Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011 más de mil millones de personas en el mundo presentan alguna forma de discapacidad, lo que equivale a 15% de la población total. Más de la mitad de ese 15% son mujeres. Por su parte, la Encuesta Mundial de Salud (EMS) señala que la tasa de prevalencia de discapacidad en mujeres es casi 60% más alta que la de los hombres.
En México no existe un censo de la población con discapacidad residente en ese país. Solo se cuenta con la información recogida por el Censo de Población y Vivienda del año 2010 que indica que en México hay aproximadamente 5.7 millones de personas con alguna discapacidad representando el 5.13% de la población total. La prevalencia de la discapacidad en México, como ocurre a nivel mundial, es superior en mujeres (51.1%).
En relación a las situaciones de discriminación el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que las mujeres en general y las personas con discapacidad, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares muestra que del total de mujeres mexicanas de 15 años y más, cerca de 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. Lamentablemente esta encuesta no incluye la variable de discapacidad por lo que resulta imposible conocer la situación concreta de las mujeres con discapacidad.
Otro dato relevante es el ofrecido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es que "todos los días son asesinadas siete mexicanas por razones de género". Tampoco existe una desagregación de la información que permita saber cuántas de estas mujeres tenían discapacidad.
Como puede deducirse de los datos aportados, las mujeres con discapacidad en México siguen siendo ciudadanas invisibles, ya que no solamente los registros oficiales no permiten conocer su situación en diversos ámbitos sino que además, en enfoque de género y discapacidad no se encuentra presente en las políticas públicas puestas en marcha, y muy especialmente las relativas a erradicar la violencia de género.
La reforma constitucional introducida en el año 2011 y en virtud de la cual se concede rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México supone considerar directamente vinculante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implica la obligatoriedad de dar cumplimiento a sus mandatos, entre los que se encuentran dotar de protección a las niñas y mujeres con discapacidad y garantizar su pleno acceso a la justicia.
