Llega agosto, un período de merecido descanso y de desconexión para la mayoría de la población, también para las personas con discapacidad, sobre todo para las mujeres, que en muchos casos se dedican al cuidado de la familia, sobre todo en el mundo rural.
Un importante sector de la población está constituido por personas con alguna discapacidad, ya sea física, sensorial o mental, lo que implica diversas realidades socioeconómicas, habitacionales o de diagnóstico. Pese a todos los avances que se han ido consiguiendo, aún existen importantes barreras y obstáculos que ponen en jaque su pleno derecho a la inclusión social y laboral. Por ello, es fundamental la existencia de leyes que garanticen el cumplimiento y la defensa de sus derechos y que velen por su plena participación en la sociedad. Uno de esos derechos es el acceso a los períodos de descanso y de cambio de rutinas, como la mayoría de la población en España.
En el ámbito rural, las personas con discapacidad suelen enfrentarse a serios desafíos debido a la falta de acceso a servicios y recursos especializados. Sin embargo, existen organizaciones y programas que trabajan para apoyar a estas personas, brindándoles acceso a servicios de salud, educación, empleo y recreación adaptados a sus necesidades, ya que es esencial promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en todas las comunidades, ya sean urbanas o rurales.
Un total de 951.862 personas residentes en el medio rural tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 22% del total de las personas con discapacidad que viven en España, de las que el 55% son mujeres, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Como es sabido, las personas con discapacidad enfrentan más retos en las zonas rurales que en las urbanas, pues es menos probable que puedan asistir a la escuela, acceder a un empleo remunerado, tener la asistencia personal que requiera su situación o los cuidados de su salud, incluso que posean un teléfono móvil propio y, con mucha frecuencia se las deja atrás en las intervenciones de desarrollo rural. Asimismo, hay que destacar que, en ese ámbito, la mujer con discapacidad suele padecer una triple discriminación, ya que, si lo permite su situación, muchas veces se ve obligada a hacerse cargo del rol de cuidadora de la familia.
Por otro lado, en el caso de la atención personalizada, hay un grupo importante de cuidadoras no remuneradas en el ámbito rural español, que se dedican a cuidar de las personas dependientes en sus hogares. Estas son principalmente mujeres, que usan gran parte de su tiempo y esfuerzo a cuidar a familiares enfermos, ancianos o personas con discapacidad, sin recibir una compensación económica por su trabajo. A menudo, estas cuidadoras se enfrentan a verdaderos obstáculos y desafíos que dificultan su labor, como la falta de recursos y de apoyo por parte de las instituciones públicas, la falta de formación y conocimientos especializados en cuidados de enfermería o la falta de tiempo para cuidar de sí mismas y sus propias necesidades.
El desarrollo del mundo rural es un foco de preocupación de la Unión Europea, pues vivimos en ambientes cada vez más urbanos, aunque constantemente, muchas personas y organizaciones colaboran para crear nuevos emprendimientos en las zonas rurales para avanzar en la lucha contra la despoblación. Los informes de la ONU plantean que hacia el 2050, cerca de un 68 % de la población mundial vivirá en ciudades, y ni Europa ni España serán una excepción, así que el reto principal será lograr un equilibrio entre el desarrollo sostenible en los ámbitos urbanos y rurales.
En estas zonas, la gran mayoría de los indicadores socioeconómicos se sitúan por debajo de la media, sobre todo en lo que respecta a infraestructuras y transporte, servicios sociales y culturales, nuevas tecnologías de la comunicación, etc. Desde hace uno o dos siglos, nuestras sociedades están cada vez más organizada con criterios solo urbanos, que finalmente terminan discriminando a quienes no se encuentran dentro de esos esquemas, como es el caso de las personas con discapacidad, un grupo con necesidades específicas dentro de cualquier población. Por lo tanto, también es cada vez más evidente que el esfuerzo de desarrollo social y económico de las áreas rurales debe tener en cuenta a todos los habitantes, tal como lo exige la Agenda 2030 y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Como venimos diciendo, las personas con discapacidad tienen derecho a una vida plena y sin exclusiones en todos los ámbitos, incluyendo el medio rural, ya que este entorno se ha caracterizado por tener bajos niveles de accesibilidad y servicios, lo que supone una barrera para el acceso a la educación, el empleo y otros servicios. En las áreas rurales no siempre se puede concurrir a escuelas especiales o a programas educativos adaptados, lo que limita las oportunidades académicas y profesionales. Además, los servicios de apoyo, así como la atención médica especializada son muchas veces excepcionales o inexistentes, lo que constituye una grave dificultad para que todas las personas puedan recibir el tratamiento y la ayuda que necesitan.
Uno de los problemas más que más consecuencias acarrea es la falta de accesibilidad, no solo debido a la escasez de transporte público, sino también a la carencia de infraestructuras adecuadas para la movilidad. En resumen, el medio rural es un entorno en el que una persona con discapacidad puede encontrar serias limitaciones para acceder a los servicios básicos. Desde siempre, la accesibilidad en el medio rural ha sido un desafío para la sociedad en su conjunto, y los gobiernos tienen una responsabilidad especial para abordar esta cuestión. Esto puede lograrse mediante la inversión en infraestructuras adecuadas para asegurar que los espacios públicos sean accesibles, así como con la mejora de los sistemas de transporte para personas con discapacidad.
Ahora bien, la primera responsabilidad es de las administraciones locales, que son las directas interesadas en promover a toda su población, dando las respuestas adecuadas a estas necesidades. Parece que sería imprescindible elaborar un diagnóstico de las barreras existentes y fijar metas para cada una de las etapas destinadas a eliminarlas, con el objetivo de alcanzar la accesibilidad mediante mejoras graduales. Los expertos sugieren que las primeras medidas deben plantear una cultura de la accesibilidad, comenzando por alinear los objetivos de una transición ecológica, para no dejar a nadie atrás. Por otro lado, las entidades locales deben coordinar acciones y esfuerzos entre organizaciones del sector civil, órganos descentralizados y empresas de distintos servicios, con el fin de garantizar que esa accesibilidad sea plena.
Sin embargo, nada de esto será suficiente si quienes viven en los medios rurales no son quienes la diseñan. Las personas con discapacidad tienen que ser protagonistas, tanto en la formulación de la legislación y las intervenciones en el entorno, como en otros procesos de decisión, porque su experiencia debe ser clave para hacer de las zonas rurales y ciudades un lugar universalmente habitable. En consecuencia, tenemos por delante los objetivos propuestos por la Agenda 2030:
«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución».