- La Entidad defiende ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados una ley de reconocimiento, reparación e indemnización para las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad
- Fundación CERMI Mujeres espera que la proposición se pueda traducir en la promulgación de un texto legislativo durante 2026, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
Fundación CERMI Mujeres, representada por su patrona y presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo Díaz, ha comparecido este martes ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados para presentar y defender una propuesta de ley de reconocimiento, reparación e indemnización para las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad, una iniciativa respaldada por el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI.
Durante su intervención, Castillo ha subrayado que esta propuesta legislativa busca dar una respuesta “sólida y necesaria” a una práctica que estuvo permitida en España durante más de treinta años y que supuso “una violación grave y sistemática de los derechos fundamentales” de las personas con discapacidad, afectando de forma mayoritaria a mujeres y niñas adolescentes.
La representante de Fundación CERMI Mujeres recordó que entre 1989 y 2020 el Código Penal permitió que un juez autorizara esterilizaciones de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, sustituyendo su voluntad bajo el argumento de un supuesto “interés superior”. Según expuso, esta práctica convivió durante décadas con el sistema de incapacitación legal y afectó especialmente a mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial.
“Hoy no venimos solo a hablar de derechos en abstracto. Hoy venimos a hablar de memoria, de justicia y de reparación”, afirmó Marta Castillo durante la comparecencia, en la que reclamó el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante una norma que permita reconocer oficialmente a las víctimas y reparar el daño causado.
En este sentido, defendió que el Estado “tiene una deuda” con las mujeres y niñas con discapacidad que fueron esterilizadas de manera forzada o no consentida y advirtió de que muchas de ellas envejecen “sin haber recibido jamás una disculpa”, mientras que otras ya han fallecido sin ningún reconocimiento público.
La proposición presentada ante la Comisión contempla el reconocimiento oficial de las víctimas, la nulidad de los procedimientos judiciales que autorizaron las esterilizaciones, medidas de restitución y rehabilitación médica, psicológica, jurídica y social, así como una indemnización de 30 000 euros para cada víctima acreditada, exenta de tributación y de carácter personal e intransferible.
Asimismo, la futura ley plantea la celebración de un acto público de perdón institucional y la creación de un memorial en recuerdo de las víctimas, además de medidas de garantía de no repetición alineadas con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y con la Organización de las Naciones Unidas Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante su exposición, Castillo defendió que España, tras la reforma del Código Penal de 2020 que eliminó esta posibilidad, “se ha puesto a la vanguardia de la comunidad internacional en la erradicación de una práctica nociva, contraria al respeto de los derechos humanos y dignidad de la persona”.
La compareciente también explicó la estructura general de la propuesta normativa, que incluye la creación de una Comisión para la identificación, seguimiento y reparación de las víctimas, así como la elaboración de un registro y censo estatal que permita acreditar y reconocer oficialmente a las personas afectadas.
En el tramo final de su intervención, Marta Castillo apeló a la “voluntad política” y al compromiso de la Cámara para impulsar esta ley en un momento especialmente simbólico, coincidiendo en 2026 con el vigésimo aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tras la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
Por su parte, los distintos grupos parlamentarios presentes en la Comisión, entre ellos Sumar, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, trasladaron una valoración favorable a la propuesta impulsada por Fundación CERMI Mujeres y coincidieron en la necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento, reparación y acompañamiento de las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad. Asimismo, expresaron la importancia de que la propuesta pueda continuar su recorrido parlamentario desde el máximo consenso político y social, subrayando que este debate trasciende el caso concreto de las esterilizaciones forzadas para abordar el reconocimiento de derechos fundamentales que el Estado negó durante décadas a las personas con discapacidad.
Esta presentación se enmarca en la continuidad del trabajo institucional y parlamentario de la Fundación CERMI Mujeres y del movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, que desde hace años reclama una respuesta pública integral para las víctimas.
Desde la Fundación se espera que esta futura ley pueda salir adelante durante 2026, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
