En el marco de su ronda institucional de reuniones, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) se ha reunido con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, para reclamar la aprobación urgente de una ley integral de reparación para las personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres y niñas, que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1989 y 2020, al amparo del Código Penal español y por sentencia judicial.
Durante el encuentro, celebrado el miércoles, la Fundación insistió en la necesidad de una respuesta legislativa específica, que reconozca, repare y prevenga esta violación de derechos humanos, calificada por organismos internacionales como trato cruel, inhumano o degradante. La vicepresidenta ejecutiva de FCM, Ana Peláez Narváez, recordó que esta práctica se ejerció mayoritariamente sobre mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, a menudo con base en informes médicos y decisiones de tutores legales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, más de 1.100 personas fueron esterilizadas judicialmente entre 2005 y 2016, aunque la cifra real es mucho mayor debido a la falta de registros completos.
La pasada semana, Peláez compareció en la Comisión de Igualdad del Senado, donde presentó oficialmente esta demanda del movimiento CERMI, liderada por la Fundación CERMI Mujeres. Las senadoras acogieron favorablemente la propuesta, reconociendo la gravedad de la injusticia y la urgencia de legislar para reparar a las víctimas. “Sin una ley de reparación, el daño causado permanece invisibilizado y sin respuesta”, advirtió la vicepresidenta.
Desde la Fundación se señaló que la Ley Orgánica 2/2020, que derogó la posibilidad de autorizar esterilizaciones forzadas, así como la reforma del artículo 49 de la Constitución, han supuesto pasos importantes hacia el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, sin una legislación que contemple restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, estos avances resultan insuficientes.
El movimiento social de la discapacidad, articulado en torno al CERMI, marca como horizonte simbólico y político el año 2026, cuando se conmemorará el 20.º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que la ley esté plenamente en vigor. En este contexto, está prevista una recepción oficial en el Congreso de los Diputados próximamente, y se ha solicitado formalmente una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, así como con la propia Secretaría de Estado.
Desde la Fundación CERMI Mujeres se reitera el compromiso de seguir promoviendo esta iniciativa legislativa, como una deuda de justicia histórica hacia las mujeres con discapacidad víctimas de una de las formas más extremas de violencia institucional en nuestro país.
