Así fue manifestado por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados.
En el ámbito de las mujeres y niñas con discapacidad, Pérez Bueno destacó que son el 60 por ciento de la población con discapacidad y defendió que la respuesta debe ser la "combinación inteligente" de las políticas de igualdad y las políticas de inclusión de la discapacidad.
Así, pidió que "se tenga la perspectiva de la discapacidad en las políticas de igualdad y la perspectiva de igualdad en las políticas de inclusión de las personas con discapacidad". y que dé una respuesta específica en los problemas especialmente severos, como en la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad”.
En cuanto a los fondos europeos, el presidente del CERMI solicitó que "tengan un rostro social y que puedan ser destinados a políticas sociales, a acción social". En concreto, propuso que se destinen a medidas de inclusión en las que el Tercer Sector de Acción social y discapacidad "puedan tener un papel y tener acceso a estos fondos".
En este punto afirmó que la situación debido al COVID-19 es "agónica" ya que la pandemia "ha agudizado la fragilidad inicial". "Corremos el riesgo que comiencen a desaparecer organizaciones y se perderán muchos apoyos, mucho acompañamiento", advirtió.
Por ello, Pérez Bueno pidió la creación de un Fondo de Rescate extraordinario en la Ley de Presupuestos del Estado en el año 2021. “No podemos estar bajo la amenaza permanente del régimen subvencional, un régimen de ayuda pública que llega tarde mal y nunca, que es inestable e impide una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos", criticó.
REFORMA DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN
Por otro lado, el presidente del CERMI adelantó que " es posible" que en la primera semana de diciembre, en la Semana de la Discapacidad, pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de reforma de artículo 49 de la Constitución, para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad.
A principios del mes de septiembre, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que el Ejecutivo tiene en su calendario normativo la reforma de la Constitución que permitirá eliminar del 49 el término "disminuido". Se trata de una iniciativa que se llegó a acordar en el Congreso en 2018, pero su tramitación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez en abril de 2019.
Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Pérez Bueno aseguró que las personas con discapacidad tienen "menores rentas y mayores gastos". En concreto, precisó que, según se ha calculado en estudios, esta menor renta estaría en alrededor de un 30 por ciento menos que el resto de la ciudadanía.
"Además, tenemos mayores gastos, lo cual es un binomio casi diabólico porque eres más pobre y tienes que gastar más. Esto provoca mayor pobreza y mayor exclusión social", lamentó.
En este sentido, alertó de que las personas con discapacidad presentan "dificultades enormes" para acceder a los derechos sociales básicos. "Las personas con discapacidad no queremos ser dependientes, si queremos estar apoyadas. Somos un grupo de exclusión permanente", apuntó.
En materia legislativa, Pérez Bueno valoró positivamente que se encuentren en trámite parlamentario la derogación de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que únicamente ya tiene que aprobar definitivamente el Senado; o la reforma de Derecho Civil y Procesal para migrar de un modelo de supresión de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones en aquellas personas con discapacidad que lo precisen.
En materia de servicios sociales, urgió a revertir "los recortes de derechos, prestaciones y apoyos producidos como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de austeridad de los poderes públicos de la última década".
También planteó el "robustecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)" y que las personas con discapacidad sean consideradas "grupo de atención preferente".
REFORZAR EL INGRESO MÍNIMO VITAL
Respecto del ingreso mínimo votal (IMV), el responsable del CERMI indicó que es un instrumento de protección social "positivo", reclamado durante años por el sector de la discapacidad, pero pidió que "se refuerce la protección de las personas con discapacidad como grupo social en situación de vulnerabilidad".
Además, reclamó reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos no puedan negarse a acometer obras cuando sean solicitadas por personas mayores o con discapacidad y solicitó crear un fondo estatal de impulso de accesibilidad, nutrido con el 1% de los presupuestos del Estado de materia de fomento y agenda digital y de los ingresos de las sanciones de la Administración general del Estado por infracciones derivadas de la ausencia de accesibilidad.
Para el presidente del CERMI, es más "urgente que nunca" la aprobación de una nueva ley de inclusión laboral. De este modo, fijó el reto de elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad del 38% actual al 50% en los próximos años, "lo que supondría la incorporación al mercado de trabajo de unas 150.000 personas".
Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez, apostó por ahondar en qué mejoras necesita el Real Decreto de Ingreso Mínimo Vital. "En relación a la materia de discapacidad creemos que hay cuestiones insuficientes y hay que establecer la modificación oportuna", dijo.
En este contexto, la diputada del Grupo Parlamentario Republicano, Inés Granollers, criticó que el IMV "debería dar cobertura a 830.000 hogares y se ha reconocido sólo a 74.000 personas de oficio y a 16.000 a instancias de las personas interesadas". "Sumadas apenas alcanzan el objetivo del 10%, esto no es admisible , esto no es un buen Gobierno", sentenció.
Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común, sostuvieron que "dar respuestas a las necesidades del colectivo no puede ser una cuestión presupuestaria, sino una cuestión de derechos humanos". Así, la diputada Marissa Saavedra aseguró que el Gobierno "tiene un firme compromiso para acabar con las discriminaciones de todo tipo y avanzar en la inclusión.
Durante la intervención, la diputada de Vox Rocío de Meer mostró su preocupación por la dignidad humana de las personas con discapacidad y su derecho a la vida. "Tenemos tasas de aborto de síndrome de down que supera el 80%. La vida de una persona con discapacidad vale exactamente lo mismo", defendió.
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Carmen González compartió que en los nuevos estímulos económicos como el IMV o los fondos europeos "se debe tener en cuenta a las personas más necesitadas". "Las necesidades de las personas con discapacidad son económicamente más costosas", dijo.
Por último, la diputada Yolanda Seva destacó que "la escucha activa es fundamental para continuar el camino de la conquista de derechos". "Recuperar los derechos de este colectivo se ha convertido en una lucha constante, cuando debería haber sido una obligación para todos sin fisuras", concluyó.
