Constituido el grupo de trabajo sobre Justicia Feminista del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

Captura de pantalla 2024-05-17 092937

La participación de la Fundación CERMI Mujeres en calidad de miembro en este grupo está orientada a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

La Fundación CERMI Mujeres ha participado en calidad de miembro en el recién constituido grupo de trabajo sobre Justicia Feminista, una iniciativa impulsada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad en el marco del trabajo que desarrolla el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

La configuración de este grupo de trabajo supone un importante paso para reforzar la aplicación de la perspectiva de género dentro del sistema judicial, así como en avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El grupo de trabajo está compuesto por representantes de varios organismos y entidades clave, incluyendo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Fiscalía de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Fundación Mujeres, Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Fundación CERMI Mujeres, Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT), y Asociación Mujeres Juristas Themis.

La participación de la Fundación CERMI Mujeres está orientada a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, con un enfoque particular en la reformulación del derecho a la justicia gratuita en nuestro ordenamiento jurídico y en el desarrollo de la figura del facilitador procesal con enfoque feminista y de discapacidad.

Este grupo de trabajo surge en respuesta a la necesidad urgente de abordar las barreras específicas que enfrentan las mujeres en el sistema judicial y de garantizar que las reformas legales y las prácticas judiciales contemplen plenamente la interseccionalidad y las especificidades de género. Se espera que este esfuerzo conjunto contribuya significativamente a la creación de un entorno judicial más justo y equitativo para todas las mujeres, especialmente aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad.