Fundación CERMI Mujeres reivindica el papel clave de los municipios para garantizar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad
- La entidad ha participado en el seminario web «Políticas públicas locales con perspectiva de género y discapacidad: retos y oportunidades a 20 años de la aprobación de la Convención», organizado por la Comisión de Género del COCARMI.
Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha reivindicado el papel esencial de los municipios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, durante su participación en el seminario web «Políticas públicas locales con perspectiva de género y discapacidad: retos y oportunidades a 20 años de la aprobación de la Convención», celebrado este jueves y organizado por la Comisión de Género del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI).
La Fundación estuvo representada por su delegada de Derechos Humanos y Agenda Política, Sara De Torres Riveiro, quien intervino en la mañana del jueves 23 de julio. En su exposición, señaló que, veinte años después de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el principal desafío no se limita al reconocimiento jurídico de los derechos, sino que se encuentra en su aplicación efectiva mediante políticas públicas que incorporen de forma transversal las perspectivas de género y discapacidad.
La representante de Fundación CERMI Mujeres recordó que los derechos humanos se hacen efectivos en los espacios donde las personas desarrollan su vida cotidiana, como los municipios, los servicios sociales, los centros educativos, los recursos sanitarios, los espacios culturales, el transporte o los servicios de atención frente a la violencia. Por este motivo, destacó la responsabilidad de las administraciones locales a la hora de convertir los derechos reconocidos en la Convención en derechos reales y efectivos.
De Torres advirtió de que las mujeres y niñas con discapacidad continúan enfrentándose a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, que no pueden abordarse mediante políticas sectoriales o aparentemente neutras.
«No basta con incorporar una referencia a la discapacidad en los planes de igualdad, ni una mención al género en las políticas de discapacidad. Es imprescindible diseñar políticas públicas desde una auténtica perspectiva interseccional que reconozca la realidad específica de las mujeres y niñas con discapacidad», afirmó.
La delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de FCM analizó también las desigualdades persistentes en ámbitos como el empleo, la autonomía económica, la pobreza, la salud y la participación social y política. Asimismo, puso de relieve que muchas de estas situaciones permanecen invisibilizadas debido a la falta de estadísticas desagregadas y de diagnósticos específicos que permitan diseñar respuestas públicas adecuadas.
En relación con las principales lecciones aprendidas tras dos décadas de aplicación de la Convención, De Torres valoró el avance experimentado en la toma de conciencia institucional sobre la discriminación que afecta a las mujeres y niñas con discapacidad. No obstante, alertó de que persisten estereotipos y prejuicios que siguen condicionando el acceso y el ejercicio de sus derechos.
En este ámbito, hizo referencia a cuestiones especialmente sensibles, como la capacidad jurídica, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la maternidad, la salud mental y las distintas formas de violencia contra las mujeres.
También llamó la atención sobre la invisibilidad de las mujeres y niñas con discapacidad en realidades especialmente graves, como la trata y la explotación sexual, la violencia sexual en el ámbito familiar, las migraciones, las emergencias climáticas y los conflictos armados. Igualmente, reclamó una mayor presencia de esta población en los espacios de participación política y en las políticas de empoderamiento económico.
Como parte de su intervención, Sara De Torres presentó un conjunto de orientaciones dirigidas a los gobiernos locales para avanzar hacia políticas públicas más inclusivas y transformadoras.
Entre las principales medidas, destacó la necesidad de mejorar la recopilación de datos desagregados, realizar diagnósticos específicos, dotar de recursos suficientes a las actuaciones públicas, formar a las personas profesionales implicadas y garantizar la participación activa de las propias mujeres y niñas con discapacidad en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas.
Asimismo, defendió el refuerzo de la cooperación institucional y la puesta en marcha de acciones de sensibilización destinadas a combatir los estereotipos y prejuicios que continúan limitando el pleno ejercicio de los derechos.
La representante de Fundación CERMI Mujeres concluyó recordando que la inclusión no consiste únicamente en eliminar barreras físicas, sino en construir municipios donde todas las mujeres y niñas con discapacidad puedan ejercer plenamente su ciudadanía, participar en igualdad de condiciones y desarrollar libremente su proyecto de vida.
«Los próximos veinte años deben servir para consolidar administraciones públicas más inclusivas, más justas y más democráticas, capaces de situar a las mujeres y niñas con discapacidad en el centro de las políticas públicas», afirmó.
Fundación CERMI Mujeres reitera así, que el cumplimiento efectivo de la Convención exige el compromiso firme de todas las administraciones públicas, especialmente de las entidades locales, para asegurar que ninguna mujer o niña con discapacidad quede excluida del ejercicio pleno de sus derechos.