cotizaciones a la seguridad social en 2019 de las personas cuidadoras en el ámbito familiar que se habían también eliminado, fue toda una apuesta en un mandato donde no se aprobó el presupuesto para poder dotar de más financiación al sistema.

A pesar de la implantación desde su aprobación donde ya forman parte del sistema casi 2 millones de personas y los intentos de mejora para garantizar su eficacia, la Ley se sigue sin conseguir eliminar la lista de espera de personas ya valoradas que no reciben los servicios y prestaciones de su plan de intervención, esa lista de espera  no baja de las 250 000 personas desde hace años, además se siguen dando  diferencias entre las comunidades autónomas con lo que no se ha conseguido eliminar la desigualdad territorial.

Otra de las cuestiones necesarias para valorar la verdadera envergadura del esfuerzo para la aplicación de la aplicación de la ley es la distinción por prestaciones de las personas que figuran en el sistema, porque no es lo mismo estar de alta en el sistema de dependencia con una teleasistencia que con una plaza de residencia, por lo que es conveniente poder diferenciar en términos objetivos la apuesta de cada comunidad autónoma.

Además, la calidad de las residencias está en cuestionamiento desde la pandemia, poniéndose en tela de juicio hasta la fórmula de gestión de la administración por la falta de control y calidad, así como por la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.

Queda pendiente la aplicación del nuevo modelo de la dependencia en los próximos años que requiere la modificación de la normativa, acuerdos y procedimientos para acortar tiempos de espera, hacer complementarias algunas de las prestaciones, así como el aumento de la financiación y la implantación de nuevas metodologías de la intervención.

La necesidad de refuerzo en la financiación y la adaptación de la Ley a la realidad social actual y a los requerimientos de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, adatar la Ley en mayor medida a las necesidades de las personas con discapacidad supone un reto para garantizar el desarrollo efectivo de la Ley después de 20 años de su aprobación.

Se habla mucho, pero no se traduce en hechos, sobre la necesidad de un nuevo modelo de cuidados, aunque al sector social de la discapacidad nos gusta más decir apoyos. ¿Cuáles deberían ser, a su juicio cualificado, las bases de ese preconizado nuevo modelo?

Estoy de acuerdo en hablar de nuevo modelo de apoyos, creo que aporta más determinación y concreción a la cuestión, no obstante, cuando se habla de ese nuevo modelo de cuidados se engloban varias cuestiones que tienen que ver con una nueva cosmovisión que requiere muchos cambios y que no puede quedar en la mera vuelta al modelo familiarista.

Creo que una de las cuestiones importantes para este planteamiento es lo comunitario, es decir que se prioriza la vida en comunidad, por lo que pone el foco en la atención e inclusión social desde la proximidad. Por ello, hay que hablar del modelo de ciudad que se desea, últimamente se habla mucho de cómo abordar los desafíos sociales desde el modelo de ciudad, así podemos encontrar las ciudades amigables con las personas mayores, con la infancia, las ciudades compasivas, las ciudades cuidadoras, etc., que abordan los criterios para considerar el grado de cumplimiento en la cuestión que se recoge.

Analizar y planificar lo que necesita un municipio, barrio a barrio es sustancial para la configuración de este modelo que pone en el foco desde la atención de los servicios sociales locales junto con otros apoyos necesarios de otros sistemas, este concepto va más allá de lo social y lo sanitario, es muy transversal, tiene que ver con los servicios de proximidad, el urbanismo y la metodología de la intervención necesaria en los profesionales que debe priorizar a la persona en su situación específica y sus necesidades y también sus deseos

Por ello, va a requerir modificación de normativas, desarrollo reglamentario, desarrollo de estrategias y acuerdos y una apuesta por la dotación de los apoyos necesarios desde el ámbito de la comunidad, lo que no significa que vayan a desaparecer las residencias, estas siempre serán necesarias, pero si deben adaptarse a ser unas instituciones que emulen los hogares de las personas, con tamaños más pequeños, imbricadas en las comunidad, con espacios comunes de convivencia y que mantengan en la medida de los posible los lazos relacionales con el entorno, que permitan una mayor personalización de los planes de atención

Los apoyos y servicios domiciliarios deben ser reforzados, y se debe utilizar la innovación en los hogares, así como apostar la accesibilidad universal tanto en las nuevas construcciones como en las reformas necesarias para facilitar la aplicación del modelo.

Este nuevo modelo va a afectar a todos los colectivos que pueden estar institucionalizados, por ello, afectará fundamentalmente a a las personas mayores, las personas con discapacidad, la infancia y la adolescencia y las personas sin hogar.

Usted conoce de primera mano el mundo asociativo de la discapacidad, de hecho, milita en una entidad social de la discapacidad en Madrid. ¿Cómo deben ser las relaciones entre la sociedad civil organizada de la discapacidad y los poderes públicos? ¿Cómo, a pesar de las tensiones, pueden y deben entenderse?

Si, efectivamente, milito en varias organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los servicios sociales y en una de discapacidad también, eso me ayuda a conocer de primera mano la importancia de que sean las personas con discapacidad las que deben participar y decir cuáles son su dificultades y deseos y reclamar formar parte de los todos los espacios donde se toman las decisiones, formando parte de la organización como una socia más, de ello aprendo para poder ejercer en la política con el conocimiento de la realidad cotidiana, esas son las bases de la acción social.

Entiendo que las organizaciones deben tener canales de participación establecidos, que la unión hace la fuerza y admiro particularmente la fuerza que tienen las organizaciones de discapacidad, todo es poco para ir conquistando derechos y hacer que se cumpla la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, si eso supone ser molestos en alguna ocasión, es el precio que se paga para la gestión del conflicto necesario para conseguir avances sociales

Creo que el papel reivindicativo es fundamental para hacer llegar las dificultades y las mejoras necesarias y poder ponerlas en la agenda pública, el trabajo de presión de las organizaciones es encomiable, por otro lado, creo que un punto débil es el clientelismo de las organizaciones que a su vez son prestadoras de servicios de la administración pública.

El trabajo social -Usted fue presidenta del Consejo General de esa profesión- es esencial para unas políticas sociales satisfactorias. ¿Cómo se puede fortalecer a los profesionales del trabajo social?

Cuando trato de trabajo social, siempre parto de uno de mis preceptos profesionales de una de mis frases acuñadas en esa época del Consejo El trabajo social no gestiona la miseria, defiende la dignidad, el trabajo social como profesión requiere un gran compromiso, no obstante, también requiere de una buena formación académica de partida como profesión regulada y titulada. Trabajamos en muchos ámbitos, de servicios sociales, salud, educación, empleo, penitenciarias, justicia, vivienda…y en trabajo especifico con colectivos como la infancia y la adolescencia, las personas mayores, la discapacidad, migraciones, dependencia, minorías culturales, adicciones, etc., siempre recuerdo la frase de la Natividad de la Red cuando dice que el trabajo social tiene las alas tan grandes que no caben en ningún nido. Por otro lado, están las funciones que no solo se circunscribe a la intervención profesional directa, sino que están en la investigación, la planificación, la docencia, la política, etc.

La estructura profesional en España, me llevó también a la presidencia de la región europea y me ayudó a conocer la situación de los trabajadores sociales en el mundo y a participar en la elaboración de la definición global del trabajo social actual que fue aprobada en la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajo Social en 2014 en Melbourne, Australia.

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”.

En mis clases del grado de trabajo social en la Universidad Complutense de Madrid les planteo a mis alumnas y alumnos que, si tienen ideas racistas, homófobas, machistas, apoyan alguna violación de los derechos humanos o discriminación …les invito a que lo dejen y estudien otra cosa, es importante tener los principios de la profesión claros.

Para introducir algunos de las cuestiones estrictamente profesionales puedo decir que para mejorar la acción profesional hay cuestiones concretas que pueden ayudar como sería el reconocimiento del diagnóstico social como reserva de actividad, reconocer a los trabajadores sociales en la administración pública como A1, el reconocimiento del trabajo social como profesión sanitaria, tener en cuenta el papel del trabajo social en el ámbito educativo como coordinador o referente en la protección integral de la infancia y la adolescencia, ganar más presencia en el ámbito de empleo o vivienda, un mayor reconocimiento en el ámbito de la justicia.

Por otro lado, es necesario en general un mayor espacio para la investigación y sistematización de la práctica en los distintos centros de trabajo, mayor supervisión profesional y apoyo para la gestión del desgaste emocional.

Además, es necesario garantizar la aplicación del código deontológico de los profesionales en todos sus aspectos, no solo en la confidencialidad o protección de datos, sino en el abordaje de los dilemas éticos que se producen en la intervención. Es importante, liberarnos de la burocracia y acentuar el papel de acompañamiento social de la profesión, así como la aplicación de la Inteligencia Artificial en los diferentes ámbitos de la intervención y la adaptación a los cambios sociales y la aplicación de la innovación social.

Me gusta recordar esta definición de la profesión porque contiene los preceptos generales de la profesión, que si acompañamos de nuestro código deontológico nos ayudará a entender cómo cualquier profesional del trabajo social se debe desenvolver en cualquiera de sus facetas, en la profesional, la académica o la política. Es decir, allá donde yo vaya me debo a todo ello y esa una de mis señas de identidad incuestionable.