Tras la jornada inaugural de la Convención CERMI Rural 2025, que se celebra los días 3 y 4 de julio en Logroño, La Rioja, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, planteó una reflexión estratégica sobre el papel que debe asumir el movimiento social de la discapacidad en el desarrollo rural inclusivo. Partiendo de un diagnóstico realista pero no derrotista, reconoció las graves carencias que enfrentan las personas con discapacidad en el medio rural -pobreza, deslocalización, falta de apoyos, barreras al empleo o la participación- pero también quiso destacar valores positivos del entorno, como las redes de solidaridad comunitaria y el apoyo mutuo. “No todo es negativo. En el medio rural también hay vida buena y comunidad. Lo que falta es una política pública que lo refuerce y no lo expulse”, expresó.
Pérez Bueno defendió que la inclusión en el medio rural requiere una acción política organizada desde dentro del propio movimiento asociativo, articulada en cuatro dimensiones: autoconciencia sobre la ruralidad dentro del sector; incidencia política efectiva que interpela a los poderes públicos; provisión de apoyos y servicios adaptados al territorio, incluyendo modelos itinerantes; y la creación de redes de cooperación interdiscapacidad. “Somos víctimas inconscientes del urbacentrismo. Tenemos que mirar más allá de la ciudad y salir al encuentro de quienes no están siendo atendidos”, subrayó.
A continuación, se produjo el conversatorio sobre “Las mujeres con discapacidad en el medio rural”, moderado por Mayte Gallego (Fundación CERMI Mujeres). Contó con la participación de Carla Ventura Recas (COCARMI – Cataluña), responsable de incidencia social y política; Mónica Aguado Tamarit (CERMI Comunidad Valenciana), abogada y responsable jurídica; Eduardo Llano Martínez (CERMI Asturias), presidente del Aspaym Asturias e Impulsa Igualdad Asturias; y Cristina Díaz Ganado (CERMI Islas Baleares), presidenta de la Fundación Capacita, un diálogo, en el que se identificaron necesidades urgentes como la falta de accesibilidad, empleo, transporte adaptado y servicios públicos continuados. Las intervenciones pusieron el foco en la triple discriminación que sufren las mujeres con discapacidad por razón de género, discapacidad y entorno territorial. También se expusieron propuestas concretas: servicios de asistencia personal, planes autonómicos con enfoque rural, programas de acompañamiento ante violencia, alfabetización digital, o la demanda de servicios “puerta a puerta” que garanticen inclusión real. Todas coincidieron en la necesidad de una mayor inversión pública, vertebración del territorio, y un apoyo decidido al asociacionismo femenino en los pueblos.
La jornada prosiguió con la ponencia de Ana Pilar Cruz Boluda, directora general de INSERTA Empleo – Fundación ONCE, centrado en la aplicación de fondos europeos para el desarrollo rural inclusivo, especialmente para personas con discapacidad. Defendió que la discapacidad y la ruralidad no deben tratarse por separado, sino desde una perspectiva interseccional que tenga en cuenta también el género y la violencia estructural.
BUENAS PRÁCTICAS
La sesión vespertina se abrió con una mesa sobre buenas prácticas de inclusión en el medio rural riojano, moderada por Juan Javier Muñoz Ruiz. Se presentaron iniciativas centradas en el trabajo puerta a puerta, el enfoque familiar y la adaptación territorial de los apoyos. Mariví Ercilla (Salud Mental La Rioja) destacó su programa de acompañamiento psicosocial; Juan Guerra (ASPACE La Rioja) explicó la atención temprana en el domicilio; y María Martínez (ONCE) subrayó la necesidad de la inclusión de menores con baja visión residentes en el medio rural. Verónica Ábrego (ARSIDO) defendió el empleo con apoyo como vía de inclusión, y Ana Rodrigo
(La Rioja sin Barreras) reivindicó la accesibilidad como derecho, presentando la guía autonómica y su aplicación de desarrollo.
En una segunda mesa de experiencias, moderada por Teresa Palahí Juan, representantes de los CERMIS autonómicos compartieron proyectos inclusivos en el medio rural desarrollados en distintos territorios. Rafaela Chouvanelle (CERMI Andalucía) presentó el Proyecto Rumbo, centrado en hogares digitales inclusivos, y pidió implicar a las diputaciones provinciales en la provisión de servicios. Ramón Sestayo (CERMI Galicia) destacó la labor del movimiento asociativo para acercar recursos a núcleos muy dispersos. Desde Navarra, María Pilar Herrero puso el énfasis en el empleo inclusivo mediante centros como Tasubinsa y ADISCO. Por su parte, Rosa Galván (CERMI Castilla y León) subrayó el apoyo a personas mayores, la accesibilidad comunicativa y programas específicos como Julia, dirigido a mujeres con problemas de salud mental en zonas rurales, entre otras buenas prácticas.
ACCESIBILIDAD, EMPLEO Y APOYOS PERSONALES
La última parte de la jornada se articuló el conversatorio sobre las Claves para la inclusión de las personas con discapacidad en el medio rural introducido por Luis J. Alonso Calzada (exgerente del CERMI y actual delegado de Gobierno Abierto de la Entidad), en el que Francisco Javier Cremades Fernández, arquitecto y técnico del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE, abordó las graves carencias de accesibilidad en el medio rural, especialmente en municipios de menos de 5 000 habitantes. Denunció que solo el 24 % de los itinerarios urbanos en estos pueblos permiten una circulación razonable y que apenas el 12 % de los servicios públicos y espacios de calle son utilizables en condiciones adecuadas. “El mayor problema se concentra en los cascos antiguos, donde las restricciones urbanísticas y la falta de reformas impiden garantizar el derecho a una movilidad segura y autónoma”, explicó. Cremades también alertó sobre la baja accesibilidad de ayuntamientos y concejalías, justo donde deberían concentrarse las soluciones, y reclamó una revisión profunda de los criterios de diseño urbano y edificación para que los entornos rurales no sigan siendo excluyentes para miles de personas con discapacidad.
Anxo Queiruga Vila, vicepresidente del CERMI Estatal y presidente de COCEMFE, defendió la asistencia personal como un derecho y un instrumento de libertad, especialmente transformador para las personas con grandes necesidades de apoyo en el entorno rural. Subrayó que acceder a este recurso supone “un antes y un después” para quienes lo disfrutan, ya que permite recuperar el control del propio tiempo, mejorar la salud emocional y participar plenamente en la vida comunitaria. Alertó sobre las enormes desigualdades territoriales en su aplicación, pese a que está reconocida legalmente desde 2006, y lamentó que siga funcionando como proyecto piloto en comunidades como Madrid o Cataluña. “No se trata de ayuda a domicilio, aclaró, sino de un servicio profesional que garantiza autonomía, independencia y la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones”. También destacó la necesidad de formación específica y disponibilidad de asistentes en zonas rurales, donde cubrir esta figura sigue siendo una tarea pendiente. “Es urgente y necesario garantizar el acceso a la asistencia personal, unificando criterios con independencia de tu código postal” subrayó.
La última intervención del conversatorio corrió a cargo de Josefa Torres Martínez, secretaria de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI Estatal, quien abordó los desafíos específicos que enfrenta la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el medio rural. Definió esta cuestión como “un reto” que debe incluir para su éxito de la innovación, el emprendimiento, el apoyo institucional y la colaboración público-privada.
La actividad se retomará el viernes 4 de julio con nuevas sesiones de trabajo, centradas en las conclusiones de los grupos de debate territoriales y en la lectura pública de la Declaración de La Rioja, un documento político que recogerá los principales consensos y reivindicaciones surgidos en el marco de esta Convención Rural.
