¿Cómo recibe este nuevo respaldo internacional a su trayectoria en Naciones Unidas y qué lectura política hace para las mujeres y niñas con discapacidad?
Lo recibo, ante todo, con un profundo agradecimiento y sentido de la responsabilidad. Agradecimiento a la ONCE, que me apoya y respalda en todo este trabajo desde siempre, poniendo a mi disposición los recursos necesarios (humanos y económicos) para llevar a cabo esta labor; al CERMI y a su Fundación, cuyo acompañamiento y soporte son fundamentales para la inclusión de los derechos de las mujeres con discapacidad en el sistema internacional de derechos humanos, y a España, por haber confiado de nuevo en mi candidatura para un tercer mandato en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas.
Tengo que reconocer que las elecciones no han sido fáciles. Nunca lo son, pero este año menos aún. A la valoración de las candidaturas de los expertos y expertas que nos presentábamos a las múltiples elecciones que se han celebrado estas últimas semanas, se ha añadido el impacto de las posiciones geopolíticas de los Estados, particularmente con respecto a Gaza y a Irán, todo lo cual ha tenido un claro reflejo en la distribución de apoyos y resultados. Si hablamos más concretamente de las elecciones al CEDAW, también los retrocesos en derechos fundamentales de las mujeres han condicionado el voto de muchos de ellos. Pero, ahí estamos. Lo conseguimos.
Desde esta lectura política amplia, hay un elemento que me sigue preocupando profundamente: la presencia de personas con discapacidad en los órganos de tratados de la ONU continúa siendo excepcional. A pesar de que en 2018 fui la primera persona con discapacidad elegida para formar parte de un órgano de tratado distinto al de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cierto es que no se ha producido un efecto palestra. No solo no ha habido más candidaturas en el Comité CEDAW, sino que tampoco se han presentado personas con discapacidad a otros comités. Esto nos obliga a reflexionar seriamente sobre las causas de esta situación y sobre la necesidad de romper ese círculo vicioso.
Usted abrió una puerta histórica al incorporar la discapacidad al corazón del Comité CEDAW. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué resistencias siguen presentes?
Creo que ahora se tiene un conocimiento mucho más claro sobre la situación de las mujeres con discapacidad y sobre las limitaciones que estas tienen en el ejercicio de sus derechos fundamentales; todo lo cual ha permitido sistematizar mejor su consideración en el trabajo del Comité. Sin embargo, todavía se deben realizar algunos progresos para desmantelar, de una vez por todas, el enfoque médico-rehabilitador y el capacitismo en algunas cuestiones esenciales todavía pendientes; la más importante, la persistencia de cierto cuestionamiento sobre la capacidad para decidir en algunos asuntos fundamentales, para los que se siguen justificando excepcionalidades cuando se trata de una discapacidad intelectual o psicosocial.
Pese a estos progresos internos, lo cierto es que hay una falta generalizada de datos oficiales sobre la situación de las mujeres con discapacidad en relación con la CEDAW. Los Estados parte no cuentan con datos desagregados, ni en las políticas de igualdad de género y derechos de la mujer, ni en las políticas de discapacidad, lo que impide o, cuanto menos, dificulta un diagnóstico adecuado y el diseño de las políticas públicas necesarias para afrontar los retos.
La participación de organizaciones de mujeres con discapacidad en los procesos de consulta del Comité CEDAW sigue siendo excepcional. Más allá del hecho de que este órgano no cuenta con medidas de accesibilidad o de ajustes razonables en tales procesos de consulta, estas organizaciones -que generalmente son pequeñas y con escasos recursos-, no pueden afrontar el sobrecoste de los apoyos que precisan para dicha participación (asistentes personales, intérpretes de lengua de signos, mediadores de comunicación, entre otros). Lo mismo se podría decir con respecto a la participación de organizaciones de personas con discapacidad en los procesos de consulta del CEDAW. Por su parte, las organizaciones de mujeres han observado un importante avance en estos últimos años en relación con la consideración de la dimensión de la discapacidad en sus informes sombra, así como incluyendo en algunas ocasiones a una mujer con discapacidad como parte de sus delegaciones en Ginebra, Suiza.
¿Por qué sigue siendo tan difícil que las políticas de igualdad miren de frente a las mujeres con discapacidad y no las traten como una nota al margen?
Desde mi punto de vista, existen múltiples factores que pueden sustentar esta falta de medidas efectivas hacia las mujeres con discapacidad en las políticas públicas de igualdad.
En primer lugar, como ya he comentado, por la falta de datos oficiales y contrastados sobre la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad en el marco de las políticas de igualdad de género y de derechos de las mujeres. Esta carencia impide realizar diagnósticos adecuados y, en consecuencia, diseñar políticas verdaderamente efectivas para ellas.
Pero es que, además, las cifras no encajan. Los escasos datos existentes sobre mujeres y niñas con discapacidad presentan importantes limitaciones, dado que no incluyen indicadores relevantes para su análisis. En no pocos casos, esos datos están basados en criterios de certificación de la discapacidad que han pasado por alto las cuestiones de género, lo que provoca que muchas mujeres queden fuera del sistema, ya que el propio modelo de valoración y reconocimiento es, en la práctica, excluyente.
A esta situación ya compleja de partida, se une el hecho de la ocultación de la condición de discapacidad sobrevenida en muchos casos de mujeres víctimas de violencia de género, por miedo a la pérdida de relaciones personales, de la custodia de sus hijos e hijas o de un trabajo... Todas ellas son mujeres con discapacidad excluidas de las estadísticas y de los datos oficiales.
Una segunda razón que podría explicar este hecho es que no se cuenta con las propias mujeres con discapacidad en los procesos de consulta para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de estas políticas. No reciben apoyos suficientes para establecer sus propias organizaciones, ni tampoco apoyo suficiente para desarrollar programas de fortalecimiento para la defensa de sus derechos fundamentales. Como consecuencia, son siempre terceras personas las que hablan por ellas; las que son consultadas; las que ocupan su lugar en los espacios de decisión. Todo ello mientras resuenan en los oídos el "no dejar a nadie atrás" y el "nada para nosotros sin nosotros"...
Pero también es necesario mencionar la percepción negativa que la sociedad tiene hacia las medidas de acción afirmativa a favor de un grupo social determinado. Este tipo de medidas suele generar resistencias e incluso rechazo en otros grupos, pese a que constituyen una herramienta esencial para avanzar en igualdad real. Cuando se han tratado de introducir algunas medidas de acción afirmativa para mujeres con discapacidad (como cuotas o prioridad en el acceso a un servicio o recurso) no siempre han tenido la comprensión social necesaria para su establecimiento y desarrollo, por lo que su efecto ha sido muy limitado.
"Sin datos no hay políticas eficaces"
En estos años, ¿Qué avances concretos ha visto en el sistema de Naciones Unidas respecto a la intersección entre género, discapacidad y derechos humanos?
En el ámbito de los órganos de tratados de derechos humanos, creo que se han hecho algunos avances importantes, especialmente por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y por parte del Comité de los Derechos del Niño (CDN). En el primer caso, el género se ha incorporado ya de manera sistemática en los diálogos con los Estados parte, donde la situación de las mujeres con discapacidad se aborda de forma recurrente. Precisamente en estos momentos el CDPD está trabajando en unas directrices para abordar la discriminación interseccional que sufren las mujeres con discapacidad en relación con la legislación y políticas de discapacidad. Por su parte, el CDN ha fortalecido su jurisprudencia con algunos dictámenes relevantes sobre la violencia y el abuso hacia niñas con discapacidad. Esto es muy importante.
En el ámbito de las agencias de Naciones Unidas, se han impulsado pronunciamientos conjuntos, como la declaración de mayo de 2023 “Trabajando juntos para garantizar el derecho de las niñas con discapacidad a vivir sin violencia”, fruto de la colaboración entre UNICEF, ONU Mujeres, la OMS, la OIT, la FAO, el PNUD, el UNFPA y la Alianza de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunas de estas agencias han establecido puntos focales para los asuntos de género y discapacidad, aunque ahora corren el riesgo de desaparecer como consecuencia de la crisis de liquidez y financiera de Naciones Unidas.
Quiero mencionar también que, gracias al papel desempeñado por ONU Mujeres, se ha avanzado en la inclusión de expertas con discapacidad en el trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), logrando presencia en los mecanismos de consulta para que la discapacidad esté mejor considerada en las resoluciones.
La violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad continúa infradetectada e infradenunciada. ¿Qué deben hacer los Estados para dejar de fallar en prevención, protección y reparación?
En primer lugar, es imprescindible actuar con un enfoque integral que abarque la prevención, la protección, la respuesta judicial y la reparación, y que tenga en cuenta las especificidades de las mujeres y niñas con discapacidad.
En el ámbito de la prevención, los Estados deben reforzar la capacitación de las propias mujeres y niñas con discapacidad para que puedan identificar y reconocer situaciones de violencia o abuso, así como garantizar una supervisión efectiva e independiente de todos los servicios y programas en los que puedan encontrarse, incluidos los de salud mental y de salud sexual y reproductiva.
En materia de protección, es necesario establecer mecanismos específicos, accesibles y adaptados, que no condicionen la protección a la presentación previa de una denuncia. Esto exige evaluaciones de riesgo individualizadas, el acceso real a servicios integrales de atención a víctimas y la plena accesibilidad de recursos clave —centros de crisis, casas de acogida, juzgados o campañas de sensibilización—. Asimismo, deben fortalecerse los protocolos de coordinación entre todos los actores implicados y garantizar la formación continua de los profesionales intervinientes. Todo ello con la participación activa de las organizaciones de mujeres con discapacidad.
En relación con la respuesta institucional, es fundamental asegurar el acceso efectivo a la justicia. Esto implica formar a las autoridades judiciales, evitar la derivación de estos casos a mecanismos alternativos como la mediación y reforzar la investigación de la violencia en entornos cerrados o segregados, garantizando siempre canales de denuncia confidenciales e independientes.
En cuanto a la recuperación y reparación, los Estados deben garantizar una atención integral orientada a la rehabilitación y a la reintegración social de las víctimas, con servicios adaptados y personal especializado. También resulta clave agilizar el reconocimiento de la discapacidad en estos casos para facilitar un acceso rápido a medidas de protección social.
Por otra parte, sin datos no hay políticas eficaces. Es imprescindible desarrollar sistemas de información que incluyan la variable discapacidad de forma sistemática y promover estudios específicos que permitan comprender mejor las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad.
Finalmente, la cooperación internacional debe reforzarse, tanto para el intercambio de conocimiento como para el impulso de iniciativas conjuntas que permitan avanzar en la prevención, la protección y la atención integral. Solo desde una respuesta coordinada, sostenida y basada en derechos se podrá dejar de fallar a las mujeres y niñas con discapacidad.
En un contexto internacional marcado por guerras, crisis humanitarias, retrocesos democráticos y discursos antifeministas, ¿Cuáles son las mayores amenazas para las mujeres y niñas con discapacidad?
Las mayores amenazas tienen que ver, en primer lugar, con el impacto desproporcionado que los conflictos armados y las crisis humanitarias siguen teniendo sobre las mujeres y las niñas y de manera particularmente intensa sobre las que tienen o adquieren una discapacidad. En estos contextos aumenta el riesgo de abandono, violencia, explotación y exclusión del acceso a servicios básicos, lo que agrava situaciones de vulnerabilidad preexistentes.
A ello se suma la persistencia de la violencia de género en contextos de conflicto y postconflicto, donde las mujeres y niñas siguen siendo objeto de violación, abusos sexuales y otras formas de violencia, muchas veces en condiciones de total impunidad. Para las mujeres con discapacidad, estas violencias se ven reforzadas por barreras adicionales en el acceso a la protección, a la justicia y a mecanismos efectivos de reparación.
Otra amenaza clave es la exclusión sistemática de los espacios de toma de decisiones. A pesar del reconocimiento internacional del papel fundamental de las mujeres en la prevención y resolución de los conflictos y en la construcción de la paz, su participación sigue siendo limitada, y en el caso de las mujeres con discapacidad, prácticamente residual. Esto implica que sus necesidades y derechos no se incorporan suficientemente en los procesos de paz, en la acción humanitaria ni en las políticas de reconstrucción.
También es especialmente preocupante la falta de acceso a la asistencia humanitaria en condiciones de igualdad. Las barreras físicas, comunicativas y actitudinales dificultan que las mujeres y niñas con discapacidad puedan acceder a servicios de salud, protección, educación o apoyo psicosocial en contextos de emergencia, lo que limita gravemente sus posibilidades de supervivencia y recuperación.
"Mi prioridad será sacar adelante la recomendación general sobre los derechos de las mujeres y su intersección con la discapacidad"
¿Qué objetivos personales y políticos se marca para los próximos años en el Comité CEDAW?
El Comité CEDAW tiene retos importantes por delante que se deben abordar de forma urgente y en los que me implicaré directamente como experta de este órgano. Entre ellos, el fortalecimiento del trabajo sobre mujer, paz y seguridad en coordinación con el Consejo de Seguridad; la armonización de los métodos de trabajo y, sobre todo, de la jurisprudencia sobre los derechos de las mujeres, con otros órganos de tratados; el establecimiento de un calendario predictivo para la revisión de los Estados parte, fortaleciendo el mecanismo de seguimiento para las cuestiones de urgencia; reducir los retrasos significativos en la consideración de las comunicaciones individuales y de las investigaciones en curso y pendientes, entre otras.
Desde una perspectiva más estructural, es fundamental contribuir al desarrollo de la nueva arquitectura de la igualdad de género en Naciones Unidas, reafirmando el papel de la CEDAW como instrumento jurídico central para la garantía de los derechos de las mujeres a casi 50 años de su adopción, lo que implica también reflexionar sobre la articulación con otros espacios como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y ONU Mujeres.
Pero, lo que verdaderamente será mi prioridad en este nuevo tiempo es sacar adelante, como punto focal, la nueva recomendación general nº 42 del Comité CEDAW sobre los derechos de las mujeres y su intersección con la discapacidad. Esta nueva recomendación general deberá permitir abordar no solo la aplicación de la CEDAW a las mujeres con discapacidad, sino también cuestiones como el impacto de la discapacidad en contextos de violencia, trata y conflictos armados; su incidencia en prácticas nocivas como la mutilación genital femenina; y su relación con los cuidados, la maternidad y el envejecimiento de las mujeres. Un proceso constructivo que requerirá de consultas públicas globales y regionales a todas las partes interesadas y para el que espero contar con el apoyo necesario de los gobiernos, las agencias especializadas de la ONU, la sociedad civil, la academia y otras partes interesadas. Un proceso participativo e inclusivo que sitúe en el centro a sus protagonistas: las mujeres y niñas con discapacida
