El documento remitido por el Cermi al Ministerio de Juventud e Infancia subraya "que el entorno digital es hoy el principal espacio de socialización, aprendizaje y participación, y que la ausencia de accesibilidad, de contenidos comprensibles o de mecanismos de denuncia adaptados constituye un grave incumplimiento del derecho a la igualdad real y efectiva", indicó el comité, que recordó que "la reforma constitucional obliga a los poderes públicos a garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de los menores con discapacidad en entornos universalmente accesibles".
Entre las medidas propuestas, el Cermi urge a que la futura Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros incorpore indicadores específicos de accesibilidad digital, la creación de canales de denuncia y ayuda plenamente accesibles, auditorías periódicas de accesibilidad en plataformas y servicios, y la prohibición del perfilado basado en datos de salud o discapacidad.
También plantea la regulación de obligaciones claras para las empresas tecnológicas, incluyendo mecanismos de supervisión, sanciones y sistemas de verificación y moderación que no discriminen a la infancia con discapacidad.
El Cermi planteó asimismo que la Estrategia "incorpore compromisos de futuro basados en participación real y no simbólica de la infancia con discapacidad y de sus organizaciones representativas, acciones decididas para reducir la brecha digital, formación especializada para profesionales y creación de espacios seguros que favorezcan la salud mental y el bienestar digital".
Considera, además, esencial que la Estrategia se consolide como una política pública estable, con mecanismos de seguimiento basados en datos desagregados por discapacidad y sexo que permitan evaluar los avances en igualdad real".
El Cermi afirmó que la reforma del artículo 49 marca un punto de inflexión y que la Estrategia Nacional "debe ser el primer gran instrumento político que materialice este mandato constitucional: sin accesibilidad universal no existe un entorno digital seguro". "La infancia y la juventud con discapacidad no deben ser vistas únicamente como un grupo a proteger, sino como titulares de derechos cuyo ejercicio pleno exige medidas firmes, recursos suficientes y una voluntad política sostenida para eliminar todas las barreras que aún persisten en el ámbito digital", concluyó.
