Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha hecho público su manifiesto institucional bajo el lema “Por un acceso real a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad”, en el que denuncia las barreras estructurales que continúan impidiendo a este grupo social ejercer plenamente su derecho a la tutela judicial efectiva.
Como parte de esta acción reivindicativa, la entidad ha difundido también un vídeo con la lectura pública del manifiesto realizada por once mujeres con discapacidad, que ponen voz en primera persona a las demandas del movimiento.
La entidad alerta de que, pese a los avances normativos en materia de igualdad y derechos de las personas con discapacidad, las mujeres y niñas con discapacidad siguen enfrentándose a múltiples obstáculos cuando intentan denunciar situaciones de violencia, abuso o discriminación, lo que limita gravemente su acceso a la justicia y perpetúa situaciones de impunidad.
El manifiesto se alinea con las prioridades internacionales establecidas en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, que ha situado como prioridad el refuerzo de sistemas jurídicos inclusivos capaces de eliminar leyes, políticas y prácticas discriminatorias y de abordar las barreras estructurales que afectan a las mujeres y niñas.
La Fundación CERMI Mujeres advierte de que muchas mujeres con discapacidad no acceden al sistema judicial, y que aquellas que lo hacen se encuentran con procedimientos complejos, falta de accesibilidad, actitudes prejuiciosas o interpretaciones judiciales que cuestionan su credibilidad.
Según denuncia la organización, persisten estereotipos y sesgos dentro del sistema judicial que afectan directamente a las víctimas con discapacidad. En algunos casos se producen prácticas que invierten la carga de la prueba, se relativiza el testimonio de las víctimas o incluso se llega a atribuirles una supuesta corresponsabilidad en los hechos denunciados. Estas
situaciones constituyen una forma de violencia institucional y vulneran gravemente los principios de igualdad y no discriminación.
La entidad también señala que la falta de formación específica entre muchos profesionales del sistema judicial, junto con barreras en la comunicación y en el acceso a la información, puede intimidar a las víctimas o disuadirlas de iniciar procedimientos judiciales.
Ante esta realidad, la Fundación CERMI Mujeres reclama una transformación profunda del sistema de justicia para garantizar que sea verdaderamente accesible e inclusivo, de modo que las mujeres y niñas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos.
Entre las principales demandas recogidas en el manifiesto, la organización plantea la necesidad de impulsar estudios permanentes sobre las causas del escaso número de denuncias interpuestas por mujeres y niñas con discapacidad, así como análisis específicos de las resoluciones judiciales en casos de violencia, explotación o abuso, incorporando datos desagregados y un enfoque interseccional que permita diseñar políticas públicas eficaces.
Asimismo, reclama reforzar la asistencia jurídica gratuita para las víctimas con discapacidad, eliminando obstáculos económicos o administrativos y garantizando una formación especializada en discapacidad, género y edad para los profesionales del turno de oficio.
Otro de los ejes fundamentales es garantizar la plena accesibilidad del sistema judicial, mediante ajustes de procedimiento adaptados al tipo de discapacidad, acceso a la información en formatos accesibles, provisión de apoyos humanos y tecnológicos y la incorporación efectiva de la figura de la facilitación procesal.
La Fundación CERMI Mujeres también considera imprescindible dotar adecuadamente a las secciones judiciales especializadas en violencia contra la mujer, infancia y capacidad, así como garantizar instalaciones, servicios y procedimientos plenamente inclusivos en todo el territorio.
Asimismo, reclama formación obligatoria y continuada en género y discapacidad para todos los actores del sistema judicial, incluyendo judicatura, fiscalía, personal letrado, equipos psicosociales y forenses, con el objetivo de eliminar prejuicios y estereotipos que condicionan la respuesta institucional.
El manifiesto insiste igualmente en la necesidad de desarrollar programas de formación y empoderamiento dirigidos a mujeres y niñas con discapacidad, especialmente aquellas que viven en entornos rurales o en instituciones, así como a madres de hijos e hijas con discapacidad, para que conozcan los recursos legales disponibles y puedan denunciar vulneraciones de derechos.
Por último, la Fundación CERMI Mujeres reclama acelerar el desarrollo reglamentario de la figura de la facilitación procesal, concebida como un apoyo especializado para garantizar que las personas con discapacidad puedan comprender y participar plenamente en los procedimientos judiciales.
La entidad concluye con un mensaje claro: sin accesibilidad universal, sin formación especializada y sin la eliminación de prejuicios en todo el sistema judicial, no hay justicia para las mujeres y niñas con discapacidad. Y sin justicia, no hay igualdad real.
