Así, se debe eliminar el término ‘disminuidos’ en referencia a las personas con discapacidad y se ha de reforzar la protección de los derechos de este grupo social en la Carta Magna.
De este modo se ha manifestado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, en relación con los trabajos de esta Comisión para llevar a cabo una reforma constitucional que el movimiento de la discapacidad organizado viene planteando hace 15 años.
“Celebramos la ventana de oportunidad que ahora se nos abre y apelamos a todas las fuerzas políticas para que la aprovechen y la traduzcan, previos los diálogos y acuerdos precisos, en hechos normativos tangibles y satisfactorios, sustentados en respaldos robustos”, ha indicado el presidente del CERMI, que ha destacado la importancia de que esta reforma se realice de manera independiente de otros aspectos en los que no existe tanto consenso.
Para Pérez Bueno, la reforma sin duda ha de suprimir la palabra ‘disminuidos’, “que no solo está superada, sino que es ofensiva e hiriente”, que tendrá que ser sustituida por la única opción posible que es la de ‘personas con discapacidad’ o ‘mujeres y hombres con discapacidad’. Además, ha reclamado que se elimine la categorización de las personas con discapacidad en físicos, sensoriales o psíquicos, “hoy totalmente superada”.
MÁS ALLÁ DE LA TERMINOLOGÍA
“Pero no deseamos quedarnos en la mera sustitución de algunos términos y expresiones, sino que vamos más allá”, ha puntualizado el presidente del CERMI, quien cree que se debe hacer una mención a que “las mujeres y hombres con discapacidad gozarán real y efectivamente de la igualdad y de los demás derechos y libertades reconocidos en la Constitución a toda la ciudadanía, sin discriminaciones ni exclusiones por razón de esta circunstancia”.
Asimismo, ha defendido que el artículo 49 recoja una referencia expresa a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que las políticas públicas garanticen siempre el respeto a los derechos e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta aspectos transversales como la accesibilidad universal.
Para ello, cree que es fundamental “otorgar a los derechos de las personas con discapacidad del artículo 49 la más intensa protección legal y jurisdiccional”.
Por otro lado, Pérez Bueno ha señalado que en el futuro, el movimiento de la discapacidad organizado en torno al CERMI aspira a que se produzca una reforma de la Carta Magna para elevar a categoría de fundamentales los derechos sociales, con mención expresa a las personas con discapacidad.
En el turno de intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios se ha puesto de manifiesto un alto grado de consenso para modificar la Constitución y eliminar la terminología de ‘disminuidos’ y para avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
“Una reforma constitucional de este calado nos proveerá del instrumento preciso para accionar y verificar la emancipación individual y colectiva que por tanto tiempo a las personas con discapacidad nos ha sido negada”, ha concluido el presidente del CERMI.