Aprovechando las conversaciones oficiales sostenidas en el mes de mayo entre Filipinas y la UE en Bruselas para abordar este tema, un grupo de activistas procedentes de Filipinas se trasladaron a la capital belga para expresar su preocupación sobre esta cuestión.
La defensora de los derechos humanos de las mujeres, Ana María Nemenzo, abordó importantes cuestiones relacionadas con el impacto de la propuesta de este acuerdo comercial sobre la salud pública y el acceso a los medicamentos, que afecta de una manera especial a las mujeres.
Según Nemenzo "este acuerdo que se negociará con la UE, aplicando sus provisiones sobre derechos de propiedad intelectual, es contrario al espíritu y la letra de la Ley nacional del Medicamento, afectando muy negativamente al acceso a medicamentos asequibles para millones de ciudadanos y ciudadanas pobres de Filipinas.” Estas restricciones afectarán en mayor medida a aquellas personas que deban seguir tratamientos por enfermedades de tipo crónico.
Tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) los medicamentos deben estar disponibles partiendo de la necesidad de las personas y no de la capacidad de pago. Por desgracia, este planteamiento se está viendo socavado en los últimos años por el fuerte empuje de sistemas de patentes más restrictivas, como por ejemplo, los sistemas contenidos en los llamados acuerdos de libre comercio de nueva generación.
De acuerdo con un informe elaborado por Iniciativa de Salud Pública del Sudeste Asiático, en Filipinas y en el resto de la región, los sistemas públicos de salud están en un estado de continuo deterioro, debido a la falta de recursos y de compromiso político.
Además, la limitación y disminución de los presupuestos para la salud, la mala infraestructura para su provisión y la falta de una legislación fuerte de salud pública, hacen que sea difícil para los gobiernos asegurar que los medicamentos y los tratamientos asequibles estén disponibles para la población, especialmente para los sectores más pobres. En este sentido, hay que recordar que las mujeres con discapacidad aparecen como uno de los segmentos poblacionales más excluidos en el país.
Otro problema a tener en cuenta es que los medicamentos genéricos más asequibles no están siempre disponibles en el sector de la salud pública y esto está obligando a las personas que los necesitan a comprar medicamentos en el sector privado, donde los precios son generalmente más altos, cuando no, directamente inasequibles.
UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Por su parte, Joseph Purugganan, coordinador del programa de Filipinas de Focus on the Global South y coordinador de la red para la Campaña regional UE-ASEAN TLC, presente también en Bruselas, apuesta por que se mantengan buenas relaciones entre la UE y Filipinas pero siendo críticos con las narrativas sobre crecimiento y desarrollo. Tratados como los que aquí se están abordando apuestan por garantizar el interés de las empresas de la UE fundamentalmente.
Recientemente Filipinas ha elegido un nuevo gobierno bajo la presidencia de Rodrigo Duterte, por lo que, según las organizaciones de derechos humanos del país, resultaría conveniente que la UE llevara a cabo una evaluación del impacto en materia de derechos humanos de las políticas del nuevo gobierno antes de continuar con estas conversaciones.
Se estima que en Filipinas, un país de algo más de cien millones de habitantes, residen aproximadamente diez millones de personas con discapacidad, datos calculados a la baja, ya que se estima que el total de esta población pueda ser sensiblemente superior. Más de la mitad está formada por mujeres con algún tipo de discapacidad.
