El acto comenzó con las palabras de Ignacio Garralda, presidente de la Fundación Mutua Madrileña, quien dio a conocer los últimos datos actuales sobre violencia de género. En 2017 han sido asesinadas 41 mujeres y 7 menores, y otros 17 han quedado huérfanos/as. Madrid representa el 50% de los casos atendidos de jóvenes. Se han formulado más de un millón de denuncias por violencia de género, 40.509 de ellas en el primer trimestre de 2017. Es por esta razón que se hace indispensable proporcionar mayor asistencia a las víctimas, acabar con el maltrato y minimizar el impacto, además de analizar mejor la situación ahora con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el cual propone destinar mil millones de euros en 5 años contra la violencia de género. Se trata ante todo de garantizar los derechos para construir una sociedad más justa en la que todas las personas somos responsables.
Mutua Madrileña es un ejemplo de empresa involucrada con la responsabilidad social adoptando líneas de actuación como la campaña “tolerancia 0”.
Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, hizo un breve recorrido desde que John Stuart Mill propusiera el derecho al sufragio de la mujer en Inglaterra, en 1866, hasta nuestros días donde para lograr la igualdad de condiciones todavía falta una mayor educación e independencia económica de la mujer.
Por su parte, el Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad, Mario Garcés, consideró que la lucha contra la violencia de género tiene que ser una batalla conjunta implicando a toda la sociedad y que los medios tecnológicos que disponemos hoy en día deben servir como método de ayuda y sensibilización.
La magistrada María Jesús López Chacón, especificó que los jueces a la hora de resolver casos siempre tienen que atender a los hechos con objetividad e imparcialidad y nunca verse afectados por presión social o emocional.
Para el Cuerpo Nacional de Policía es necesaria una investigación más a fondo y que toda víctima acuda a las dependencias policiales para denunciar casos de violencia de género y que utilicen los teléfonos de emergencia. Actualmente hay más de 50.000 víctimas registradas en el sistema, 16.000 de ellas con riesgo no apreciado.
Gemma Gallego Sánchez, magistrada especializada en el Convenio de Estambul, señaló que este Convenio es un paradigma en el que los 47 miembros del Consejo de Europa se unen para luchar por la igualdad y la defensa de los derechos humanos.
Otro aspecto tratado ha sido la necesidad de una mayor especialización de los y las profesionales dedicados a atender a las víctimas. Toda víctima debe tener derecho a asistencia también antes de denunciar para lograr un mayor empoderamiento y siempre adoptando una perspectiva de género.
Para terminar, Santiago Carrasco Martín explicó la necesidad de reeducar sobre todo en valores y respeto y hacer un ejercicio de prevención con el seguimiento de profundizar en el sistema actual y contando con más material y campañas para enseñar, alertar y detectar casos.
