Así, se les ha solicitado a todos los Estados que lleven a cabo exámenes exhaustivos a nivel nacional del progreso realizado y de los desafíos encontrados durante la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General celebrado en 2000.
El pasado 1 de mayo, España presentó su Informe nacional sobre la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en el contexto de 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
A principios de abril, sin todavía ser público el informe, las organizaciones de la sociedad civil fuimos invitadas desde el Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (IMIO) y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores a escuchar las líneas fundamentales del informe nacional.
La Oficina de Derechos Humanos destaca que en el informe presentado por el Gobierno de España se han incluido numerosas aportaciones, especialmente aquellas que daban respuesta a las cuestiones concretas planteadas por ONU-Mujeres en la plantilla de informe.
Las líneas que trae el informe son: violencia; educación, tecnología y coeducación; asociacionismo de mujeres; transversalidad de género; ámbito laboral; estructuras y estadísticas.
Las mujeres con discapacidad son parte importante del informe y son mencionadas casi 50 veces en el mismo. Entre otras cuestiones, se resalta las medidas incorporadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género respecto a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista.
El propio informe nacional subraya la necesidad tanto de reprocesar los datos existentes como de realizar nuevas encuestas para crear datos de referencia nacionales, ambas necesidades ponen el foco de atención en la violencia contra las mujeres con discapacidad.
También se subraya y creemos preocupante el señalamiento del informe en cuanto a que el INE no dispone de información para ciertos indicadores del ODS 5 (igualdad de género) establecidos por el marco de indicadores mundiales para los ODS y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tales como el indicador relativo a la práctica nociva del matrimonio infantil (en concreto, el indicador 5.3.1); lo referido al acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos (en concreto, los indicadores 5.6.1 y 5.6.2), entre otros.
Este informe sirve para nutrir de información a la Organización de Naciones Unidas y, en concreto, a ONU mujeres. Además, de cara al 25º aniversario de la revolucionaria Plataforma de Acción de Beijing en 2020 y al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS, creemos valiosa esta presentación por parte de España para evaluar la situación actual de las mujeres con discapacidad. En este aspecto, reiteramos al gobierno la importancia de la consulta pública, accesible e inclusiva a las organizaciones de mujeres con discapacidad en el diseño e implementación de legislación y políticas públicas con impacto en la vida de las mujeres con discapacidad.
