Alrededor de 7.6 millones de personas con discapacidad viven en situación de desplazamiento forzado. Y en este contexto es fácil entender que los casos de violencia de género (agresiones sexuales, matrimonios forzosos, maltrato físico y psicológico, etc.) se multipliquen. Este riesgo se ha de extender asimismo a las personas cuidadoras de personas con discapacidad, que en su inmensa mayoría en todo el mundo son mujeres.
A pesar del alto número de personas con discapacidad que se encuentran desplazadas de manera forzada de sus hogares, sin embargo los servicios y ayudas disponibles a las personas refugiadas con discapacidad son anecdóticos.
La violencia más comúnmente ejercida contra las mujeres y niñas en estos contextos es la violencia sexual. Las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial se encuentran entre las que corren mayor riesgo de ser víctimas de este tipo de violencia. En muchas ocasiones solamente se descubre que están siendo agredidas sexualmente cuando quedan embarazadas. Los mismos prejuicios que sufren las mujeres con discapacidad en cualquier sociedad se traslada a los lugares por lo que transitas o viven las personas que se han visto obligadas salir de sus hogares.
Muchas iniciativas que se desarrollan en estos espacios encaminadas a prevenir agresiones de este tipo no se dirigen, sin embargo, a las mujeres con discapacidad, porque siguen sin ser vistas potenciales víctimas de violencia de género. Esto es así porque aún la discapacidad aparece como eje máximo de discriminación, lo que lleva aparejado no reconocer que también son personas “con género” y que todos los prejuicios patriarcales recaen también sobre ellas, no solamente las discriminaciones “capacitistas”.
Por último, no hay que olvidar que el sufrimiento y el estrés que se padecen en una situación de desplazamiento pueden afectar a la salud mental de las personas desplazadas. Si a esto unimos el riesgo de agresiones sexuales, maltratos físicos y psicológicos y matrimonios forzados que adicionalmente sufren las mujeres, es fácil entender que es necesario, además de atajar estas violaciones a sus derechos humanos, ofrecer una atención especializada para aquellas discapacidades psicosociales sobrevenidas.
