Consideraciones previas
La aprobación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores por parte de las Naciones Unidas representa una respuesta urgente y necesaria ante las carencias del actual sistema internacional de derechos humanos. Las evidencias recopiladas durante más de una década de trabajo del Open Working Group on Ageing evidencian que las personas mayores, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, siguen enfrentando discriminación, exclusión y trato desigual. Una Convención específica es el instrumento normativo más eficaz para establecer obligaciones claras a los Estados y garantizar protección y dignidad a este grupo de población creciente.
Este impulso debe contar con un firme liderazgo institucional y político por parte de los Estados. El Movimiento CERMI reclama al Reino de España que lo ejerza con firmeza y convicción. El compromiso activo de los gobiernos es clave para avanzar en los trabajos de redacción y negociación del texto, asegurando que recoja un enfoque de derechos, interseccional e inclusivo, que tenga en cuenta las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluidas las que viven con discapacidad, en situación de pobreza o aislamiento social.
En el despliegue de estos trabajos de preparación resulta fundamental, y así lo exigimos, que esté presente la sociedad civil directamente, como una parte más, a través de las organizaciones representativas, incluidas la de la discapacidad. Nada valioso podrá hacerse de espaldas a los movimientos sociales organizados. La futura Convención ha de reconocer y garantizar el derecho de las personas mayores a participar intensamente en la sociedad y en las decisiones que les afectan. Para ello, insistimos, debe establecerse un mecanismo estable de participación que dé voz a las organizaciones representativas de las personas mayores, tanto a escala nacional como internacional. Este diálogo estructurado permitiría que la Convención se construya desde la experiencia vivida, la sabiduría acumulada y las legítimas demandas de este grupo humano.
La participación de la sociedad civil organizada será esencial para legitimar y enriquecer el proceso. El movimiento asociativo de personas mayores en España y otros países y regiones del mundo, incluido el de personas mayores con discapacidad, puede aportar conocimiento experto, propuestas concretas y vigilancia sobre el cumplimiento efectivo de los derechos. Una Convención no solo establecería un nuevo marco jurídico, sino que también impulsaría un cambio cultural: el reconocimiento de las personas mayores como sujetos plenos de derechos, con valor social, autonomía y capacidad de contribuir activamente a sus comunidades.
El presente documento responde al objetivo de realizar una doble propuesta fundamentada por parte de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI y por parte de la Fundación CERMI Mujeres sobre aquellos aspectos de la realidad de las personas con discapacidad mayores y de las mujeres con discapacidad mayores que deberían plantearse como contenidos que el CERMI desea sugerir para integrar la futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores.
Capítulo 1
Las personas con discapacidad mayores y sus derechos fundamentales
Aportaciones de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI a la futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas de Edad.
1.1.-Introducción
El pasado tres de abril el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano intergubernamental de la ONU encargado de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo, estableció un grupo intergubernamental para elaborar un proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante que promueva, proteja y garantice el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las personas de edad. España figura entre los cuarenta y dos países impulsores de esta iniciativa cuya misión es redactar una convención específica, es decir, un tratado internacional de gran calado que vele por los derechos de las personas mayores y en nuestro caso imprescindible para las personas con discapacidad mayores como veremos a lo largo del presente documento.
Sin herramientas jurídicas es difícil exigir a los estados que protejan los derechos de las personas con discapacidad mayores y ningún tratado los aborda específicamente en la actualidad. Con una Convención se fortalecería la rendición de cuentas de gobiernos y organismos internacionales y crear estándares universales. En el caso de las personas con discapacidad se apoya y fomenta el derecho a vivir en la comunidad, sin embargo, para las personas con discapacidad mayores, este hecho se desatiende y menosprecia totalmente.
Aunque existen argumentos suficientes para justificar que las personas mayores y particularmente las personas con discapacidad mayores son titulares de derechos humanos desde un punto de vista jurídico, una convención internacional específica contribuiría a visibilizar las violaciones que las afectan y a mejorar la respuesta de los Estados.
El nuevo grupo de trabajo celebrará dos sesiones anuales en Ginebra y una reunión organizativa antes de que finalice el año 2025. El Consejo ha solicitado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preste toda la asistencia necesaria y ha exhortado a los Estados y actores relevantes a celebrar reuniones regionales virtuales para contribuir al proceso. Asimismo, alienta a una participación de todas las partes interesadas, incluidas las personas de edad y las organizaciones que las representan. El éxito para la elaboración de la nueva Convención dependerá, en gran medida, de la participación directa en su proceso de redacción de las propias personas mayores y de las organizaciones de la sociedad civil.
1.2.- Características de las personas con discapacidad mayores
El envejecimiento de las personas con discapacidad representa un proceso complejo que involucra múltiples dimensiones de derechos, salud, funcionalidad y participación social, las personas con discapacidad mayores se enfrentan a desafíos específicos que requieren una atención especializada y estrategias de intervención adaptadas a sus necesidades cambiantes.
Avanzando un poco más podemos destacar dos hechos muy disímiles como son las diferencias entre las personas que llegan a mayores siendo portadoras de una discapacidad, que denominaríamos personas con discapacidad mayores, de aquellas que una vez han pasado la barrera subjetiva de los 65 años la adquieren, lo que se conoce como discapacidad sobrevenida, como consecuencia de un accidente, del deterioro natural de sus procesos vitales al igual que por la influencia de condiciones previas tanto personales, económicas o sociales y que denominaríamos personas mayores con discapacidad, ambos son hechos que se perciben y se viven con acusadas diferencias.
Una de las fortalezas de las personas con discapacidad mayores, es decir, aquellas con discapacidad desde el nacimiento, la infancia o la madurez, reside en que ésta, la discapacidad, resulta un factor de construcción de la propia identidad individual en relación con otros muchos, habiendo debido encontrar y dar una respuesta vital al hecho de convivir a lo largo del tiempo con ella, lo cual, llegada la tercera edad, constituye una experiencia de enorme valor tanto personal como de sus entornos cercanos, a poder dar a conocer y enseñar a vivirla a otros colectivos que, como en el caso de las personas mayores con discapacidad, a las que habiéndoles sobrevenido una vez han llegado a los 65 años o más, no disponen del adecuado rearme intelectual y suele constituir, tanto para ellas como para sus entornos, un enorme tensionamiento de su red social, familiar y personal ya que generalmente se ven abocadas a dar respuestas inmediatas a situaciones para las que es habitual carezcan de suficientes medios, conocimientos y experiencia; en el CERMI, como es lógico y natural, se trabaja para ambos colectivos.
Según el Instituto Nacional de Estadística INE, en 2021 aproximadamente el 19,4% de la población española tenía 65 años o más, lo que equivale a unos 9 millones de personas de las cuales y según el Informe sobre Discapacidad en España 2022, elaborado por el INE en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, alrededor del 35% de estas personas mayores de 65 años tienen alguna discapacidad lo que significa que aproximadamente 3,15 millones de personas mayores en España viven con discapacidad.
Por otra parte, y siguiendo al INE 2022, la prevalencia de la discapacidad aumenta con la edad así, en el grupo de 75 años y más, la proporción de personas con discapacidad se eleva al 50%, siendo los tipos de discapacidad más comunes las relacionadas con la movilidad, el 60%, seguidas, con el 20% por las dificultades auditivas y visuales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) señala que "las personas mayores con discapacidad tienen más necesidades de atención y apoyo lo que requiere políticas específicas para garantizar su bienestar".
La tendencia indica que el número de personas con discapacidad mayores seguirá creciendo en los próximos años, debido al envejecimiento progresivo de la población española. Se estima que para 2050 casi el 30% de la población será mayor de 65 años aumentando la prevalencia de la discapacidad en este grupo proporcionalmente (Eurostat, 2023).
Se podría decir que estamos asistiendo a la aparición de las primeras generaciones de personas con discapacidad que se hacen mayores sin que su esperanza de vida sea abruptamente acortada por el hecho de presentar una discapacidad, ello gracias al empuje político y al trabajo realizado por sus organizaciones que como el CERMI, han impulsado avances específicos en sanidad y mejoras en la calidad de vida que, finalmente, los poderes públicos han sabido ofertar a través de derechos, servicios y prestaciones destinados a ellas.
La progresión de la discapacidad funcional, bien sea física, sensorial, cognitiva o intelectual, constituye un reto que puede contribuir a una reducción en la movilidad y la independencia que junto la presencia de comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes o trastornos neurológicos también pueden llevar a incrementar la complejidad y la necesidad de un manejo multidisciplinar y a factores de riesgo para la salud que deriven en situaciones de fragilidad o dependencia, en muchas ocasiones evitables; la equidad en la salud es, por lo tanto, un reto destacado.
Por otro lado, resulta obligado destacar que en determinados colectivos de ciudadanos se dan otras manifestaciones del envejecimiento, ligado con la discapacidad, que comienzan antes de la edad cronológica que usualmente se entiende como inicio de la vejez (la cual, atendiendo a un criterio sociolaboral, también éste relativo, sería a partir de la jubilación que en la mayoría de los casos se encuentra entre los 60 y 65 años). Estas otras manifestaciones del envejecimiento tendrían su comienzo a los 40 a 50 años, como es el caso de las personas con síndrome de Down o con trastornos del espectro autista, respectivamente, una realidad que desde el punto de vista de su esperanza de vida es diferenciadora y relevante, precisando abordajes que den lugar a políticas públicas de respuesta adecuada.
Estas otras manifestaciones del envejecimiento conllevan tratar a la persona como mayor sin ser reconocida como tal, aspecto este escasamente contemplado en la actualidad, pero determinante para algunos colectivos que se encuentran con la imposibilidad de acceder a determinados recursos, servicios o prestaciones por no cumplir el requisito administrativo de la edad a pesar de encontrarse en una situación propia de un envejecimiento.
Las personas con discapacidad mayores constituyen el colectivo social fruto de la convergencia del binomio discapacidad y edad avanzada, dimensión esta escasamente explorada y tratada, por ello la más desconocida, con el agravante de una casi inexistente respuesta pública lo que resulta proclive a generar problemas de inequidad ante la falta de justicia e igualdad en la distribución de recursos, oportunidades o trato y que contribuyen a dificultar o llegan a impedir el diseño y disfrute de un envejecimiento acorde al propio proyecto vital de empoderamiento y derechos, que se vería como normal e incluso evidente en cualquier otro ciudadano.
1.3.- Personas con discapacidad mayores y derechos
Pero no es sino en el ámbito de los derechos, encaminados a dar cobertura y protección al colectivo y prácticamente inexistentes en la actualidad, donde se encuentran los mayores retos como pueden ser el edadismo, el relego a roles secundarios en la sociedad o el escaso y menguante cumplimiento de la accesibilidad universal, por citar los de una mayor actualidad, particularmente cuando van destinados a los ciudadanos con discapacidad mayores. La perspectiva de género también es clave ya que las mujeres con discapacidad mayores parten de situaciones vitales más comprometidas y se ven más expuestas a la vulneración de sus derechos.
En España la ausencia de instrumentos legislativos vinculantes y que explícitamente señalen a las personas con discapacidad mayores como sujetos directos de su aplicación, ha generado vacíos en la protección legal, permitiendo que las políticas públicas sean insuficientes o inadecuadas para responder a las necesidades específicas de esta población.
El desafío estriba, por lo tanto, en poder ser reconocidas como titulares de derechos más allá de su condición de beneficiarios de servicios y prestaciones superando el enfoque meramente asistencialista. En este sentido, a diferencia de la minoría de edad que es una categoría jurídica en sí misma y como tal da lugar a un régimen jurídico singular, las personas mayores carecen de reconocimiento jurídico como grupo humano diferenciado.
Consecuente la propuesta de una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores representa un avance estratégico en la consolidación de un marco normativo global destinado a garantizar la protección y promoción de los derechos de esta población vulnerable. La implementación de dicho instrumento jurídico internacional responde perfectamente a la necesidad de establecer estándares tanto nacionales como universales que aborden las particularidades y desafíos asociados al envejecimiento de las personas con discapacidad mayores en diferentes contextos, que contribuirá a promover su inclusión social, económica y política, asegurando la protección efectiva de sus derechos en cualquier ámbito: accesibilidad universal, bienestar, nuevas tecnologías, soledad no deseada, sanidad, género o zonas rurales y que constituyen algunos de los ámbitos que se desarrollarán en este documento como una muestra contundente y en ocasiones dramática del camino que resta por recorrer y que la futura Convención puede allanar.
Se trataría, por ello, de abordar estos planteamientos desde una perspectiva amplia, interdisciplinar y de atención integral centrada en la persona que permita visibilizar la problemática de las personas con discapacidad mayores desde un enfoque de derechos humanos y en la necesidad de desarrollos normativos y políticos adaptados a la realidad que vivimos, pero siempre con la vista puesta en promover, respetar y hacer cumplir el inalienable derecho a participar y decidir del propio colectivo.
Es fundamental, además, que la futura convención incluya disposiciones específicas orientadas a la prevención de la aparición de discapacidades y al agravamiento de las ya existentes lo que se sumaría a la obligación de los estados a generar entornos accesibles, seguros y adaptados, así como a garantizar el derecho al acceso a servicios de salud, rehabilitación y a tecnologías, productos y servicios de apoyo.
1.4.- Accesibilidad universal
No olvidar que las personas con discapacidad mayores también son sujetos destinatarios de la accesibilidad, en cualquiera de sus dimensiones, como derecho, cosa escasamente asociada a este colectivo y origen, por ejemplo, de numerosas caídas de personas mayores en sus domicilios. Esta, la accesibilidad destinada al colectivo de las personas con discapacidad mayores, no sólo debe ser accesibilidad al medio físico, sino que se debe hacer extensiva a cualquier ámbito como el transporte, la información, las comunicaciones, los sistemas y las tecnologías digitales o a cualquiera otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, siendo el de la salud de una extraordinaria relevancia.
La accesibilidad debe estar presente y contemplada en los nuevos tratamientos derivados de la bioingeniería, en las tecnologías sanitarias digitales basadas en la inteligencia artificial, en la publicidad de los productos sanitarios, en la dotación de equipamientos, como sería el caso de la progresiva desaparición de los Centros de Salud en proximidad o en la comunicación con los profesionales sanitarios, precisando de adecuación y eficiencia ante sus limitaciones y que les permita el conocimiento y comprensión de sus patologías así como una participación en la toma de decisiones personal e informada.
1.5.- Bienestar
El bienestar es otro ámbito poco conocido y desarrollado para las personas con discapacidad mayores. Se opta por incluir este ámbito con el fin de abordar desde una óptica diferente las necesidades del colectivo de ciudadanos personas con discapacidad mayores.
Desde una perspectiva psicológica, el bienestar se relaciona con la satisfacción con la vida, la presencia de emociones positivas y la ausencia de emociones negativas y se encuentra vinculado a la percepción de autonomía y control sobre la propia vida.
Con el objetivo de diseñar políticas acertadas que ayuden a su calidad de vida, los gobiernos deberían establecer sistemas para recopilar datos sólidos sobre el bienestar de sus ciudadanos, entendido este como el estado positivo que experimentan los individuos, término amplio que no solo abarca la salud, sino también el estado emocional, la estabilidad social y la satisfacción psicológica.
En resumen, el bienestar en las personas se entiende como un estado integral que combina salud física, emocional, relaciones sociales satisfactorias, sentido de propósito y autonomía. Es un concepto dinámico y multifacético que varía según contextos culturales y personales pero que en esencia busca promover una vida plena y equilibrada, en este caso, de las personas con discapacidad mayores.
1.6.- Nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías pueden constituir, y comienzan a dar pruebas de ello, un gran aliado de las personas vulnerables, pero también un obstáculo difícil si no se desarrollan contando con la necesaria accesibilidad y posibilidad de adquisición.
En cualquier ámbito de la vida diaria las nuevas tecnologías son transversales y entendemos por ellas las que abarcan un conjunto de herramientas, técnicas y sistemas que utilizan avances recientes en campos como la informática, las comunicaciones y la electrónica.
Bien elegidas y enfocadas pueden colaborar al desarrollo y mantenimiento del itinerario vital personal que deseen las personas con discapacidad mayores en la medida que contribuyan a facilitar sus actividades de la vida diaria, a la mejora y mantenimiento de su autonomía personal facilitando su vida independiente, seguridad dentro y fuera del hogar, preservación de sus relaciones sociales y desarrollo personal.
Al hablar de nuevas tecnologías con influencia en el quehacer cotidiano de las personas con discapacidad mayores y por citar algunas, hablamos de aquellas como la inteligencia artificial y sus diagnósticos más precisos, siempre y cuando previamente haya sido entrenada para considerar a este grupo social, Internet, redes sociales, aplicaciones para dispositivos móviles, telemedicina, impresión en tres dimensiones de órganos o el “Internet de las Cosas”.
Las nuevas tecnologías es preciso que tengan en cuenta e implementen las características y necesidades de las personas con discapacidad mayores, a ser posible, desde el comienzo de su diseño y que sean las propias administraciones las que con su ejemplo y a través de buenas prácticas las incorporen en sus iniciativas y planes tecnológicos, en los pliegos de condiciones de sus compras y en la formación que imparten a su personal.
También hemos de mencionar la brecha digital, concepto que, aunque no tiene una definición única y aceptada universalmente, podemos considerar hace referencia a la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las nuevas tecnologías.
Por otro lado, existe un problema de confianza y miedo a la seguridad digital, muchas personas mayores temen ser víctimas de fraudes, robos de identidad o virus informáticos, lo que limita su participación en actividades en línea, lo que unido a la falta de accesibilidad en los contenidos digitales y plataformas también limita su participación.
En España existe la denominada brecha digital que afecta, sobre todo, a las personas mayores. Según datos de Eurostat casi la mitad de las personas entre 65 y 74 años que utilizan internet tiene unas capacidades digitales bajas.
Así, la “brecha de acceso”, una de las más habituales, hace referencia a las posibilidades que tienen las personas de acceder a este recurso influyendo diversos factores, particularmente las diferencias socioeconómicas. Por otra parte, también debemos considerar la “brecha de uso” que hace referencia a la falta de competencias digitales que impiden el manejo de la tecnología.
En términos absolutos se ha mejorado, pero en términos relativos las nuevas tecnologías avanzan más rápido y se incrementa el desfase de su accesibilidad y necesaria adaptación para constituir herramientas efectivas para el colectivo de personas con discapacidad mayores y que las puedan utilizar en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Citas como la de la Fundación ONCE (2022) resaltan que "el acceso a internet puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas mayores con discapacidad, facilitando la comunicación, el acceso a servicios y la participación social".
En resumen, las personas con discapacidad mayores en España enfrentan múltiples obstáculos para aprovechar las nuevas tecnologías que van desde barreras físicas y económicas hasta falta de formación y problemas de accesibilidad. Para mejorar su inclusión digital es fundamental promover políticas públicas que fomenten la accesibilidad, la formación, su adquisición y la sensibilización, garantizando que las tecnologías sean una herramienta de empoderamiento, uso y disfrute de sus derechos.
1.7.- Soledad no deseada
Existen diferencias entre “sentirse solo” y “estar solo”, entre soledad impuesta y soledad elegida.
La soledad no deseada, sentirse solo, es un sentimiento subjetivo diferente para cada persona y que aun no existiendo un acuerdo común sobre cómo medirla, se vive con profundo malestar pudiendo derivar, en mayor o menor medida, en enfermedades cardíacas, problemas de ansiedad, depresión, frustración o autoestima, miedo a enfrentarse a situaciones sociales, etc.; en este punto conviene no olvidar la cuestión de género que hace de la soledad una vivencia diferente en las mujeres que en los hombres y se relaciona con un mayor uso de servicios sanitarios y consumo de medicamentos con un incremento en el riesgo de muerte prematura de hasta un 26% más
Del “barómetro de la soledad no deseada en España 2024”, las personas con discapacidad sufren una prevalencia de soledad no deseada superior a las personas sin discapacidad, por lo tanto, la soledad no deseada en las personas con discapacidad mayores, que según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada afecta en España al 20% de las personas de más de 75 años, es un tema importante y complejo. Muchas personas con discapacidad, a medida que envejecen, enfrentan desafíos adicionales que pueden aumentar su sensación de aislamiento.
En general no parece que haya una situación objetiva que dé lugar a la soledad durante el envejecimiento, más bien serían una serie de experiencias vitales como la muerte del cónyuge, ruptura de la pareja, ausencia de hijos, pérdidas de movilidad en el propio sujeto o en su pareja, factores de personalidad, falta de apoyo comunitario o familiar en su entorno cercano, etc., las cuales vividas de manera personal y subjetiva pueden, progresivamente, dar lugar a una situación de soledad no deseada.
La tecnología puede ser una herramienta útil para reducir la soledad, pero no siempre está al alcance de todos, especialmente si hay barreras físicas, de acceso a la información y a la comunicación o cognitivas. Se percibe necesario promover programas y políticas que fomenten la inclusión social, el acompañamiento, la atención personalizada, la sensibilización de la comunidad, la formación de cuidadores, la empatía o el compromiso social, pudiendo todas ellas marcar una gran diferencia en la vida de las personas con discapacidad mayores que enfrentan la soledad no deseada.
Así mismo y del “barómetro” se desprende que una gran mayoría de la sociedad estima que la lucha contra la soledad debe ser una cuestión prioritaria para las administraciones públicas siendo la institución que se considera, según la opinión pública, debiera sustentar una mayor responsabilidad ante la soledad no deseada la del gobierno de la nación, seguida por los gobiernos municipales o autonómicos; no obstante, las ONG son las instituciones más valoradas de cara a la lucha contra la soledad en la actualidad.
Esto nos plantea la necesidad urgente de un plan nacional contra la soledad que teniendo en las personas con discapacidad mayores a sus máximos exponentes, permita su prevención, detección y atención tempranas posibilitando su abordaje multidisciplinar o iniciativas que persigan empoderar a las personas mayores para que ganen confianza en su proceso vital y sepan gestionar la sensación de sentirse en soledad y vean la importancia de crear relaciones desde el barrio para romper con las dinámicas individualistas actuales.
1.8.- Sanidad y espacio sociosanitario
Partiremos de la sanidad entendida como el conjunto de servicios sanitarios disponibles, con su personal e instalaciones, que contribuyen y se consideren necesarios para cuidar la salud.
Por otro lado, se entiende por atención sociosanitaria la que se presta simultáneamente por los servicios sociales y sanitarios de forma integrada. Para lograr esa atención sociosanitaria no se considera necesario crear un tercer sistema ni una tercera red de servicios específicamente sociosanitarios sino realizar la coordinación e integración de ambos aprovechando la posibilidad de combinar adecuadamente sus recursos sociales y sanitarios, garantizando la calidad de la atención prestada y mejorando la calidad de vida. En el caso que nos atañe, las personas con discapacidad mayores, la atención sociosanitaria deberá incorporar los objetivos, características y necesidades específicas del colectivo siempre desde la perspectiva de sus características diferenciadas, su empoderamiento y una atención siempre centrada en la persona.
Las personas con discapacidad mayores afrontan numerosos problemas para acceder a servicios sanitarios adecuados consecuencia de la ausencia de protocolos específicamente a ellos dirigidos y que recojan, por ejemplo, una atención domiciliaria adecuada además de la gestión efectiva de las barreras físicas, sensoriales, cognitivas, intelectuales, sociales, políticas o económicas.
Por otra parte, en el caso del colectivo que nos atañe, son numerosas las ocasiones en las que se minimiza o resta importancia a los problemas de salud generadores de discapacidad o de agravamiento de una discapacidad preexistente, porque se “presupone que son cosas de la edad” a las que hay que resignarse, postergando o no llegando a recibir el tratamiento y atención adecuados.
Según datos del Ministerio de Sanidad referidos a los años 2019 y 2020 las personas con discapacidad mayores encontraban dificultades para desplazarse a centros de salud, siendo la accesibilidad universal cumplida sólo en el 70% de los mismos.
La telemedicina ha hecho su aparición reciente pero solo el 40% de las personas con discapacidad mayores tienen acceso o habilidades para usarla eficazmente según el Ministerio de Sanidad, año 2021. También la brecha digital es significativa: muchas personas mayores no tienen acceso a internet o carecen de competencias digitales, dificultando su participación en consultas virtuales (Eurostat, 2020).
Según datos del Ministerio de Sanidad (2020), las personas con discapacidad mayores tienen más de probabilidades de hospitalización que la población general, siendo su estancia hospitalaria promedio de 8 días frente a los 6 en personas sin discapacidad lo que implica mayores necesidades de recuperación (Instituto de Salud Carlos III, 2019), pudiendo ser su recuperación post-hospitalaria más lenta y requiriendo apoyos específicos que a veces no están disponibles o son insuficientes.
Finalmente considerar que ante los cambios en el modelo de atención sanitaria que evoluciona hacia la prevención, terapias individualizadas, abordajes personalizados e investigación dirigida a las particularidades de cada paciente, sustentado todo ello en la generalización de tecnologías digitales con herramientas de inteligencia artificial, nanomedicina, bioinformática, inmunoterapia, tratamientos que rediseñan el sistema inmune, cambios de piezas del ADN de una célula, etc., preocupa y está por determinar cuál será la posición de los diferentes actores sociales implicados, especialmente los políticos y económicos, con los colectivos considerados de gasto como las personas mayores y más aún aquellos como las personas con discapacidad mayores, esto es si van a ser tenidos en cuenta en las investigaciones preliminares, si se les va a considerar sujetos de derecho a disfrutar de esas terapias emergentes, etc.
1.9.- Mujeres con discapacidad mayores
La perspectiva de género también es importante en el proceso de envejecimiento, la experiencia de envejecer es diferente para hombres y mujeres. Una buena parte de esas diferencias tienen un origen biológico, pero también un contexto político, económico o sociocultural que interviene en su desarrollo.
El envejecimiento de las mujeres con discapacidad presenta una serie de desafíos únicos que requieren atención y soluciones específicas, muchas mujeres desconocen los recursos disponibles o no reciben orientación adecuada para afrontar los cambios relacionados con la edad, lo que puede afectar su autonomía y salud. La discriminación y los estereotipos también juegan un papel destacado, a menudo, estas mujeres enfrentan prejuicios que minimizan sus necesidades.
Es importante indicar que la interseccionalidad, como la raza, la clase social y la orientación sexual, pueden complicar aún más estos problemas, creando barreras adicionales para acceder a recursos y derechos.
Las mujeres mayores con discapacidad constituyen un grupo social en situación de vulnerabilidad debiendo prestarse especial atención a las mujeres con discapacidad del ámbito rural.
Por todo ello, es fundamental promover políticas inclusivas, mejorar la accesibilidad, ofrecer servicios de salud especializados y sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de las mujeres con discapacidad en su proceso de envejecimiento.
1.10.- Zonas rurales
Las personas con discapacidad mayores en zonas rurales de España enfrentan obstáculos, entre otros, de accesibilidad, atención sanitaria, apoyo social, tecnología y recursos económicos.
Los recortes económicos han reducido los servicios de proximidad existentes en el ámbito rural. Se constata la necesidad de contar con estudios actualizados sobre el importante envejecimiento en las zonas rurales y las consecuencias de este, dado que existe un marcado despoblamiento en ellas que da lugar a soledad, falta de apoyos familiares e institucionales, ausencia de infraestructuras cercanas, acceso a recursos sanitarios de proximidad (médicos, farmacéuticos, ambulancias, etc.), etc. que influyen de manera negativa sobre estos ciudadanos.
La atención sanitaria en zonas rurales presenta deficiencias, según el Ministerio de Sanidad de 2022, solo el 60% de los centros de salud rurales disponían de especialistas en rehabilitación o atención a discapacidad lo que conlleva retrasos en diagnósticos y tratamientos, agravando las condiciones de salud de estas personas.
Otro de los problemas principales es la accesibilidad universal. Muchas viviendas rurales no están adaptadas para personas con discapacidad mayores entre otros factores, debido a que sus ingresos son menores y tienen menos posibilidades de hacerla accesible ante las necesidades derivadas de discapacidades por envejecimiento lo cual dificulta su movilidad e incrementa el riesgo de caídas con consecuencias graves e, incluso fatales en muchas de las ocasiones. Por otra parte, las infraestructuras públicas como el transporte y los servicios sanitarios suelen ser limitados o poco accesibles, dificultando el acceso a los centros de salud y servicios sociales.
El acceso a tecnologías y recursos digitales también suele verse limitado, lo que reduce su acceso a la información, teleasistencia y servicios en línea, esenciales en la actualidad. Esto junto a la pobreza, otro factor que agrava la situación y unido a la escasez de programas específicos para atender sus necesidades, impide que reciban apoyo adecuado, lo cual sumado a la dispersión geográfica, dificultan la implementación de políticas efectivas y de atención personalizada.
1.11.- Abusos, violencia y maltrato
Aunque estos términos están relacionados, cada uno tiene su propia connotación y alcance, entender y reconocer sus diferencias ayuda a identificar mejor las situaciones de riesgo lo que resulta esencial para proteger mejor a las personas con discapacidad mayores.
El abuso se centra en la intención de dañar o aprovecharse de alguien, la violencia es una manifestación concreta del abuso generalmente con uso de fuerza o amenazas y el maltrato es un concepto más general que abarca cualquier forma de daño, ya sea por acción u omisión que puede ser tanto intencional como accidental.
Estas situaciones de riesgo hacia las personas con discapacidad mayores constituyen una problemática social de gran relevancia y preocupación en España pudiendo manifestarse de formas diversas incluida la violencia física, psicológica, sexual, negligencia, abandono y explotación económica.
Diferentes estudios destacan que las personas con discapacidad mayores son especialmente vulnerables debido a su dependencia física o mental, la soledad o la falta de apoyo social, factores que limitan su capacidad para denunciar abusos.
Las causas de estas situaciones de riesgo vemos son multifactoriales y a las que se suman, generalmente, la falta de recursos adecuados, la sobrecarga de los cuidadores o su falta de formación en atención a personas con discapacidad.
Estos abusos, violencia y maltrato a los que están expuestas las personas mayores y en particular aquellas más vulnerables como son las personas con discapacidad mayores, no son puntuales sino estructurales pues se dan a lo largo del tiempo y en diferentes contextos como el domicilio, por hermanos, primos, cuidados de terceras personas, compañeros, etc.
Las personas con discapacidad mayores conforman un sector de la población muy proclive a tener que enfrentar múltiples formas de discriminación como estereotipos negativos, edadismo, institucionalización, incapacitación legal, vivir en zonas rurales o la pobreza, que también pueden derivar o agravar situaciones de riesgo.
Ante la escasez de datos actualizados, parece importante seguir trabajando en la cuantificación de estos riesgos siendo necesarias políticas activas dotadas de presupuestos estables, de largo recorrido y suficientes, una mayor visualización y concienciación de estos problemas, así como cauces que posibiliten la denuncia y fomenten la responsabilidad de todos los agentes sociales directa o indirectamente implicados.
Capítulo 2
Las mujeres mayores con discapacidad y sus derechos fundamentales
Aportaciones de la FUNDACIÓN CERMI MUJERES a la futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas de Edad
2.1.- Introducción
El objeto de este capítulo es el de proporcionar orientación y ofrecer algunas recomendaciones sobre la situación particular de las mujeres con discapacidad de edad con respecto a sus derechos fundamentales, con el fin de que puedan ser considerados por parte del grupo de trabajo intergubernamental establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la elaboración de un proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre los derechos humanos de las personas de edad.
Las mujeres con discapacidad de edad suelen sufrir discriminación y violaciones de los derechos humanos debido al efecto combinado de la discriminación por razón de género, discapacidad y edad, y a los prejuicios asociados a las ideas de que las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores merecen, por naturaleza, menos derechos y capacidad de acción. Estas ideas preconcebidas discriminatorias y dañinas se exacerban contra las mujeres con discapacidad de edad que, como resultado de lo anterior, se enfrentan a leyes discriminatorias, a la denegación de recursos legales y a la restricción de su capacidad de decisión e institucionalización. Pero, más aún: la desigualdad de género, la discriminación por edad y la discriminación por discapacidad se ven también agravadas por otras formas de discriminación basadas en la raza, etnia, casta, religión, migración, entre otros factores. Sin embargo, dado que no se cuenta con datos estadísticos desglosados por edad, sexo y discapacidad, menos aún por los factores adicionales mencionados, no se puede evaluar con precisión la situación de las mujeres con discapacidad de edad en relación con el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en los diferentes ámbitos de la vida.
A través de su recomendación general n.º 27 sobre las Mujeres de Edad y la Protección de sus Derechos Humanos, de 2010, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) ha expresado una clara preocupación por las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres con discapacidad de edad, y por el hecho de que sus derechos no se protegen ni se abordan sistemáticamente en la legislación y en la política pública. Las mujeres con discapacidad de edad son sistemáticamente ignoradas e infrarrepresentadas en las políticas de desarrollo, los programas, las iniciativas, la legislación y los esfuerzos humanitarios.
En términos generales, las estadísticas más recientes sobre estas identidades cruzadas son las siguientes: se estima que el 15 % de la población mundial, es decir, alrededor de 1000 millones de personas, vive con una o más discapacidades, de las cuales más del 46 % son personas mayores.
Es importante tener presente que muchas personas mayores, particularmente las mujeres, pueden no identificarse a sí mismas como personas con discapacidad, a pesar de experimentar dificultades importantes para desenvolverse y participar en la vida cotidiana y comunitaria como consecuencia de la aparición o agravamiento de deficiencias físicas, sensoriales y cognitivas derivadas del envejecimiento. Sin embargo, la discriminación y la marginación de las personas mayores con discapacidad, en particular de las mujeres mayores, impregna los diferentes aspectos de la vida.
Promover y proteger los derechos y la dignidad de las mujeres mayores con discapacidad y garantizar su participación plena e igualitaria en la sociedad debe ser, por tanto, parte integrante de la futura Convención sobre los derechos humanos de las personas de edad.
2.2.- Igualdad y No Discriminación
La futura Convención Internacional debe tomar en consideración el carácter multidimensional de la discriminación interseccional contra la mujer y velar porque el principio de igualdad de género se aplique a lo largo de todo el ciclo vital de la mujer en la ley y en la práctica.
La discriminación que sufren las mujeres con discapacidad de edad no es sólo de carácter multidimensional, sino estructural y sistemática, ya que no sólo es efecto de la interacción entre el sexo, la edad y la discapacidad, sino de otros factores vinculados a los anteriores, como la pobreza, el analfabetismo, la violencia, el estado de salud, el abandono, la institucionalización, la incapacitación legal, el origen étnico, la orientación sexual e identidad de género, la condición de migrante, el estado civil y familiar, y otras circunstancias agravantes, que las hace extremadamente vulnerables a la exclusión, a la manipulación y al engaño por parte de las personas de su entorno.
A este respecto, es necesario derogar o enmendar las leyes, reglamentos y costumbres vigentes que discriminan a las mujeres con discapacidad de edad y velar por que la legislación prohíba la discriminación por motivo de edad, sexo y discapacidad.
Para apoyar las reformas legislativas y la formulación de políticas, se precisa la recopilación, el análisis y la difusión de datos desglosados por edad y sexo, además de por otros factores relevantes, como la discapacidad, lo que permitirá disponer de información específica sobre la situación particular de los grupos desfavorecidos de mujeres de edad, entre ellos, las mujeres con discapacidad, las institucionalizadas, las que viven en el medio rural, las migrantes y las pertenecientes a minorías étnicas, entre otras. Dichos datos deberían referirse especialmente a la pobreza, el analfabetismo, la violencia, la institucionalización, la capacidad jurídica, el trabajo no remunerado, los cuidados y apoyos, el acceso a la atención de la salud, la vivienda, las prestaciones sociales y económicas y el empleo, entre otras cuestiones.
En todo caso, la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres con discapacidad de edad solo se podrá lograr respetando y protegiendo plenamente su dignidad y su derecho a la integridad personal y a la libre determinación.
2.3.- Acceso efectivo a la Justicia
Es necesario asegurar que las mujeres mayores con discapacidad estén informadas acerca de sus derechos y de cómo pueden acceder a servicios jurídicos.
Se debe capacitar a la policía y al poder judicial, así como a los servicios de asistencia letrada y los servicios jurídicos auxiliares, sobre los derechos de las mujeres mayores con discapacidad y sensibilizar y educar a las autoridades e instituciones públicas en las cuestiones relativas al género, la discapacidad y la edad que afectan a las mujeres de edad. La información, los servicios jurídicos, los recursos efectivos y las medidas de reparación también deben estar disponibles y ser accesibles para las mujeres mayores con discapacidad.
Se debe apoyar a las mujeres mayores con discapacidad para exigir reparación y justicia en caso de que se violen sus derechos, incluido el derecho a la administración de bienes, y velar por que no se vean privadas de su capacidad jurídica.
2.4.- Estereotipos Discriminatorios
Dado que las mujeres mayores con discapacidad se enfrentan a formas de discriminación, prejuicios y marginación que se entrecruzan, es especialmente importante examinar la intersección entre género, edad y discapacidad.
Los estereotipos basados en el género, la discapacidad y la edad, así como las prácticas tradicionales por tales motivos, tienen efectos nocivos para las mujeres con discapacidad de edad en todos los aspectos de su vida, incluidas sus relaciones familiares, sus funciones en la comunidad, la manera en que se las representa en los medios de comunicación, la actitud de los empleadores, el personal sanitario, y otros proveedores de servicios dirigidos a las personas con discapacidad, y suelen dar como resultado violencia física y abusos psicológicos, verbales y económicos.
Es necesario eliminar con urgencia estos y otros estereotipos negativos y modificar los patrones de conducta sociales y culturales que son perjudiciales y dañinos para las mujeres con discapacidad de edad, a fin de reducir los abusos físicos, sexuales, psicológicos, verbales y económicos que experimentan estas mujeres a causa de representaciones sociales erróneas y prácticas culturales discriminatorias.
2.5.- Violencia y Abuso
Los escasos datos disponibles muestran que tanto las mujeres mayores como las mujeres con discapacidad son objeto de violencia. Las mujeres con discapacidad tienen al menos dos o tres veces más probabilidades que otras mujeres de sufrir violencia. Además, el abuso sexual, a pesar de ser una forma distinta de violencia contra las mujeres mayores, sigue sin nombrarse, sin reconocerse, sin denunciarse y al margen de la formulación de políticas y de la intervención. Aunque la incidencia de la violencia contra las mujeres mayores es alta, la legislación sobre violencia doméstica no incluye específicamente a las mujeres mayores; menos aún, a las que además tienen una discapacidad; Las que lo hacen, a menudo excluyen la violencia económica y la incapacitación legal, formas de violencia a la que las mujeres suelen estar sometidas en la vejez.
Por lo general, las estadísticas oficiales no recogen datos estandarizados y sistemáticos sobre la violencia en las mujeres de edad. De hecho, la mayoría de las encuestas sobre violencia contra la mujer se realizan a mujeres de entre 15 y 49 años y, por tanto, excluyen a las mujeres de más edad, transmitiendo así el mensaje inaceptable de que el valor de la mujer corresponde a sus años reproductivos, y descarta la violencia que pueda sufrir fuera de esos años.
Tampoco se dispone de datos oficiales sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad. Pese a ello, se cuenta con numerosos testimonios que muestran la violencia, el maltrato y el abandono de las mujeres mayores con discapacidad en el seno de la familia o en instituciones residenciales y centros de día donde son con frecuencia recluidas contra su voluntad y sometidas a tratamientos forzados o inhumanos y degradantes.
2.6.- Participación en la vida Política y Pública
Las mujeres con discapacidad de edad suelen ser discriminadas por medio de restricciones que menoscaban su participación en los procesos políticos y de toma de decisiones.
Además, algunas de ellas están sujetas a incapacitaciones legales, una práctica que aumenta con la edad, y no disponen de los apoyos necesarios para la toma de decisiones, incluido el derecho al voto.
No suelen participar en organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco ocupan cargos públicos. La falta de asistencia personal limita su participación en la vida política y pública.
2.7.- Educación
Como consecuencia de la denegación, desigualdad e inaccesibilidad del derecho a la educación durante la infancia y juventud, muchas mujeres con discapacidad de edad suelen presentar tasas elevadas de analfabetismo, ausencia de un código funcional de lectoescritura y dificultades para acceder y comprender información relevante para ellas. En otros casos, es el deterioro provocado por el envejecimiento el que provoca los mismos efectos en mujeres de edad que adquieren una discapacidad al cabo de los años.
Los Estados parte tienen la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades en la esfera de la educación para las mujeres con discapacidad, y velar porque tengan acceso a la educación de adultos y a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como al material informativo que necesitan para su bienestar y el de sus familias.
Con frecuencia, los programas destinados a la formación de las personas con discapacidad suelen considerar que no es rentable invertir en la educación o formación profesional de las mujeres mayores con discapacidad. Estas mujeres tampoco tienen las mismas oportunidades de formación en el campo de las nuevas tecnologías de la información, ni disponen de los recursos necesarios para obtenerlas. A muchas mujeres mayores con discapacidad del medio rural se le niega el derecho a la educación, y la que, si acaso, reciben es escasa, tanto formal como informal. El analfabetismo y la ignorancia de aritmética elemental pueden restringir gravemente la plena participación de la mujer mayor con discapacidad en la vida pública y política, la economía y el acceso a una serie de servicios esenciales, incluidos servicios de salud, derechos fundamentales y actividades recreativas.
2.8.- Trabajo y Empleo
Las mujeres con discapacidad son significativamente menos numerosas con respecto a sus iguales (hombres con discapacidad y mujeres en general) en el sector estructurado del empleo, con una importante brecha salarial por el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. La discriminación por razón de género y discapacidad en el empleo que sufren durante toda su vida las mujeres con discapacidad tiene un impacto acumulativo en la vejez, que las obliga a vivir con ingresos y pensiones desproporcionadamente bajos, o incluso inexistentes, en comparación con sus iguales.
Es necesario facilitar la participación de las mujeres con discapacidad de edad en el trabajo remunerado sin que sean discriminadas por motivos de su sexo, edad y discapacidad. Para ello, se debe velar porque se atiendan las necesidades que puedan afectar a las mujeres con discapacidad de edad en su vida laboral y porque no se las obligue a jubilarse anticipadamente o a aceptar soluciones similares.
Además, hay que vigilar las repercusiones que tienen para las mujeres con discapacidad de edad las diferencias de salario por motivos de género y discapacidad.
Hay que asegurar que la edad de jubilación en los sectores público y privado no discrimine a las mujeres con discapacidad. Por consiguiente, hay que velar por que las políticas en materia de pensiones no sean de ningún modo discriminatorias, incluso contra las mujeres que deciden jubilarse a una edad temprana, y por que todas las mujeres de edad, incluidas aquéllas con discapacidad, que han participado en la vida activa tengan acceso a una pensión adecuada.
2.9.- Economía Informal
Es imperativo reconocer que las mujeres mayores, incluidas las que tienen una discapacidad, siguen contribuyendo activamente a la economía familiar, pese a que sus aportaciones sean invisibles. Muchas de ellas siguen cuidando de sus padres, cónyuges, vecinos y nietos. Las pruebas demuestran que las horas dedicadas al trabajo de cuidados aumentan con la edad de la persona que cuida, que es generalmente una mujer.
Por ello, se debe adoptar medidas necesarias, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para garantizar pensiones justas y adecuadas para las mujeres de edad que han ejercido como cuidadoras de personas en situación de dependencia, lo que ha limitado su vida laboral activa.
Estas mujeres deberían tener acceso a prestaciones sociales y económicas adecuadas, como por ejemplo prestaciones por cuidado de hijos, y reciban toda la ayuda necesaria cuando se ocupan de familiares en situación de dependencia.
Se debe ofrecer pensiones no contributivas adecuadas a las mujeres con discapacidad de edad, equivalentes al salario mínimo interprofesional, para poder asumir los costes extraordinarios de la discriminación estructural y sistemática que sufren en todos los ámbitos de la vida.
2.10.- Salud
Las mujeres con discapacidad de edad no suelen acceder a los servicios de salud, y cuando lo hacen, no siempre reciben un trato adecuado. Las que se encuentran institucionalizadas están particularmente excluidas del acceso a servicios de salud o son excluidas de éstos por razón de su discapacidad y edad.
Los estereotipos discriminatorios por razón de sexo, edad y discapacidad; la inaccesibilidad de los servicios de salud; la falta de formación adecuada del personal sanitario; la falta de garantía del consentimiento libre e informado; la escasez o lejanía de los mismos en el entorno rural, son algunas de las causas que lo justifican.
La negación del derecho a la salud impide que las mujeres con discapacidad de edad disfruten de sus derechos humanos.
Es necesario adoptar una política integral de atención de la salud orientada a proteger las necesidades de salud de las mujeres con discapacidad de edad. Esta política debe asegurar una atención de la salud asequible y accesible a todas las mujeres de edad mediante, cuando proceda, la eliminación de las cuotas de usuario, la capacitación de trabajadores del sector de la salud en enfermedades geriátricas, el suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y no transmisibles relacionadas con el envejecimiento, la atención médica y social a largo plazo, incluida la atención que permite llevar una vida independiente, y cuidados paliativos. Las medidas de atención a largo plazo deben incluir intervenciones que promuevan cambios de comportamiento y de estilos de vida, con miras a posponer la aparición de problemas de salud, como prácticas nutricionales saludables y una vida activa, así como el acceso a un costo asequible a servicios de atención de la salud, incluidos programas de detección precoz y tratamiento de enfermedades, especialmente las de más prevalencia entre las mujeres con discapacidad de edad.
Las políticas de salud también deben garantizar que la atención médica prestada a las mujeres con discapacidad de edad se base en el consentimiento libre e informado de la persona interesada.
2.11.- Nivel de vida adecuado y Protección Social
Debido a toda una vida de discriminación y desigualdades acumuladas, las mujeres mayores en general se encuentran con menos ahorros y activos, a menudo insuficientes para mantener un nivel de vida adecuado. Su dependencia de los miembros de la familia para su supervivencia y cuidados diarios las hace especialmente vulnerables, incluso al maltrato.
Según la OMS, cerca de uno de cada seis adultos mayores ha sufrido malos tratos en un entorno comunitario en el último año, y los malos tratos en instituciones son igual de frecuentes.
Aunque no se dispone de datos específicos, no hay duda de que estas situaciones se agravan para las mujeres cuando arrastran una situación de discapacidad de años o la han ido adquiriendo como consecuencia del envejecimiento. El acceso a la protección social para las mujeres mayores con discapacidad es, por tanto, fundamental. El Comité de la CDPD ha recomendado a los Estados que adopten medidas de acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad en materia de protección social.
A ese respecto, hay que asegurar que se adopten las medidas necesarias para que las mujeres con discapacidad de edad tengan acceso a una vivienda adecuada que se ajuste a sus necesidades específicas, y para que se eliminen todos los obstáculos, arquitectónicos o de otro tipo, que merman su movilidad y las conducen al confinamiento forzoso y a la institucionalización. Además, se les debe prestar servicios sociales que les permitan permanecer en su hogar y vivir de forma independiente, con los apoyos que requieran para ello.
Es necesario igualmente abolir las leyes y prácticas que afectan negativamente al derecho de las mujeres con discapacidad de edad a la vivienda, la tierra y la propiedad, con particular atención a las situaciones de incapacitación legal.
También se debe proteger a las mujeres con discapacidad de edad contra los desalojos forzosos y la falta de hogar.
2.12.- Relaciones Familiares
Muchas mujeres con discapacidad de edad reciben un trato desatento de sus familiares, porque se piensa que ya no son útiles ni desde el punto de vista económico ni reproductivo, y se las considera una carga para la familia. Circunstancias tales como la viudez y el divorcio son motivos adicionales de discriminación.
Con frecuencia son explotadas económicamente por sus familiares; despojadas de sus casas, e institucionalizadas sin su consentimiento o engañadas para ello.
Las mujeres con discapacidad de edad necesitan una protección reforzada en el seno de la familia contra la explotación, la violencia y el abuso.
Es necesario derogar todas las leyes que discriminan a las mujeres con discapacidad de edad en el matrimonio y en caso de disolución de éste, en particular en lo que respecta a los bienes y la herencia.
Igualmente, hay que derogar todas las leyes que discriminan a las mujeres con discapacidad de edad viudas con respecto a los bienes y la herencia, y protegerlas contra la pobreza y el despojo de sus tierras.
