Así lo ha manifestado CERMI Mujeres durante el III Encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, iniciativa impulsada por la propia fundación con el objetivo de ofrecer un espacio crítico para el debate teórico-político y la formación, que facilite el análisis de las principales corrientes de pensamiento feministas y sus conexiones con otras luchas por los derechos humanos en el mundo actual.
En este encuentro, ha participado Amaia Pérez Orozco, doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, que, además de una intensa actividad académica y de investigación.
De esta manera, Pérez Orozco, ha impartido una conferencia magistral sobre las políticas de cuidados y su impacto en las mujeres. Según la experta, “los cuidados son todo aquello que no pudo parar cuando todo lo demás paró con la pandemia”. Así, se ha referido a dos formas de enfocarlos, por un lado, como aquellas tareas que se dirigen a resolver cuestiones de dependencia y, por otro, como los trabajos domésticos o reproductivos, que “históricamente han sido realizados por las mujeres en condiciones de desigualdad, aun siendo fundamentales para la vida”.
En este sentido, ha lamentado que los cuidados hayan sido “invisibilizados” y ha denunciado el sistema económico actual que, a su juicio, “contiene en su base estos trabajos invisibles y negados que sostienen la economía de mercado y el ámbito de lo público”. Por ello, ha enfatizado en la necesidad de concretar políticas públicas que permitan cambiar este modelo de cuidados.
DERECHO COLECTIVO AL CUIDADO
Así, se ha referido a este sistema de cuidados injustos, donde “no existe la responsabilidad colectiva en el cuidado cotidiano de la vida ni en la reconstrucción cotidiana del bienestar”. De hecho, ha asegurado que “esta inexistencia de una responsabilidad colectiva implica que los cuidados estén reprivatizados y que, cada vez, las personas con una mayor renta tiendan a comprarlos”.
De la misma manera, ha asegurado que quienes están realizando tareas de cuidado son las mujeres, sin que esta labor sea reconocida como un trabajo que debe ser compensado”. “Esto se traduce en una desigualdad en la distribución de cuidados”, ha lamentado, que fluye de mujeres hacia hombres, de pobres hacia personas con un poder adquisitivo medio y alto, y del sur global hacia el norte. En este sentido, también se ha referido a la existencia de un nexo sistémico entre cuidados, desigualdad y exclusión ya que “quien cuida más está en una peor exposición económica y, además, obtiene a su vez menos cuidados”.
En relación a la discapacidad, ha subrayado que las principales cuidadoras son mujeres, poniendo de manifiesto el riesgo que existe de que “estos trabajos puedan derivar en una discapacidad”, por lo que es importante que quienes cuidan también sean cuidadas. Esta es una manera de evitar el impacto negativo que el desarrollo de estas tareas pueda producir en el bienestar físico y emocional.
Por ello, ha apostado por unas políticas públicas que tengan como objetivo el derecho colectivo al cuidado para que todas las personas puedan tener la capacidad de obtener cuidados que respondan a cada necesidad en todos los momentos del ciclo vital y que combine la doble dimensión de dar cuidados y de recibirlos. “Necesitamos garantizar la capacidad de elección en la recepción de los cuidados y en la provisión de los mismos”, ha concluido.
Por último, se ha referido a los objetivos transversales para avanzar en el derecho colectivo multidimensional, que constan de 4 erres: "reconocer, reducir, redistribuir y representar".
Tras esta conferencia magistral, se ha celebrado un coloquio con el Comité de personas expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, que en esta ocasión ha estado representado por la secretaria General de Fundación ONCE, Teresa Palahí Juan; la presidenta de la Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable, Mariqueta Vázquez Albertino, y la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero Pérez.
Durante el coloquio se ha resaltado la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada hace 15 años. En este sentido, todas han coincidido en que “aunque se aprobó como un avance importante de estas políticas del cuidado, el caso de las mujeres a las que hacía referencia, no han sido consideradas de manera particular”. Como se ha señalado, esto es fruto de la “poca toma en consideración” de las demandas que la sociedad civil realizó durante la elaboración de esta norma.
Por último, se ha abordado el tema de la violencia contra las mujeres con discapacidad que en la “inmensa mayoría de los casos se produce en los entornos familiares de mano de quienes tienen la responsabilidad de prestar el cuidado”. Este análisis sitúa el foco no en quién presta el cuidado, sino en quién lo recibe y en el legítimo derecho a renunciar, si es el caso, a cuidados considerados injustos.
Por ello, han lamentado que esta ley “haya sido una oportunidad perdida para establecer políticas públicas de promoción de autonomía personal con un enfoque de género, ya que esta dimensión podría haber sido una herramienta muy útil para empoderar a las mujeres con discapacidad y como mecanismo para prevenir situaciones de violencia en el ámbito de la pareja y en el ámbito familiar”.
