La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Igualdad del Senado para reclamar la aprobación urgente de una ley de reparación integral para las personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres y niñas, que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1989 y 2020, bajo cobertura legal del Código Penal español, y por tanto por sentencia judicial.
Durante la sesión, la Peláez, denunció que la legislación penal española permitió hasta hace apenas cinco años la esterilización forzada de personas con discapacidad, con base en dictámenes médicos y decisiones de tutores legales, mayoritariamente en el caso de mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial. Se recordó que esta práctica ha sido calificada por órganos internacionales como trato cruel, inhumano o degradante. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, más de 1.100 personas fueron esterilizadas judicialmente solo entre 2005 y 2016, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor debido a la ausencia de registros completos.
La Fundación, en representación del movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, subrayó que la derogación de la práctica mediante la Ley Orgánica 2/2020 y la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución supusieron avances importantes, pero insuficientes. “Sin una ley de reparación, el daño causado permanece invisibilizado y sin respuesta”, se advirtió. La el movimiento CERMI defiende una reparación basada en cinco pilares: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en línea con los principios internacionales de justicia reparadora.
Desde CERMI Mujeres se propuso como horizonte simbólico y político el año 2026 —cuando se conmemorará el 20.º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— para que la ley esté plenamente en vigor. Además, está prevista la recepción oficial en el Congreso de los Diputados el próximo 10 de junio de 2025. Asimismo, se ha solicitado una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y con la Secretaría de Estado. La propuesta se presentará también en la próxima reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad.
Durante la comparecencia, se insistió en que el Estado debe ejercer su deber de diligencia para garantizar que todas las víctimas, puedan acceder a la reparación. “Debe haber justicia social, y cada víctima debe tener derecho a una compensación económica justa y a medidas que restituyan su dignidad y autonomía”, se expuso ante la Comisión, subrayando la urgencia de avanzar hacia una respuesta institucional clara y valiente.
Las senadoras integrantes de la Comisión de Igualdad acogieron favorablemente la propuesta, reconociendo la gravedad de la injusticia cometida y la necesidad de reparar integralmente a las mujeres con discapacidad afectadas. Valoraron positivamente el trabajo desarrollado por la Fundación CERMI Mujeres, y diversos grupos parlamentarios expresaron su disposición a estudiar en profundidad el texto, destacando su solidez y la oportunidad que representa para avanzar en la construcción de una democracia más justa e inclusiva.
