La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cumple 20 años en 2026 y ha supuesto un "avance claro" para mejorar la vida de este colectivo en España y reconocer sus necesidades "en el papel y el ideal". Sin embargo, no se cumple "en la realidad” de manera plena.
Este fue el diagnóstico compartido este viernes por representantes del movimiento social de la discapacidad durante el diálogo ‘Convención20’, organizado en la agencia de noticias Servimedia con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín Blanco, reconoció avances relevantes en estas dos décadas, pero insistió en que el cambio cultural sigue siendo insuficiente. “El avance es claro, pero luego cuando se negocian leyes o presupuestos no queda tan claro que las personas con discapacidad somos sujetos de todos los derechos humanos”, afirmó.
Para Martín Blanco, este reconocimiento implica una presencia real de las personas con discapacidad en los espacios de decisión y de poder, tanto en las organizaciones sociales como en la administración pública.
En este contexto, recordó que hasta hace apenas cinco años alrededor de 100.000 personas con discapacidad estaban privadas del derecho al voto y que, hasta hace cuatro años, a mujeres y niñas con discapacidad se les “intervenía el cuerpo al margen de su voluntad”. “Sin derechos civiles y políticos, muchas personas vivíamos una auténtica muerte civil”, subrayó.
A su juicio, la resistencia a aplicar plenamente la Convención responde a que los derechos humanos “son incómodos porque democratizan el poder” y lo redistribuyen hacia colectivos históricamente situados en la periferia.
Martín Blanco denunció además la persistencia de una mirada asistencialista y condescendiente. “Yo sigo viendo condescendencia, sigo viendo sonrisas y esa palmadita en la espalda. Eso sigue atravesando todas nuestras vidas”, afirmó. Esta actitud tiene consecuencias directas en la vida diaria y, según denunció, explica que muchas personas con discapacidad “nos hayamos acostumbrado a transitar en un paisaje de discriminación”. Desde la inaccesibilidad física hasta la falta de comprensión en los servicios públicos, la discriminación forma parte del día a día, generando frustración y desgaste.
Ante esta realidad, defendió la necesidad de identificar y denunciar las situaciones discriminatorias. “Eso no se puede naturalizar”, afirmó al destacar el trabajo del Cermi y de la administración para enseñar a las personas con discapacidad a reclamar retrasos administrativos, denunciar barreras y reconocer vulneraciones de derechos, especialmente en el caso de las mujeres.
"UN ANTES Y UN DESPUÉS"
La directora de Programas de Infancia de Fundación ONCE, Ana Sastre, destacó que la Convención supuso “un antes y un después” y que, en su momento, fue un texto “muy disruptivo”, tanto desde el punto de vista social como político y jurídico.
Sin embargo, advirtió de que el avance se ha consolidado más en el plano teórico que en la vida cotidiana. “Creo que hemos ganado el debate y el discurso en el papel y el ideal, más que en la realidad”, afirmó al subrayar que, pese a los avances logrados, “quedan muchísimos retos” pendientes.
Sastre alertó, además, del contexto internacional actual, marcado por el cuestionamiento de los derechos humanos. “Estamos en un momento complejo, en el que principios éticos y morales que se daban por asumidos se están poniendo en duda”, señaló.
Por ello, reclamó actuar “con celeridad” para evitar que la Convención pierda su fuerza transformadora. “Creo que si no actuamos para que todo lo que falta por hacer se haga, corremos el riesgo de que se debilite”, advirtió al recordar que España ha sido históricamente un país líder en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
SITUACIÓN "CRÍTICA"
La abogada especializada en derechos de la discapacidad Leonor Lidón Heras reforzó este mensaje y calificó la situación de “crítica” porque el debilitamiento del sistema internacional de derechos humanos amenaza directamente los avances alcanzados.
“Naciones Unidas surge como un ‘nunca más’, pero si Naciones Unidas cae, cae todo un sistema de protección internacional de derechos humanos”, recordó. Aunque reconoció que la sociedad ha interiorizado en mayor medida el concepto de derecho humano, lamentó que “en el papel o en el día a día eso se va difuminando”.
Lidón puso en valor el carácter pionero de la Convención desde una perspectiva jurídica, al explicar no solo qué derechos tienen las personas con discapacidad, sino cómo deben cumplirse para que puedan ejercerse de manera real y efectiva. “Si eres titular de un derecho, pero no puedes ejercitarlo, en el fondo no eres titular”, afirmó. Destacó también la importancia de conceptos como “accesibilidad”, “ajustes razonables” o “discriminación por asociación”, que dotan a la Convención de “una potencia inédita” en el marco del derecho internacional y obligan a los Estados a dar “un salto al vacío” en la garantía de derechos.
VIOLENCIAS QUE PERSISTEN
El delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención, Gregorio Saravia, puso el foco en la frustración acumulada por la falta de cumplimiento efectivo de los derechos. “¿Cuánto tiempo de la vida se pierde esperando a que los derechos se hagan efectivos y a poder vivir con calidad?”, se preguntó.
Saravia destacó el esfuerzo del Cermi por “hacer nuestra” la Convención y trasladarla al conjunto de la sociedad, adaptando el lenguaje jurídico y comunicativo para que sea comprensible y forme parte del día a día.
Finalmente, la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de Fundación Cermi Mujeres, Sara de Torres Riveiro, centró su intervención en la situación específica de mujeres y niñas con discapacidad. Recordó que la Convención supuso un hito al reconocer que este colectivo sufre formas agravadas de discriminación y violencia. “El artículo 6 reconoce una discriminación y una violencia interseccional que se entrecruza y se agrava”, explicó.
Reclamó la adopción de medidas específicas y exigió la realización de una macroencuesta sobre violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad. “Lo que no se refleja, no se ve, y lo que no se ve, no existe”, afirmó, reclamando una respuesta institucional basada en datos.
