Salud y mujeres con discapacidad: cuando la desigualdad se multiplica

Imagen de Pilar Villarino, directora ejecutiva CERMI

La salud de las mujeres con discapacidad sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema sanitario. Aunque representan una parte importante de la población, sus necesidades rara vez se sitúan en el centro de las políticas públicas. A las barreras físicas y asistenciales se suman otras menos visibles, pero igual de determinantes: la discriminación por género, los estigmas asociados a la discapacidad y la invisibilidad generalizada de sus experiencias.

El acceso a la atención sanitaria continúa marcado por obstáculos que retrasan diagnósticos, dificultan consultas y limitan tratamientos. Los tiempos de espera para obtener el reconocimiento oficial de la discapacidad pueden prolongarse durante meses o años, condicionando el acceso a ayudas esenciales y generando una cadena de desigualdades que impacta directamente en la salud física y emocional de estas mujeres.

La salud sexual y reproductiva es uno de los ámbitos donde se concentra mayor vulneración de derechos. Persisten prácticas que restringen la autonomía corporal, como intervenciones sin consentimiento informado, métodos anticonceptivos impuestos o procesos de embarazo y parto excesivamente medicalizados y poco respetuosos. La falta de consultas ginecológicas accesibles y de profesionales formados para atender distintos perfiles de discapacidad dificulta aún más el acceso a revisiones rutinarias, pruebas de cribado o atención especializada.

Incorporar un enfoque interseccional es imprescindible para comprender la complejidad real de estas desigualdades. No todas las mujeres con discapacidad viven las mismas barreras: la experiencia varía según la edad, el origen étnico, la situación económica, la orientación sexual, el tipo de discapacidad o el lugar de residencia. Para muchas, estas identidades y condiciones se superponen, multiplicando la discriminación y alejándolas de servicios pensados para una usuaria “estándar” que no existe.

También la salud mental requiere una mirada más inclusiva. Las mujeres con discapacidad psicosocial encuentran servicios insuficientes, poca toma de conciencia hacia la perspectiva de género y un uso aún frecuente de prácticas coercitivas o paternalistas que limitan su capacidad de decisión.

Las crisis recientes demostraron lo frágiles que son los apoyos disponibles: el aislamiento, la interrupción de servicios básicos y las dificultades para acceder a la atención sanitaria fueron más intensos para ellas. Hoy, sus demandas convergen en un mensaje común: una sanidad accesible, sin sesgos, que respete su autonomía, reconozca su diversidad y garantice igualdad real en el derecho a la salud