Durante el acto, presentado por Ana Peláez, miembro del Comité de la ONU contra la discriminación de las mujeres (CEDAW) y vicepresidenta ejecutiva del CERMI, se ha presentado el primer estudio global sobre discapacidad, violencia de género y salud sexual y reproductiva.
En concreto, el presidente del Gobierno ha acudido al acto We Decide: Mujeres y jóvenes con discapacidad, un programa a favor de la igualdad de oportunidades y por una vida sin violencia, en el que Sánchez ha expresado el firme compromiso del Gobierno de España con la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres y los jóvenes con discapacidad. El programa impulsado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en ingles) y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, tiene por objeto promover el empoderamiento de chicas adolescentes con discapacidad. En su elaboración ha participado activamente el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI) con el apoyo de la Fundación CERMI Mujeres.
Durante el acto, presentado por Ana Peláez, miembro del Comité de la ONU contra la discriminación de las mujeres (CEDAW) y vicepresidenta ejecutiva del CERMI, se ha presentado el primer estudio global sobre discapacidad, violencia de género y salud sexual y reproductiva.
Este estudio recomienda que las y los jóvenes con discapacidad y sus organizaciones representativas deberían participar plenamente en el diseño y la implementación de aquellos programas que les afecten directamente
La investigación realiza un análisis del estado de la discriminación y la violencia sexual y de género en estos sectores de población y el impacto en su salud y derechos sexuales y reproductivos, así como una valoración detallada del marco legal y político, acompañado de recomendaciones para los Estados miembros, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas en la prestación de servicios a las víctimas con discapacidad. Específicamente, se trata de un estudio que persigue dos objetivos:
La actualización y análisis de la situación de la juventud con discapacidad en cuanto a discriminación y violencia de género, incluyendo el impacto sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva.
La aportación de análisis detallado de políticas sociales, legislaciones y programas de buenas prácticas
El objetivo final es el fortalecimiento nacional de las leyes y políticas de inclusión e igualdad de género para el beneficio de las y los jóvenes con discapacidad, especialmente chicas adolescentes y niñas con discapacidad; la eliminación de la discriminación contra ellas y el fomento de sus decisiones sexuales y reproductivas; así como el reconocimiento y la promoción de sus derechos a ser miembros activos de la sociedad.
Asimismo, la investigación persigue la identificación de las áreas con carencia estadística. Y es que los datos desagregados por discapacidad, edad y sexo son muy escasos. No obstante, tras este análisis se ha podido constatar que:
Las y los jóvenes menores de 18 años con discapacidad, especialmente las mujeres adolescentes, tienen una probabilidad cuatro veces mayor de padecer abusos, en comparación con los jóvenes sin discapacidad.
Las niñas y chicas adolescentes con discapacidad presentan mayores probabilidades que los chicos adolescentes con discapacidad. De hecho, el 62% de las mujeres con discapacidad menores de 50 años ha experimentado violencia física y la tasa de agresiones sexuales es tres veces mayor a la de las mujeres sin discapacidad.
A las niñas y chicas adolescentes con discapacidad se les deniega, casi sin excepción, el derecho a tomar decisiones en su salud sexual y reproductiva, incrementando, con ello, el riesgo de violencia sexual, embarazo no deseado y concurrencia de enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia, la autoimagen y la autoestima personal se ve negativamente afectadas.
Las niñas y chicas adolescentes tienen menores probabilidades de acceso a la educación, conduciendo a un aumento del riesgo social de exclusión y pobreza en la edad adulta. En efecto, las mujeres con discapacidad tienen una tasa de empleo del 19,6%, frente a la tasa de empleo del 29,9% en las mujeres sin discapacidad y la tasa de empleo del 52,8% en el caso de los hombres con discapacidad.
Las niñas y chicas adolescentes con discapacidad tienen menor conocimiento de su salud sexual y reproductiva, así como acceso limitado a sus derechos. Con carácter general, las niñas y chicas adolescentes con discapacidad no son percibidas como sujetos necesitados de información sexual y reproductiva, ya que no se las entiende capaces de tomar sus propias decisiones. En un estudio, desarrollado en Etiopía, se ha descubierto que solo el 35% de las chicas adolescentes con discapacidad utiliza métodos anticonceptivos en su primer encuentro sexual y el 63% afronta un embarazo no deseado a lo largo de su vida.
Los niños y niñas con discapacidad están más marginados y excluidos de los grupos que los niños y niñas sin discapacidad. Un estudio en Canadá demuestra que el 53% de los niños y niñas con discapacidad no tiene ningún amigo cercano en el entorno educativo.
Las niñas y niños con discapacidad son casi tres veces más propensos a sufrir situaciones de violencia sexual que las niñas y niños sin discapacidad, siendo especialmente significativa la prevalencia en el caso de las niñas con discapacidad. En efecto, una investigación del Foro Africano de la Política del Niño constata que las chicas y chico jóvenes con discapacidad entrevistados sin excepción habían sufrido abuso sexual al menos alguna vez en su vida.
Las niñas y niños con discapacidad auditiva, visual, cognitiva o múltiple son más vulnerables a todas las formas y tipos de violencia. Varios estudios verifican que las niñas y los niños con discapacidad cognitiva tienen una probabilidad cinco veces mayor de sufrir algún tipo de acoso escolar.
Y es que la violencia contra niñas y niños con discapacidad se encuentra ampliamente tolerada, en cierta medida como forma de control o disciplina de comportamiento. Una investigación de UNICEF llevada a cabo en 2017 confirma que 1,1 billones de personas cuidadoras admiten que la violencia física es necesaria para castigar y controlar comportamientos indeseados.
La discapacidad también incrementa el riesgo de la juventud de ser objeto de tráfico sexual u otros trabajos forzados. Este riesgo se atribuye a la falta de inclusión social de las y los jóvenes con discapacidad, que conduce incluso a que en algunos sean sus propias familias las que ejerciten ese tráfico.
La carencia de educación sexual, incluida la educación sobre VIH y otras enfermedades de transmisión sexual pueden conducir a conductas sexuales de riesgo. En este sentido, varios estudios constatan bajos niveles de uso de medios anticonceptivos en las y los jóvenes con discapacidad.
Este estudio tiene por objeto el abordaje integral de las niñas y niños con discapacidad mediante el desarrollo de nuevas leyes, políticas y programas públicos a nivel internacional, con la finalidad última de implementar servicios y promocionar los derechos de las niñas y niños con discapacidad en sus entornos nacionales y locales más cercanos.
La eliminación de la violencia de género y el empoderamiento en el ejercicio de los derechos sobre salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes con discapacidad requiere un abordaje integral que involucre a todos los sectores del gobierno
Asimismo, un segundo propósito es que las y los jóvenes con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad y no discriminación. Los Estados no solo deben eliminar leyes discriminatorias e implementar regulaciones de garantía igualitaria sino también prestar atención a las distintas necesidades de las y los jóvenes con discapacidad dentro de las leyes, políticas y programas públicos, asegurando, en todo caso, que la igualdad forma parte de la práctica política y de la práctica social.
Principales recomendaciones
Las y los jóvenes con discapacidad y sus organizaciones representativas deberían participar plenamente en el diseño y la implementación de aquellos programas que les afecten directamente. Esto incluye controlar y evaluar el desarrollo de la legislación nacional, así como implementar medidas desde la sociedad civil de construcción de habilidades y capacidades de las personas jóvenes con discapacidad, con la finalidad última de garantizar su participación en los foros públicos de toma de decisiones.
Fomentar la igualdad de las personas jóvenes con discapacidad en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y en la prevención y respuesta a la violencia de género. Los Estados no solo deben eliminar las normativas discriminatorias y garantizar la igualdad legal, sino también prestar atención a las distintas necesidades de las jóvenes con discapacidad. Así pues, el enfoque legislativo debe considerar la interseccionalidad de las diferentes formas de discriminación para asegurar que ningún caso se escapa al abordaje.
Acabar con el estigma y la discriminación contra las personas jóvenes con discapacidad es una medida clave para su plena inclusión. Para ello, resulta esencial concienciar y formar a todos los agentes sociales, desde los propios jóvenes con discapacidad hasta los actores legislativos, servicios sociales, medios de comunicación y público en general.
La legislación debe tomar en consideración los componentes naturales de la discriminación sobre la base de discapacidad, género y edad, entre otras categorías, a fin de abordar la discriminación desde una perspectiva única que considere, a su vez, la pobreza, la institucionalización y otros multiplicadores de inequidad.
La eliminación de la violencia de género y el empoderamiento en el ejercicio de los derechos sobre salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes con discapacidad requiere un abordaje integral que involucre a todos los sectores del gobierno en todos sus niveles, incluidos los servicios de salud, los servicios sociales, los servicios educativos, la justicia y los operadores jurídicos.
Los sistemas de control y evaluación de las intervenciones para el avance de los derechos de las y los jóvenes con discapacidad son necesarios para asegurar que cada intervención alcanza los objetivos de inclusión de los jóvenes con discapacidad en todas sus formas de diversidad y en respuesta a sus necesidades.
La recogida de datos deberá ser desagregado sobre la base de edad, sexo y discapacidad, entre otros factores, a fin de cumplir con los requisitos de desarrollo. Los datos deberán ser recogidas desde la lógica de los propios implicados: jóvenes con discapacidad, adoptando enfoque inclusivo y de género y de forma accesible. Asimismo, los datos deberán ser publicados garantizando la disponibilidad y accesibilidad de todos los actores, a fin de asegurar que los legisladores, investigadores y las organizaciones de la sociedad civil pueden emplear para identificar las desigualdades y brechas existentes entre los diferentes grupos.
Los Estados, las Organizaciones Internacionales y el tercer sector deben considerar la discapacidad en sentido nacional, organizacional y de asistencia extranjera en su formulación de presupuestos para garantizar la existencia de recursos suficientes que garanticen que todas las actividades del programa referentes a con salud sexual y reproductiva como a prevención de la violencia de género se puedan llevar a término.
