En un contexto internacional marcado por un preocupante retroceso en los derechos de las mujeres y en las políticas de igualdad, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha vuelto a subrayar la necesidad urgente de asegurar la plena vigencia y protección de los derechos sexuales y reproductivos. Esta reivindicación ha centrado la XX edición del Aula de Derechos Humanos, celebrada esta mañana de manera virtual y concebida como un espacio de reflexión técnica, jurídica y social sobre los avances y desafíos que afrontan las mujeres, especialmente aquellas con discapacidad, en el ejercicio de estos derechos fundamentales.
La sesión ha estado dedicada al análisis de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, situando en el centro la reforma impulsada por la Ley Orgánica 1/2023, que modifica la Ley Orgánica 2/2010 con el objetivo de actualizar el marco normativo, reforzar la autonomía de las mujeres y garantizar el acceso real y efectivo a estos servicios en condiciones de igualdad. La ponencia principal ha sido impartida por Sara De Torres Riveiro, Delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación CERMI Mujeres, quien ha expuesto los elementos clave de esta reforma y su impacto en la vida de las mujeres.
Durante su intervención, De Torres ha detallado los cambios más significativos introducidos por la nueva normativa, entre los que destacan la eliminación de requisitos para la interrupción voluntaria del embarazo, la creación de registros autonómicos de objeción de conciencia que aseguren la disponibilidad de profesionales para garantizar el servicio, y el reconocimiento explícito de las violencias ginecológicas y obstétricas, un paso fundamental para visibilizar prácticas lesivas que históricamente han sido normalizadas. Asimismo, ha subrayado que la ley consolida el derecho a un aborto gratuito, seguro y accesible dentro del sistema público de salud, elimina obstáculos adicionales para las mujeres jóvenes y establece la necesidad de promover una educación sexual integral, basada en la evidencia científica y alejada de estigmas, silenciamientos o condicionamientos morales.
En palabras de la propia De Torres, “esta ley no es solo una herramienta jurídica: es una conquista social, un compromiso con la libertad de las mujeres, con nuestro derecho a decidir sin miedo, sin cuestionamiento, sin tutelas externas”. Sin embargo, ha recordado que los avances legislativos no siempre se traducen de forma inmediata en mejoras reales y que persisten barreras, especialmente para las mujeres y niñas con discapacidad, quienes continúan enfrentándose a estructuras discriminatorias, falta de accesibilidad, paternalismo institucional y múltiples formas de violencia que limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. A este respecto, ha señalado que, aunque la reforma normativa supone un progreso relevante en el plano teórico, aún existen importantes retos en su implementación efectiva.
El debate posterior, desarrollado en un entorno plenamente accesible, ha contado con la participación de Pilar Pascual Pastor, especialista en Psicoterapia de Equidad Feminista y experta en género y salud de las mujeres, y de Amalia Diéguez Ramírez, presidenta de la Comisión de la Mujer del CERMI Comunidad Valenciana y patrona de la Fundación CERMI Mujeres. Ambas han aportado perspectivas complementarias sobre la aplicación práctica de la ley en distintos contextos institucionales y sanitarios, señalando tanto las buenas prácticas ya consolidadas como las dificultades persistentes para garantizar un acceso equitativo y respetuoso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Las ponentes han coincidido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de formación de profesionales, mejorar la accesibilidad universal, erradicar prejuicios y promover un enfoque centrado en los derechos humanos y en la autonomía corporal de todas las mujeres, sin excepción.
La Fundación CERMI Mujeres ha reiterado, a modo de conclusión, su compromiso con la defensa activa y permanente de los derechos sexuales y reproductivos, alertando sobre los riesgos que representan los discursos regresivos presentes en el escenario internacional. Asimismo, ha reafirmado su voluntad de continuar impulsando espacios de debate, investigación y sensibilización que contribuyan a garantizar que estos derechos, fundamentales para la igualdad real entre mujeres y hombres, sean plenamente ejercidos por todas, incluidas las mujeres y niñas con discapacidad, cuya protección exige respuestas políticas firmes, recursos suficientes y una vigilancia constante para evitar retrocesos.
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