El encuentro, celebrado en formato telemático, ha reunido a organizaciones de personas con discapacidad, responsables políticos, personas expertas y profesionales de la comunicación para compartir realidades nacionales, identificar retos comunes y avanzar en la erradicación de esta práctica nociva.
Durante su intervención, la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación CERMI Mujeres, Sara De Torres Riveiro, subrayó que “hablar de esterilización forzada no significa referirse a una cuestión del pasado, sino a una realidad estructural que ha sido durante décadas invisibilizada y normalizada por la concurrencia de prejuicios capacitistas, estereotipos de género y marcos jurídicos que negaban la autonomía de las personas con discapacidad.”.
En este sentido, expuso el caso de España como especialmente ilustrativo, ya que durante más de treinta años el ordenamiento jurídico permitió la esterilización de personas con discapacidad bajo tutela judicial sin necesidad de su consentimiento libre e informado, lo que dio lugar a la autorización de miles de intervenciones irreversibles, afectando de manera abrumadora a mujeres y niñas con discapacidad.
Aunque la reforma del Código Penal en diciembre de 2020 supuso la prohibición definitiva de estas prácticas y alineó a España con los estándares internacionales de derechos humanos, la Fundación CERMI Mujeres advirtió de que esta medida no ha resuelto la situación de las víctimas. Numerosas mujeres esterilizadas bajo amparo legal continúan sin reparación, lo que evidencia una deuda histórica pendiente que exige respuestas basadas en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en línea con el renovado artículo 49 de la Constitución Española.
En este contexto, la Fundación CERMI Mujeres ha impulsado una propuesta legislativa específica para el reconocimiento, reparación e indemnización de las víctimas de esterilización forzosa o no consentida por razón de discapacidad, basada en el principio de que la legalidad formal de una práctica en un momento histórico no elimina su injusticia ni exime al Estado de su responsabilidad.
La iniciativa plantea un enfoque integral que incluye el reconocimiento institucional de las víctimas, la emisión de disculpas públicas, la compensación económica, el acceso a medidas de rehabilitación, como atención sanitaria y apoyo psicológico, la promoción de políticas de memoria y sensibilización social, así como la adopción de garantías efectivas de no repetición. Asimismo, incorpora una medida de especial relevancia simbólica y jurídica, como es la declaración de nulidad de las resoluciones judiciales que autorizaron estas esterilizaciones, con el fin de restituir la dignidad de las víctimas y afirmar de manera inequívoca la incompatibilidad de dichas decisiones con los estándares actuales de derechos humanos.
La participación en este intercambio se enmarca en la labor de incidencia política que la Fundación CERMI Mujeres ha desarrollado durante el último año para situar esta cuestión en el centro de la agenda pública, incluyendo comparecencias ante las comisiones de igualdad y de discapacidad del Congreso de los Diputados y del Senado, con el objetivo de consolidar un consenso amplio que permita abordar la reparación como una cuestión de Estado.
