Pudo participar en la prueba tras la rectificación de la Generalitat, que respondía así a las quejas del movimiento asociativo de la discapacidad, estatal y autonómico. Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando Lucía, mujer sorda usuaria de prótesis auditivas, denunció que el departamento de selección de la Dirección General de Función Pública de la Generalitat Valenciana no le permitía realizar el examen de acceso al Cuerpo Superior de Gestión en Ingeniería Técnica en Informática de la administración con sus prótesis auditivas.
Según explicó la mujer, el órgano encargado de convocar el examen le comunicó que no podía hacer la prueba con sus audífonos y que, aunque ella había enviado el certificado de discapacidad que acredita su pérdida de audición, le solicitaron que “enviara un escrito de un médico que justificase que no llevar los audífonos le supone un estado de ansiedad”.
Finalmente, tras acudir al movimiento asociativo de la discapacidad a través de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y CERMI Comunidad Valenciana, que denunciaron el trato desigual, desde la secretaría autonómica de Justicia y Administración Pública de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, se pusieron en contacto con Lucía para comunicarle que iba a poder realizar el examen con las prótesis y sin ningún tipo de impedimento y que “estuviera tranquila”.
Además, desde la subdirección general de promoción profesional de la misma Conselleria, también le notificaron que se iba cambiar el funcionamiento y la forma de proceder con el objetivo de evitar estos casos discriminatorios hacia las personas con discapacidad.
En este sentido, Lucía argumenta que está “muy contenta y agradecida” y que se ha sentido acompañada en todo momento. “Quiero que mi caso sirva para que no exista esta exclusión hacia las personas con discapacidad”, declara.