La Fundación CERMI Mujeres urge a reforzar las políticas de prevención, detección y protección de las víctimas con discapacidad de violencia contra la mujer

  • A la luz de los resultados vertidos por la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, que confirma la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad
Portada de la macroencuesta de violencia contra la mujer 2024
Portada de la macroencuesta de violencia contra la mujer 2024

La Fundación CERMI Mujeres (FCM), en tanto que plataforma española de representación de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres de hijos e hijas con discapacidad, manifiesta su gran preocupación ante los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que evidencian que las mujeres con discapacidad continúan siendo uno de los grupos más expuestos a las distintas formas de violencia machista.

En opinión de la entidad, aunque la nueva edición de la macroencuesta introduce algunos avances metodológicos en materia de discapacidad, como la inclusión de preguntas específicas sobre el grado y el tipo de esta, la información que en ella se ofrece es fragmentaria y parcial, ya que sigue dejando fuera a miles de mujeres con discapacidad por la falta de medidas de accesibilidad y de inclusión en su diseño y desarrollo metodológicos.

La propia participación en la Macroencuesta refleja estas dificultades: solo el 19,1% de las mujeres con mayor grado de discapacidad pudo responder mediante la modalidad de auto cumplimentación por internet, mientras que entre las mujeres sin discapacidad este porcentaje casi se duplica.

 DATOS SOBRE DISCAPACIDAD EN LA MACROENCUESTA

 La nueva Macroencuesta revela que la violencia se agrava de manera clara conforme aumenta el grado de discapacidad. Las mujeres con un grado de discapacidad igual o superior al 65% presentan las tasas más elevadas de violencia física, sexual y emocional en el ámbito de la pareja, llegando a registrar un 27,1% de violencia física por parte de parejas pasadas y un 18,5% de violencia sexual. Cuando se analizan conjuntamente la violencia física y sexual, la prevalencia alcanza al 29,4% de estas mujeres, lo que vuelve a situarlas en un escenario de mayor riesgo. A esta realidad se suma la frecuencia con la que expresan haber sentido miedo de alguna pareja, especialmente en relaciones anteriores, donde el porcentaje asciende al 25,4 %.

 La Macroencuesta además constata que la violencia machista es también causa directa de discapacidad. El 16,4 % de las mujeres con discapacidad o con limitaciones que han sufrido violencia física, sexual o emocional atribuyen su discapacidad a esa violencia, porcentaje que aumenta al 19,6 % cuando las agresiones han sido físicas o sexuales.

 En relación con la violencia sexual, las mujeres con discapacidad igual o superior al 33 % presentan una prevalencia de violación a lo largo de la vida del 4,6 %. Además, el 10,4 % de las mujeres con discapacidad o con limitaciones que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja afirma que esta violencia ha sido la causa de su discapacidad.

Con respecto al acceso a servicios especializados, la Macroencuesta señala que las mujeres con discapacidad encuentran más barreras para acceder a los servicios de ayuda formal, debido, entre otras razones, a obstáculos relacionados con la accesibilidad física, comunicativa o digital; con la necesidad de apoyos personales o con el aislamiento que muchas de estas mujeres enfrentan en su vida cotidiana.

A la luz de estos resultados, la Fundación CERMI Mujeres exige la plena accesibilidad e inclusión de las víctimas con discapacidad en todos los servicios especializados y la puesta en marcha con urgencia de todas las medidas previstas en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo desarrollo es responsabilidad de las Comunidades Autónomas. Es imperativo garantizar recursos especializados, como el acompañamiento personal, la atención psicológica adaptada, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y la eliminación de todas las barreras que impiden a las víctimas con discapacidad recibir apoyo efectivo para salir de la violencia.