Ante este brutal suceso, CERMI-Aragón ha exigido el esclarecimiento de los hechos, así como el trato respetuoso y no discriminatorio de la víctima a través de las informaciones que trasciendan de la investigación policial.
El pasado sábado 4 de julio una joven de 22 años con discapacidad intelectual fue víctima de una brutal agresión sexual, siendo hospitalizada en el Hospital Materno Infantil, en el complejo sanitario del Miguel Servet de la capital aragonesa.
Algún medio de comunicación se hace eco de la noticia, poniendo el foco en las dificultades con las que se están encontrando los equipos de investigación asignados al caso de la Jefatura Superior de Policía. Las dificultades de esclarecimiento de los hechos recaen fundamentalmente en que los testimonios de la víctima son confusos poniendo el énfasis en la discapacidad de la joven.
Desde CERMI-Aragón se ha reclamado que los medios de comunicación informen de los hechos sin juicios de valor y que utilicen un lenguaje respetuoso y no discriminatorio con las víctimas. Incidir en determinados aspectos relacionados con el tipo de discapacidad de la joven como factor determinante en la investigación no hace más que ahondar en la revictimización de la agredida y en su discriminación como víctima de una agresión.
La violencia machista incide en mayor medida en la población de mujeres y niñas con discapacidad. Ante esta circunstancia, los poderes públicos y los cuerpos de seguridad del Estado deben poner los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de mujeres, y garantizar el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, y a que sus testimonios sean creídos, evitando situaciones de revictimización.
Es fundamental que los medios de comunicación sean valedores de estos derechos fundamentales de las víctimas, cuidando el lenguaje y el modo en el que se trasmite la información puesto que el hecho delictivo en este caso, nada tiene que ver con las circunstancias de la joven.
Asimismo, las investigaciones para resolver el caso deberán contar con los profesionales suficientes para ello y con personal especializado para atender a la mujer agredida en iguales circunstancias que en cualquier otro delito de agresión sexual.
