El pasado 25 de noviembre, la Fundación CERMI Mujeres hizo un llamamiento para “denunciar la situación en la que se encuentran miles de mujeres con discapacidad en nuestro país víctimas de la violencia machista o en serio riesgo de sufrirla, que encuentran todo tipo de obstáculos a la hora de hacer valer sus derechos ante la justicia, viéndose desamparadas por un sistema judicial considerado garantista pero que, sin embargo, deja fuera precisamente a quienes se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad, y por lo tanto, corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia”.
Todo llamamiento es poco, máxime cuando el negacionismo de la violencia machista, de la violencia de sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, nos alcanza con más ahínco a las mujeres con discapacidad.
Aquí algunos titulares de los últimos meses:
-
28 de septiembre: Cuatro detenidos por la agresión sexual a una menor con discapacidad en Lleida
-
27 de octubre: Prisión provisional para los tres detenidos por la desaparición de una mujer con discapacidad en Cuenca
-
12 de noviembre: Un hombre de 71 años acusado de abusar sexualmente de una joven con discapacidad en el barrio de la Pau de esa localidad.
-
16 de noviembre: Detenido por drogar y abusar sexualmente de una mujer con discapacidad.
Después habrá que ver las correspondientes sentencias tras los juicios que se deriven de las investigaciones.
Durante años nos llamaron exageradas por señalar la interseccionalidad, por afirmar que la vulnerabilidad es mayor cuando hay discapacidad, que si la brecha grande entre hombres y mujeres, en nuestro caso, es aún mayor. Hasta que la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, que por fin nos incluyó en la estadística, reveló, por ejemplo, que el 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad.
No hablemos ya de la verbal, de esa que rezuma en determinados comentarios y chistes, como el que ha sentado en el banquillo de los acusados al humorista David Suárez y para quien la fiscalía pide un año de prisión y más de 3.000 euros de multa. Dicen que solo era un chiste, que no es para tanto.
Es para tanto. Pongamos que en lugar de una mujer con discapacidad hubiese hecho el mismo chiste sobre un hombre con discapacidad. O un hombre mayor y sin dentadura. ¿A que ya no tiene gracia?
Hartas, estamos hartas de que se pretenda negar una realidad evidente, que a las mujeres nos oprimen por el hecho de ser mujeres (y el patriarcado tiene muchas formas de hacerlo) y que esa violencia es mayor cuando tenemos discapacidad.
No se trata solo de la violencia física o sexual, es el maltrato institucional, el laboral, el techo de cristal, es la violencia estructural que afecta a todas las mujeres. No olvidemos nunca a las madres de criaturas con discapacidad, ni tampoco a aquellas mujeres y niñas que no solo han de sobrevivir a la violencia de género, sino aprender a convivir con una discapacidad sobrevenida por violencia machista.
Estamos hartas de que, pese a las estadísticas, pese a los estudios, pese a la realidad palpable, se niegue que las mujeres no estamos libres de violencia. Precisamente por eso, Fundación Cermi Mujeres reclama, entre otras medidas, una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de personas con discapacidad.
No solo para valorar las actuales medidas legislativas, administrativas y políticas generales y específicas para su protección y recuperación, sino, y esto lo añado yo, para callar boca de una vez por todas a quienes sistemáticamente niegan esa violencia.