En virtud de esta propuesta, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, a que se realice un protocolo de actuación desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que incluya medidas de prevención y protección para las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género con la colaboración de todas las entidades sociales que trabajan con las personas con discapacidad.
Asimismo, ha de poner a disposición de las y los profesionales que atienden a las personas con discapacidad, políticas de formación e información, para que puedan desarrollar su trabajo de la forma más adecuada y efectiva posible.
Además, se han de adoptar las medidas que sean necesarias para que las mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, se sientan acompañadas y apoyadas por profesionales a lo largo de todo el proceso, desde el mismo momento en que sea detectada por cualquier vía esta situación por parte de los equipos profesionales.
Finalmente, se habrá de seguir realizando programas específicos para las personas con discapacidad, a fin de que sean capaces de identificar los distintos tipos de violencia de género y conocer los derechos que les asisten.
