Mujeres con discapacidad refugiadas: la invisibilidad total
Se estima que a nivel global una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia de género. Esta es una situación que se agrava especialmente cuando se viven situaciones excepcionales como, por ejemplo, emergencia humanitaria, debido a conflictos armados, desastres naturales o desplazamientos forzosos. Aunque las situaciones de inseguridad son compartidas por hombres y mujeres, existen determinadas formas de violencia que sufren las mujeres y niñas y que no encuentran manera de ser controladas debido a la falta de recursos e inexistencia de institucionalidad.
A pesar del alto número de personas con discapacidad que se encuentran desplazadas de manera forzada de sus hogares, sin embargo los servicios y ayudas disponibles a las personas refugiadas con discapacidad son anecdóticos.
La violencia más comúnmente ejercida contra las mujeres y niñas en estos contextos es la violencia sexual. Las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial se encuentran entre las que corren mayor riesgo de ser víctimas de este tipo de violencia. En muchas ocasiones solamente se descubre que están siendo agredidas sexualmente cuando quedan embarazadas. Los mismos prejuicios que sufren las mujeres con discapacidad en cualquier sociedad se traslada a los lugares por lo que transitas o viven las personas que se han visto obligadas salir de sus hogares.
Muchas iniciativas que se desarrollan en estos espacios encaminadas a prevenir agresiones de este tipo no se dirigen, sin embargo, a las mujeres con discapacidad, porque siguen sin ser vistas potenciales víctimas de violencia de género. Esto es así porque aún la discapacidad aparece como eje máximo de discriminación, lo que lleva aparejado no reconocer que también son personas “con género” y que todos los prejuicios patriarcales recaen también sobre ellas, no solamente las discriminaciones “capacitistas”.
Por último, no hay que olvidar que el sufrimiento y el estrés que se padecen en una situación de desplazamiento pueden afectar a la salud mental de las personas desplazadas. Si a esto unimos el riesgo de agresiones sexuales, maltratos físicos y psicológicos y matrimonios forzados que adicionalmente sufren las mujeres, es fácil entender que es necesario, además de atajar estas violaciones a sus derechos humanos, ofrecer una atención especializada para aquellas discapacidades psicosociales sobrevenidas.