Serie webinarios ‘No estás sola’

 “La Convención Internacional de la Discapacidad no es retórica ni literatura, sino que es nuestro escudo para seguir avanzando y exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos”, declaró Soledad Cisternas, quien pidió que los poderes públicos impulsen la participación de las mujeres con discapacidad. “La participación debe ser efectiva, lo que significa que todo el sistema público-político debe ser accesible, incluidos ajustes razonables y apoyos necesarios”, remachó. La enviada especial del secretario general sobre Discapacidad y Accesibilidad de la ONU advirtió de perjuicios en la salud mental por el confinamiento, así como dificultades en la empleabilidad de las mujeres con discapacidad, para lo que ha pedido medidas de “apoyo económico”. También planteó que, en el diseño del regreso a los centros educativos, no se opte por que las personas con discapacidad utilicen, por sistema, medios telemáticos, ya que también “necesitan de la presencia física junto al resto del alumnado”.

Otras claves aportadas por Soledad Cisternas son el impulso del empoderamiento de la población femenina con discapacidad y que participen cada vez más en las organizaciones de mujeres con discapacidad. “Tenemos que concentrar las fuerzas de todas las mujeres participando en las organizaciones de la sociedad civil para que estemos reconocidas en las políticas públicas”, sentenció.

Por otro lado, Susana Camarero, experta independiente y exsecretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, manifestó que “necesitamos una vacuna contra la desigualdad, porque siempre somos las mujeres las que nos quedamos en la cuneta”, por lo que ha urgido a que las mujeres con discapacidad estén en el “centro” en la desescalada.

Al mismo tiempo, pidió garantizar la atención sanitaria a todas las personas con discapacidad; seguir reforzando la lucha contra la violencia machista, a la que “están más expuestas” las mujeres con discapacidad; combatir contra la brecha digital y contra las barreras de acceso a la justicia, y reforzar las medidas de conciliación familiar.

Para avanzar en esta línea, puso en valor la labor del tercer sector de acción social, “ya que sois los que conocéis realmente las necesidades, y lo estamos viendo ahora en la Comisión para la Reconstrucción”. “Hay que impedir que en esta crisis las mujeres con discapacidad sean las grandes sacrificadas. Tenemos que construir una sociedad que se centre en la justicia, la igualdad y la inclusión”, apostilló Camarero.

Por su parte, Celeste Mariner, directora de Salud Mental España, dijo que “se debe tener presente la gran desigualdad de la que partían ya antes de la pandemia las mujeres con discapacidad”, y expresó su “preocupación” por las situaciones de violencia que podrían estar sufriendo las mujeres con problemas de salud mental durante el confinamiento. Precisó que hay mujeres con discapacidad psicosocial “que han llevado mejor el confinamiento y que lo que temen realmente es la vuelta a la normalidad por las situaciones de discriminación que tienen que afrontar en su día a día”. Por ello, aseguró que “es fundamental en la desescalada respetar los ritmos de cada persona” y “caminar juntas, sin presiones”, ya que cada una habrá vivido esta situación de un modo diferente.

Durante el webinario, Montserrat Pallarés, representante de las mujeres con discapacidad del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), lamentó que todavía no existan protocolos para agilizar el avance hacia la normalidad de los servicios para mujeres y niñas con discapacidad. Además, advirtió de que “en muchas cosas hemos ido tarde durante el confinamiento, aunque se han salvado muchos asuntos por el esfuerzo de las entidades”.Pallarés evidenció también su preocupación por las situaciones de violencia y reivindicó que los servicios de atención a mujeres con discapacidad de todos los ámbitos “deben prepararse” ante un futuro rebrote de la COVID-19.

Mientras, Belén Trianes, trabajadora social de CERMI Extremadura, centró su intervención en las dificultades añadidas que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad y las cuidadoras en la comunidad autónoma, por el factor de dispersión de la población y porque existen todavía localidades sin acceso adecuado a las comunicaciones en entornos rurales, tanto en transportes como en nuevas tecnologías. Igualmente, avisó de las “graves consecuencias” de esta pandemia en el empleo de las personas con discapacidad, especialmente en las mujeres.

Por último, se analizó cuál es el contexto de las mujeres y niñas con discapacidad en Italia, otro de los países más devastados por la pandemia, con la intervención de Luisa Bosisio, del Consejo Italiano de la Discapacidad.

Esta portavoz criticó la insuficiente atención de los poderes públicos a las mujeres y niñas con discapacidad durante la pandemia, labor que, según explicó, han realizado las organizaciones de la discapacidad “con muy pocos medios”. De igual modo, mostró su preocupación por el descenso en el número de llamadas al Teléfono Rosa (equivalente al 016 en España) y calificó de “terrible noticia” los datos de mujeres con discapacidad que han muerto en centros residenciales por la pandemia en el país transalpino. “Todavía queda un largo camino por recorrer, pero después de la pandemia solo podemos progresar”,  concluyó esperanzada.

En el webinario del miércoles 10 de junio se trató el tema de la institucionalización de mujeres con discapacidad en tiempo de confinamiento. La sesión estuvo protagonizada por testimonios en primera persona y contó, además, con la intervención de la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas que hizo un llamamiento para que los gobiernos de los Estados, junto a las entidades de la discapacidad, “pongan todos sus esfuerzos en repensar cómo vamos a brindar los apoyos a las personas con discapacidad fuera de los centros institucionalizados”, algo que, en su opinión, es “más necesario que nunca” ante las consecuencias de la pandemia en esta parte de la ciudadanía.

A juicio de la relatora de la ONU, “no se trata de embellecer modelos anteriores, que se ha demostrado que nos fallan, sino que tenemos que buscar soluciones que sean más acordes con los derechos humanos”. Así, Devandas lamentó la cantidad de personas que han perdido la vida en centros residenciales de personas con discapacidad, “que se han convertido, en muchos casos, en focos de infección, en verdaderas trampas” durante los peores momentos de la pandemia.

Por ello, apeló a contar con todas las partes, incluidos los recursos actuales, para impulsar acciones como el refuerzo de la asistencia personal y la provisión de apoyos para que cada persona pueda elegir si quiere vivir en comunidad, “cerca, por ejemplo, de sus familias”. Igualmente, alertó de la discriminación interseccional que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, por lo que se debe tener en cuenta el enfoque de género en todo momento.

En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, pidió “desterrar la idea de que la institucionalización es lo mismo para hombres que para mujeres”, ya que, de entrada, la población femenina con discapacidad es un porcentaje mayor que el de hombres con discapacidad, una diferencia que se agudiza a edades avanzadas. Por ello, pidió tratar este tema desde la “doble perspectiva de género y discapacidad”.

Durante el encuentro, se escucharon asimismo testimonios como los de Angelina, Amelia, María Rosa, Dolores o Isabel, entre otras, que viven en centros residenciales, quienes relataron que pasaron mucho tiempo solas en su habitación durante el confinamiento, y que echaron en falta ver a sus familias o poder salir a la calle. Esperanzadas, aseguraron que la nueva normalidad desean que se base en poder ver más tiempo a sus seres queridos y poder disfrutar de experiencias como los viajes de su organización.

Montse, una residente de un centro de salud mental, rememoró su “dura” historia de vida, que le llevó a ingresar en diferentes centros aunque ahora está mejorando. Mientras, Montaña, mujer con esclerosis múltiple, advirtió de que “vivir en una residencia nunca es la primera opción para nadie”.

Por su parte, Wafa, una residente de un centro de personas con lesión medular, lamentó que “hayamos tenido tantas bajas” y agradeció el “gran trabajo” de la plantilla de su centro pese a “los momentos tan difíciles” que se han vivido durante la pandemia.

También se pudo conocer la experiencia de Amaia, una joven que vivió en un centro residencial de 2014 a 2019, un período durante el que “teníamos horarios para todo” al ser un centro de estudiantes con discapacidad. En cambio, en 2019 le ofrecieron la posibilidad de vivir en un piso para personas con gran discapacidad con apoyos, ejemplificando así que se pueden ofrecer servicios sin necesidad de vivir en entornos institucionalizados. “Ganas en intimidad, en flexibilidad de horarios y en calidad de vida”, compartió.

El webinario abordó también los casos de abuso que se dan en ocasiones contra mujeres con discapacidad. En este punto, Lili, una mujer con discapacidad psicosocial de El Salvador, denunció su “dramática” trayectoria, marcada por los abusos de su propio padre cuando era niña y por los de un profesional cuando estaba en un centro para ser atendida por su discapacidad.

Además, criticó los tratamientos a los que ha sido sometida, con contenciones mecánica y química y denunció el estigma que socialmente siguen sufriendo las mujeres con discapacidad psicosocial, “pues todavía se nos tacha de locas” o “se espera que vayamos despeinadas o haciendo cosas llamativas”.

Por otro lado, Linda Doblas, madre de una hija que ha vivido el confinamiento en un hospital, cargó contra la falta de respuesta de un centro hospitalario cuando se tuvo que aplazar una intervención quirúrgica de su hija. “Yo me sentí abandonada y eso de que se tiene que cuidar al cuidador no se hizo”, apuntó esta mujer, que explicó que “su marido estuvo confinado en su casa” y que al salir del hospital se encontró con que “el mundo había cambiado”. En su opinión, en lugares como Barcelona y Madrid ha imperado el “sálvese quien pueda”, aunque sí reconoció el esfuerzo de administraciones y organizaciones sociales para paliar la situación.

Avisó de que “hay muchos menores con discapacidad que viven atrapados” de forma “permanente” y criticó que no se haya atendido suficientemente esta realidad. Para revertir esta situación, presentó la iniciativa ’16 familias’, un proyecto destinado a mejorar la visibilidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Por último, se escuchó también el testimonio de Manuel Gómez, hermano de Ángela, una mujer con discapacidad de 59 años que, según denunció, falleció sin que pudiera tener acceso a la atención sanitaria que necesitaba tras contagiarse de COVID-19. Completamente desolado, dijo que su hermana fue derivada desde el centro de discapacidad en que residía al Hospital Clínico, pero que como tenía síndrome de Down le dijeron que “no era apta para nada”.

En esta línea, tanto la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres como la relatora de la ONU alertaron de las vulneraciones del derecho a la salud y pidieron que no se dé “menor valor” a las vidas de determinadas personas en situaciones de crisis como la que se ha vivido.

El tercer webinario celebrado el 17 de junio, abundó en el efecto de la pandemia en el derecho a la educación continua de niñas y jóvenes con discapacidad

Un grupo de niñas y jóvenes con discapacidad denunció en este marco las dificultades añadidas que ha sufrido esta parte del alumnado en el acceso a la educación durante la pandemia de COVID-19, a consecuencia de “la falta de apoyos” y “las carencias en materia de accesibilidad” de las plataformas telemáticas  de enseñanza.

Durante el encuentro, conducido por la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez, la representante del CERMI Estatal en el Consejo Escolar del Estado, Mariluz Sanz, cargó contra “los muchos fallos” que tiene el sistema educativo español, “aunque se nos diga que es muy bueno”. Sanz destacó que las últimas leyes educativas en España recogen principios encaminados hacia la igualdad del alumnado con discapacidad, “pero el papel lo aguanta todo y la realidad luego es muy diferente”. Asimismo, advirtió de la “brecha de género” que existe en el acceso a la enseñanza del alumnado con discapacidad

En este sentido, la portavoz de Esquerra Republicana en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad y en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados, Norma Pujol, dijo que “la educación inclusiva y de calidad es un derecho de todos y todas”, aunque advirtió de que “requiere de trabajo y esfuerzo de las escuelas y se necesitan recursos y maneras diferentes de trabajar”. La parlamentaria republicana lamentó la “brecha” que ha sufrido el alumnado con discapacidad durante la pandemia en el acceso a los recursos de enseñanza, aunque precisó que en las escuelas de Cataluña “se ha hecho un gran esfuerzo” para tratar de paliar esta situación.

Desde Chile, la presidenta de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, Irma Iglesias, criticó que en su país exista el prejuicio de que “si una niña con discapacidad no recibe formación, no pasa nada”. Con la pandemia, según indicó, “al ir a la educación online, nuestros hijos quedaron fuera y muchos maestros ni los consideran, no les envían material adaptado y eso nos afecta mucho”. Irma Iglesias expresó su preocupación por la salud mental de las madres y cuidadoras, “que tienen que ser profesoras, madres y trabajar al mismo tiempo. Todo esto sin apoyos. Las madres son personas fuertes, que encaran la adversidad y son capaces de vivir con alegría y coraje”.

También desde Latinoamérica, la salvadoreña Juana Aide, profesora itinerante con discapacidad que trabaja brindando apoyo al alumnado con ceguera, puso de relieve la falta de accesibilidad de las herramientas telemáticas, pese a que durante la pandemia son fundamentales. Además, alertó de que algunas de sus alumnas residen en entornos rurales y “tienen grandes dificultades para acceder a internet”, al tiempo que “muchas tienen que encargarse de tareas domésticas”, lo que “aumenta la brecha de género”.

Entre los testimonios que se compartieron en el webinario, destaca el de Irene, una estudiante ciega de sexto de Primaria, quien pidió “que, para avanzar hacia la inclusión, se cambie el concepto de que la discapacidad es algo malo”. En cuanto a situaciones cotidianas, lamentó “la doble discriminación que sufre por tener discapacidad y ser niña” cuando, por ejemplo, sus compañeros no le pasan la pelota en el recreo. Sobre la pandemia, relató que, “como en mi familia no ha estado nadie enfermo, lo más difícil para mí ha sido el colegio, porque los programas con los que se ha estudiado a distancia no son plenamente accesibles”, un problema con el que también se encuentra en bibliotecas y lugares de juego, ocio y cultura. Por ello, denunció que “la inclusión es un largo camino y existen muchas cosas que se deben cambiar con esfuerzo”.

También se escucharon testimonios de universitarias con discapacidad como el de la peruana Abigail Terán, estudiante de Filosofía, y el de Inés Martínez, joven sorda estudiante de Medicina, quien explicó que las clases online “han sido duras” para ella por la falta de subtitulado de las sesiones o por la dificultad añadida al leer los labios del profesor, “y eso si ponen la cámara, porque a veces ni es posible”.

Por otra parte, María del Carmen La Osa, madre de una niña con discapacidad del desarrollo en un pueblo de Ciudad Real, denunció que solo “en raras ocasiones” su hija ha tenido adaptaciones metodológicas. “Las adaptaciones que ha precisado las he hecho siempre yo, aunque no soy profesora, sino que soy agricultora, y tengo que contratar a una persona para que haga esa tarea y yo encargarme de las labores de enseñanza”. Según comentó, su hija estudia ahora primero de Bachillerato, de nuevo sin apoyos, “y con el confinamiento empezaron las presiones, los plazos de entrega de los trabajos”, e incluso “hay profesores que han dudado de que mi hija sea la que haga las actividades lectivas”. Así, instó a las administraciones a que “si de verdad queremos inclusión, se haga efectiva ya, porque esto no lo es”.

Nuria, madre de una niña con trastorno del espectro autista (TEA) y autora del cuento ‘Una familia atípica’, declaró que su hija estudia en un centro ordinario con apoyos pues, por ejemplo, su sistema de comunicación habitual es a través de métodos como los pictogramas. Igualmente, reprobó el hecho de que cuando se habla de la planificación del próximo curso “no se tenga en cuenta al alumnado con necesidades especiales” y avisó de que muchas familias no pueden dedicar a sus hijos con discapacidad el tiempo que ha podido emplear ella durante el confinamiento. “Con el cierre del colegio por la pandemia, aunque la profesora ha mostrado interés por el estado emocional de mi hija Daniela, yo me he sentido muy desamparada y he tenido que hacer las adaptaciones de los materiales como he podido. Todavía no hemos recibido las notas, aunque espero que con lo que hemos trabajado en casa mi hija no sufra mucho retraso al regresar a clase en septiembre”, deseó esta madre.

Finalmente, el 24 de junio el webinario se centró en el efecto de la pandemia en el derecho al empleo de las mujeres con discapacidad. En este contexto, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) alertó del grave impacto de la pandemia de COVID-19 en el derecho al empleo de las mujeres con discapacidad. Este webinario contó con la participación de expertas como Virginia Carcedo, secretaria general de FSC Inserta, quien comentó que dos de las prioridades de Fundación ONCE son el empleo y la accesibilidad universal, “incorporando a la mujer con discapacidad como uno de los colectivos prioritarios”. Carcedo avisó de que el “teletrabajo ha venido para quedarse”, por lo que afirmó que se centrarán en favorecer en mayor medida la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad por esta vía, si bien mostró su preocupación por la “brecha digital” existente. “El talento de la discapacidad tiene que usarse y no se puede desaprovechar”, sentenció. 

Miriam Arnaiz, técnica de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF), destacó la importancia de la asistencia personal, no solo como apoyo para que las mujeres con discapacidad “puedan desarrollar su proyecto de vida independiente”, sino que es también “una oportunidad laboral para mujeres con discapacidad”. Por ello, dijo que desde esta organización trabajan impulsando el empoderamiento y la formación de las mujeres con discapacidad.

En este sentido, Elena Antelo, directora gerente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), resaltó la labor en materia de generación de estudios y conocimiento científico en materia de mujeres con discapacidad que lleva a cabo su entidad y los proyectos de intervención directa. “Muchas mujeres entran en contacto con nuestro movimiento asociativo a través de los servicios de intermediación laboral y eso permite en ocasiones detectar casos de violencia de género”, amplió.

Desde Latinoamérica, Alma Evelia Rodríguez, docente del Centro Estatal de Tiflología de Veracruz (México), expuso las claves de su trabajo durante la pandemia para que “no queden atrás” las mujeres con discapacidad que necesitan adquirir habilidades en el uso de las nuevas tecnologías “para su plan de vida”.

Mientras, Marta Vallejo, coordinadora nacional de Ágora-FOAL de Paraguay, reflexionó sobre el hecho de que muchas mujeres con discapacidad sufran “ninguneo y sean ignoradas en su entorno laboral”, por lo que llamó a “construir entornos de respeto”.

Más allá de las intervenciones de estas expertas, el webinario estuvo protagonizado por los testimonios de mujeres con discapacidad como Lucía Torrecilla, mujer en búsqueda de empleo, quien perdió su trabajo justo antes de la pandemia y denunció que existen “prejuicios” importantes en el mercado laboral hacia las mujeres con discapacidad. Así, lamentó que, pese a contar con “una formación académica suficiente”, su vida laboral está marcada por la “temporalidad”.

Otra mujer con discapacidad desempleada que compartió su historia fue Sonia, que centró su intervención en cómo mantener el ánimo cuando no se encuentra trabajo: “Yo no soy una persona que se venga abajo y así voy para adelante poquito a poco”.

También en tono optimista intervino desde Latinoamérica María José Seijo quien, pese a centrar sus palabras en las dificultades de socialización y aprendizaje en esta situación de pandemia, proclamó que “este es un desafío más de los que he tenido que superar”.

Respecto del impacto de la pandemia en las cuidadoras de familiares con discapacidad, Cristina, madre de un hijo con discapacidad, denunció las dificultades de conciliación que siguen existiendo, lo que complica buscar trabajo teniendo que cuidar de un hijo con discapacidad: “Mi currículum es muy bueno hasta que digo que tengo un hijo con discapacidad y, entonces, se acabó”, censuró esta madre.

En cuanto al teletrabajo durante la pandemia, se conoció el testimonio de Ana Olmedo, una mujer con discapacidad funcionaria en la Junta de Andalucía, quien se dedica a trabajar en cuestiones legales con familias de acogida. Según explicó, “hemos tenido que adaptarnos rápidamente haciendo videoconferencias, porque no podíamos parar, pues trabajamos en la defensa de los menores”, aunque criticó “la falta de accesibilidad de las herramientas online para personas con discapacidad visual”.

Por su parte, Maite Sorolla, mujer con discapacidad que trabaja como intérprete para las instituciones de la UE, destacó que ha vivido la pandemia desde Austria y señaló que el comienzo del confinamiento fue muy duro” emocionalmente: “En esta situación me he dado cuenta de que a nosotras se nos exige tres y cuatro veces más de lo habitual para afrontar cualquier cosa”.

En relación a las consecuencias de la pandemia en la formación profesional, María Casanova, mujer con daño cerebral adquirido que cursa estudios de este tipo, Calificó de “negativos” los efectos de la pandemia en su formación porque “para mí realizar las prácticas en mi centro era muy útil para adquirir competencias”.

Por otro lado, se visibilizó como las mujeres con síndrome de Down pueden acceder al mercado laboral cuando se dan oportunidades, como le sucedió a Cristina Agudo. Trabaja en el Hospital de Toledo, y al explicar su testimonio puso en valor el trato que le han brindado desde este centro al permitirle pedir una excedencia voluntaria. “La COVID-19 nos ha cambiado a todos la vida y ahora estoy pensando regresar al trabajo porque lo echo de menos. Soy una mujer independiente”, proclamó.

Igualmente, se prestó atención a las dificultades que sufren las mujeres indígenas con discapacidad en el acceso al mercado laboral con la intervención de Flavia Anau, de la asociación de Piña Palmera de Guajaca (México). Esta ponente puso el acento en las dificultades en las comunicaciones, al tiempo que dio paso al testimonio de Julia, una madre indígena con discapacidad que ha perdido su única fuente de ingresos por la pandemia.