¿HEMOS AVANZADO EN ESTOS 20 AÑOS EN LA CDPD?... NI UN PASO ATRÁS.
Han pasado casi dos décadas desde la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006), un tratado que prometía un cambio profundo: dejar de vernos como objetos de asistencia y reconocernos, por fin, como sujetos plenos de derechos. Como persona con discapacidad, puedo afirmar que ese cambio ha comenzado, pero aún no se ha completado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un tratado internacional de las Naciones Unidas destinado a promover, proteger y asegurar el ejercicio pleno y en igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad.
Su enfoque representó un cambio de paradigma, pues se dejó de ver a la discapacidad como un asunto de caridad o paternalista basado en la cultura cristiana (en su época tuvo un valor importantísimo) y médico rehabilitadora: Por una vez se la reconoció como una cuestión de derechos humanos, con personas que son sujetos activos de derechos, en el que la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal el eje en el que se debe de abordar todos los aspectos de las personas con discapacidad, es una cuestión de derechos no de “privilegios”, en las que la educación, el empleo, la vida independiente, la figura de la asistente personal, etc., es un derecho subjetivo universal. Aunque ha sido muy exitosa como marco normativo y cultural, es menos exitosa en su implementación plena. Han cambiado el lenguaje, las leyes y las expectativas, pero todavía no se ha logrado transformar las condiciones de vida de millones de personas con discapacidad.
La Convención ha supuesto avances innegables, ya que hoy contamos con un mayor reconocimiento legal de la igualdad y la no discriminación, una presencia más visible en el debate público y un lenguaje que empieza a hablar de barreras sociales en lugar de limitaciones individuales. En muchos países se han reformado leyes, se ha avanzado en accesibilidad y reconocer que hay que realizar acciones positivas para equilibrar a grupos más excluidos como es el de las mujeres y los niños y niñas con discapacidad para que accedan a la educación inclusiva entre otras cosas.
Sin embargo, la distancia entre los derechos reconocidos y nuestra vida cotidiana sigue siendo grande. Demasiadas veces la Convención se queda en el papel, porque las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales continúan limitando nuestra participación real en la sociedad. El acceso al empleo sigue siendo una deuda pendiente, y la pobreza afecta de manera desproporcionada a nuestro colectivo.
Uno de los incumplimientos más graves es el derecho a la capacidad jurídica. Muchas personas con discapacidad seguimos viendo cómo otros deciden por nosotros, a través de sistemas de curatela que sustituyen nuestra voluntad, en lugar de ofrecer los apoyos
necesarios para ejercerla. Asimismo, miles de personas continúan viviendo en instituciones, privadas de su derecho a una vida independiente y en comunidad.
Una deuda no resuelta, pese a los avances en la aplicación de la Convención es la violencia silenciada en todas las etapas de la vida, porque el abuso sexual contra personas con discapacidad constituye una grave vulneración de derechos humanos que sigue siendo ampliamente invisibilizada y no se limita a una etapa concreta, sino que se produce en la infancia, la adolescencia y la adultez.
Diversos estudios y organizaciones especializadas alertan de que las personas con discapacidad tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir violencia sexual que la población general. Factores como la dependencia de apoyos, las dificultades de comunicación, la falta de educación sexual accesible y la desigualdad de poder incrementan esta vulnerabilidad.
En la infancia, muchos niños y niñas con discapacidad no cuentan con herramientas para identificar el abuso, ni siquiera con entornos seguros para denunciarlo. En numerosos casos, la violencia ocurre en espacios cercanos —familiares, educativos o institucionales— y permanece oculta durante años.
Durante la adolescencia, la negación social de la sexualidad de las personas con discapacidad y la ausencia de información sobre consentimiento y relaciones sanas favorecen situaciones de abuso, culpa y silencio. La falta de credibilidad otorgada a las víctimas actúa como una barrera adicional. La institucionalización, la dependencia económica o la sustitución en la toma de decisiones aumentan el riesgo y dificultan enormemente la denuncia.
En la adultez, el abuso sexual sigue presente, especialmente entre personas con discapacidad intelectual o psicosocial y en aquellas que viven institucionalizadas. Persisten prácticas graves como la explotación sexual, las agresiones, las esterilizaciones forzadas, que, gracias al impulso de la presidenta de la CEDAW, desde el 2019 ha conseguido la abolición de la esterilización forzosa e impulsado la indemnización y reparación de dicha situación, o las relaciones sin consentimiento real, la mayoría de las veces sin acceso efectivo a la justicia.
Las dificultades para denunciar son estructurales: sistemas judiciales inaccesibles, en la actualidad se creó la figura del facilitador judicial, pero que queda capitalizarlo en toda la estructura judicial, o la falta de ajustes razonables, miedo a perder apoyos esenciales y una cultura que cuestiona sistemáticamente la palabra de las personas con discapacidad. Como resultado, la mayoría de los casos no se denuncian o quedan impunes.
Esta realidad supone un incumplimiento directo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a proteger a las personas con discapacidad frente a toda forma de violencia, abuso y explotación.
La prevención del abuso sexual exige educación sexual inclusiva y accesible, formación especializada para profesionales, mecanismos eficaces de detección temprana y, sobre todo, una escucha activa y respetuosa de las víctimas. Romper el silencio es una responsabilidad colectiva. La vulnerabilidad no reside en las personas con discapacidad, sino en las barreras sociales y en la impunidad que permiten que esta violencia continúe.
Los obstáculos para denunciar para denunciar son múltiples, ya que los abusos suelen quedar ocultos por la incredulidad social (“no es fiable”, “lo habrá imaginado”), el miedo a perder apoyos o cuidados, los sistemas judiciales inaccesibles, y sobre todo por la falta de ajustes razonables en los procesos de denuncia.
Muchas víctimas nunca obtienen justicia, ante las fallas de la sociedad, porque la educación sexual no es accesible e inclusiva, por la poca de formación de maestros y sanitarios, la ausencia de mecanismos de protección y detección temprana, así la falta de escucha real a las personas con discapacidad.
Todo esto supone un incumplimiento directo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente de los derechos a la integridad, la dignidad, la protección contra la violencia y la vida libre de abusos. Por lo tanto, es necesario romper el silencio, ya que hablar de abusos no nos debilita, sino que nos protege.
Prevenir la violencia sexual implica reconocer nuestra sexualidad, garantizar apoyos sin control ni dominación, creer a las víctimas, asegurar una justicia accesible y poner la voz de las personas con discapacidad en el centro. Porque la vulnerabilidad no está en nuestros cuerpos, está en las barreras y en la impunidad.
Desde nuestra experiencia, el mensaje es claro: no pedimos privilegios, exigimos derechos. La Convención no es una declaración de buenas intenciones, sino una obligación jurídica para los Estados que la han ratificado. Su cumplimiento requiere voluntad política, recursos suficientes y, sobre todo, escuchar a quienes vivimos la discapacidad en primera persona, ya que ahora se debe ver a la persona con discapacidad sin etiquetas, porque nuestros derechos no pueden seguir esperando!!.
Da vértigo ver cómo los últimos “lideres internacionales”, pretenden crear una cultura supremacista, excluyente, xenófoba y retrocediendo derechas de los mal llamados estados del bienestar… Aquí tenemos que estar “in vigilando” para que no retrocedamos más, siempre hemos sido un grupo sensible que con sororidad hemos salido adelante