La Fundación CERMI Mujeres ha mantenido hoy una reunión estratégica con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con el objetivo de dar un impulso definitivo a la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad. Durante el encuentro, la Fundación ha reclamado con firmeza el respaldo del Gobierno para una Ley de Reparación a las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad.
El principal asunto abordado con el ministro ha sido la necesidad de impulsar una Ley de Reparación para las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad. Fundación CERMI Mujeres ha recordado que esta práctica, permitida durante décadas por el ordenamiento jurídico español, constituyó una grave violación de los derechos humanos, con un impacto especialmente intenso sobre las mujeres y niñas con discapacidad, y requiere una respuesta pública basada en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Durante el encuentro, el ministro Bustinduy acogió la propuesta de Fundación CERMI Mujeres y trasladó la necesidad de contar con un diagnóstico riguroso que permita conocer con precisión el alcance de esta vulneración de derechos. En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales se comprometió a promover, a través del Observatorio Estatal de la Discapacidad, la realización en 2027 de un estudio específico sobre las sentencias judiciales de esterilización dictadas desde julio de 1989, periodo en el que el Código Penal permitió esta práctica, con el fin de evaluar también el posible impacto económico de una futura ley de reparación.
La reunión permitió también revisar otros asuntos prioritarios de la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad, entre ellos la violencia que siguen sufriendo en distintos ámbitos de la vida. Fundación CERMI Mujeres trasladó al ministro la necesidad de avanzar, a la luz del estudio cualitativo que actualmente desarrolla el Observatorio Estatal de la Discapacidad y cuya publicación está prevista este año, hacia una macroencuesta específica sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, asumida por el Instituto Nacional de Estadística.
La entidad defendió que esta macroencuesta debe partir de una conceptualización amplia de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, que trascienda el marco actual de la violencia de género recogido en la legislación española, centrado fundamentalmente en la ejercida por la pareja o expareja. Por su parte, el ministro mostró su disposición a abordar esta cuestión con el Ministerio de Igualdad, una vez se conozcan los resultados del estudio cualitativo y del análisis de los microdatos de la última macroencuesta de violencia contra las mujeres que está ultimando el Observatorio Estatal de la Discapacidad.
En la reunión, en la que participaron también Mayte Gallego, patrona de Fundación CERMI Mujeres, y Paula González, el ministro Bustinduy felicitó nuevamente a la Fundación por la concesión de la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, así como a Ana Peláez por su nombramiento como experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.
La reunión, encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, se produce en un momento especialmente relevante para los derechos de las personas con discapacidad, coincidiendo con el inicio de la ponencia parlamentaria sobre la reforma de la legislación de discapacidad y dependencia, así como con la conmemoración del 20 aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este contexto, Fundación CERMI Mujeres ha llamado al consenso político de todos los grupos parlamentarios para que estas reformas salgan adelante y se alineen plenamente con el nuevo artículo 49 de la Constitución Española. La entidad ha subrayado que la actualización del marco legislativo debe incorporar de forma transversal la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, una población que representa más del 30 % de las mujeres en general y que sigue afrontando formas agravadas de discriminación, violencia y vulneración de derechos.
