La mañana de la segunda jornada del V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad ha puesto en el centro del debate la urgencia de abordar la salud mental como una cuestión de derechos humanos y justicia social. A lo largo de las distintas ponencias, se ha enfatizado la necesidad de superar enfoques médicos o securitarios para dar paso a modelos jurídicos y sociales centrados en el respeto a la voluntad y preferencias de las personas, en consonancia con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas.
El eje temático de la jornada —centrado en la salud mental y la inclusión desde una perspectiva jurídica y social— ha permitido profundizar en cuestiones clave como la capacidad jurídica, la discriminación interseccional, la libertad personal, el diseño normativo de las políticas públicas de salud y la inimputabilidad penal de personas con discapacidad psicosocial.
La primera intervención corrió a cargo de Juana Morcillo Moreno, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien abordó la necesidad de ofrecer apoyos efectivos al ejercicio de la capacidad jurídica para personas con discapacidad psicosocial. Morcillo destacó el impulso que en España ha supuesto la reforma legal de 2021 en esta materia, aunque señaló las dificultades prácticas de su aplicación. Recalcó la importancia de no sustituir la voluntad de la persona, sino de acompañarla con apoyos ajustados a sus preferencias, incluyendo figuras como la autocuratela o los poderes preventivos. También planteó los retos que supone conjugar la autonomía individual con la protección de terceros, especialmente en situaciones de riesgo, citando instrumentos internacionales como el Convenio de Oviedo.
A continuación, Ana Peláez Narváez, experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, denunció la situación de discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial, un grupo especialmente expuesto a violencia, exclusión social e invisibilización. Peláez reclamó el fin de prácticas históricas lesivas como la esterilización forzada, y exigió políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos. “Las mujeres con discapacidad psicosocial han sido históricamente silenciadas, pero hoy alzan la voz para reclamar su derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y su participación en la sociedad", afirmaba.
La sesión continuó con la ponencia del catedrático Antonio-Luis Martínez-Pujalte, centrada en las afecciones al derecho a la libertad personal por razón de salud mental. Pujalte cuestionó la legalidad y legitimidad del internamiento involuntario, subrayando que la CDPD impide cualquier tratamiento médico no consentido por la persona, incluso en contextos de discapacidad psicosocial. Defendió el principio de la “dignidad del riesgo” y propuso una profunda reforma tanto de la Ley de Autonomía del Paciente como de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para garantizar que ningún internamiento se fundamente en la simple presunción de peligro. Asimismo, subrayó la necesidad de un cambio cultural entre los operadores jurídicos y sanitarios.
Fernando Lamata Cotanda, miembro de la Junta Directiva de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento y del Consejo Consultivo de la Confederación Salud Mental España, ofreció una visión histórica de las políticas públicas en materia de salud mental, desde modelos centrados en el encierro hasta los enfoques comunitarios del siglo XX. Advirtió que los avances no están garantizados y pueden revertirse si no se sostienen mediante marcos normativos claros y dotación presupuestaria adecuada. “Sin presupuestos justos y adecuados, no pueden hacerse efectivos los derechos sociales”, alertó Lamata.
La jornada de la mañana concluyó con la intervención del fiscal David Mayor Fernández, quien analizó el concepto de inimputabilidad penal de personas con discapacidad psicosocial, cuestionando su compatibilidad con los derechos reconocidos en la CDPD. El fiscal señaló que la inimputabilidad, tal y como está concebida hoy, puede derivar en prácticas discriminatorias: impide que una persona sea declarada inocente y conduce a medidas de seguridad, como el internamiento, que muchas veces resultan más gravosas que las penas de prisión. Mayor reclamó una revisión legislativa profunda y medidas que aseguren el derecho a un juicio justo y con garantías.
Las ponencias han dibujado un panorama complejo pero necesario, que continuará desarrollándose en la sesión de tarde, dedicada al diseño de políticas públicas de salud mental renovadas desde una perspectiva participativa y con base en los derechos humanos.
Este Congreso —organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Universidad de Castilla-La Mancha y la asociación Laborvalía— reúne a casi trescientos expertos del ámbito jurídico, académico, institucional y del movimiento asociativo.
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