El Cermi plantea al Gobierno que refuerce la protección de la infancia y la juventud con discapacidad ante las amenazas digitales
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Gobierno que se refuercen las garantías de protección de la infancia y la juventud con discapacidad frente a las crecientes amenazas del ámbito digital, en cumplimiento del nuevo mandato del artículo 49 de la Constitución, según informó el propio comité.
El documento remitido por el Cermi al Ministerio de Juventud e Infancia subraya "que el entorno digital es hoy el principal espacio de socialización, aprendizaje y participación, y que la ausencia de accesibilidad, de contenidos comprensibles o de mecanismos de denuncia adaptados constituye un grave incumplimiento del derecho a la igualdad real y efectiva", indicó el comité, que recordó que "la reforma constitucional obliga a los poderes públicos a garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de los menores con discapacidad en entornos universalmente accesibles".
Entre las medidas propuestas, el Cermi urge a que la futura Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros incorpore indicadores específicos de accesibilidad digital, la creación de canales de denuncia y ayuda plenamente accesibles, auditorías periódicas de accesibilidad en plataformas y servicios, y la prohibición del perfilado basado en datos de salud o discapacidad.
También plantea la regulación de obligaciones claras para las empresas tecnológicas, incluyendo mecanismos de supervisión, sanciones y sistemas de verificación y moderación que no discriminen a la infancia con discapacidad.
El Cermi planteó asimismo que la Estrategia "incorpore compromisos de futuro basados en participación real y no simbólica de la infancia con discapacidad y de sus organizaciones representativas, acciones decididas para reducir la brecha digital, formación especializada para profesionales y creación de espacios seguros que favorezcan la salud mental y el bienestar digital".
Considera, además, esencial que la Estrategia se consolide como una política pública estable, con mecanismos de seguimiento basados en datos desagregados por discapacidad y sexo que permitan evaluar los avances en igualdad real".
El Cermi afirmó que la reforma del artículo 49 marca un punto de inflexión y que la Estrategia Nacional "debe ser el primer gran instrumento político que materialice este mandato constitucional: sin accesibilidad universal no existe un entorno digital seguro". "La infancia y la juventud con discapacidad no deben ser vistas únicamente como un grupo a proteger, sino como titulares de derechos cuyo ejercicio pleno exige medidas firmes, recursos suficientes y una voluntad política sostenida para eliminar todas las barreras que aún persisten en el ámbito digital", concluyó.