Hace más de un año, cuando comenzamos a ver los efectos de la pandemia, se decía que este virus no discriminaba, porque todos éramos igual de capaces de enfermarnos. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que este virus sí discriminaba, porque los efectos de la crisis que ha provocado los han sufrido con más fuerza los más desprotegidos: las mujeres, las familias con menos recursos, los trabajadores informales, las pequeñas empresas, los migrantes y, por supuesto, las personas con alguna discapacidad. Todos estos grupos no solo han sufrido más la pandemia y sus efectos, sino que también les está costando mucho más recuperarse.
Como agravante, y como hemos dicho siempre, no existen desigualdades aisladas. Uno no vive la pobreza, por un lado, la discriminación por género, por otro, la falta de acceso a internet por un tercero. Las desigualdades, desgraciadamente, se acumulan. Y como la pandemia agravó a todas, su resultado se multiplicó en aquellas personas que viven en la intersección de varias brechas a la vez.
Este fue el caso de las personas con discapacidad – la minoría más amplia en el mundo: más de 1.000 millones de personas a nivel global, con 90 millones en Iberoamérica— quienes a menudo padecen de manera desproporcionada la pobreza, la falta de acceso a infraestructuras (tanto físicas como digitales), o la dificultad (patente en esta pandemia) de seguir medidas de distanciamiento social para cuidarse del contagio; pero especialmente, este fue el caso de las niñas y mujeres que viven con algún grado de discapacidad.
El COVID-19 ha empeorado todos los factores que ya afectaban adversamente a las niñas y mujeres con discapacidad antes de la pandemia. Por ejemplo, en el empleo, donde los datos disponibles señalaban que la tasa de ocupación para las mujeres con discapacidad era inferior no sólo a la tasa de las mujeres y hombres sin discapacidad, sino también de los hombres con discapacidad; en la violencia de género, donde las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad por lo menos dos o tres veces mayor que otras mujeres de experimentar violencia; en los cuidados, un sector muy feminizado que esta crisis ha puesto de relieve, quedando por momentos saturado, implicando incluso el cierre de centros de apoyo a las personas con discapacidad, con importantes consecuencias para su salud física y mental, así como en sus posibilidades de conciliar la vida familiar y profesional.
Ante este panorama desolador, las personas e instituciones que trabajamos con personas con alguna discapacidad, hemos hecho enormes esfuerzos para enfrentar las urgencias que esta crisis ha traído a este colectivo. En Iberoamérica, afortunadamente, contábamos para este fin con un instrumento que se aprobó justo a tiempo en la Cumbre de 2018 de Guatemala, el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este programa, que ha contado con el apoyo invaluable de la ONCE, su Secretaría Técnica, jugó un rol fundamental durante esta pandemia, con contribuciones claras, entre las que destaca la primera declaración intergubernamental en relación con las personas con discapacidad y la crisis COVID-19, publicada en el mes de marzo de 2020, a apenas semanas de los primeros confinamientos. Así como la exhortación, en la Cumbre de Andorra, ante los Jefes de Estado y de Gobierno de la región, de integrar la perspectiva de discapacidad en los programas de vacunación.
Pero aún queda la mayor parte del camino por delante. Los impactos desproporcionados de esta pandemia sobre las mujeres con discapacidad podrían revertir muchos de los logros alcanzados en décadas recientes tanto en materia de igualdad de género como en materia de discapacidad. Las políticas públicas con perspectiva de género y de discapacidad por tanto son claves para superar esta crisis. Sin ellas la salida de la crisis no solo profundizará las desigualdades de género preexistentes, sino que también hará mucho más difícil, injusta e inestable la recuperación económica.
En este sentido es importante y necesario adoptar un enfoque interseccional, que reconozca y responda a las necesidades de las mujeres en toda su diversidad. Se hace particularmente urgente recopilar datos desagregados por género y discapacidad; implicar y promover la participación y el liderazgo de las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones para hacer frente a la crisis; favorecer que puedan acceder a servicios de salud y servicios de atención sexual y reproductiva; asegurar o poner en marcha mecanismos para luchar contra la violencia y abusos, y mejorar las condiciones de las cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas.
El trabajo que estamos haciendo hoy en el ámbito iberoamericano es muy importante, y millones de personas con discapacidad en nuestra región, en especial las mujeres y niñas, cuentan con nosotros, ¡no podemos defraudarlas!
Por Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana y patrona de la Fundación CERMI Mujeres