Durante el mes de julio, activistas procedentes de la ciudad de Mumbay marcharon hacia Nueva Delhi reivindicando que la legislación nacional en materia de discapacidad tenga en cuenta las demandas específicas de las mujeres y las niñas con discapacidad. Con este fin se han reunido con del Departamento de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento y con miembros responsables del Ministerio de Salud.
Una de las enmiendas que el movimiento de la discapacidad quiere introducir en la ley es la eliminación de la norma en virtud de la cual basta con el consentimiento de la persona tutora para dar por terminado el embarazo de una mujer con discapacidad sin contar con su permiso. En este sentido el Comité designado para elaborar las recomendaciones de reforma de la ley, señala que en estos casos la voluntad de las mujeres no puede ser usurpada ya que se trata de una cuestión que afecta a su dignidad.
La convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad a través de su artículo 6 reconoce claramente que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación por lo que los Estados deberán adoptar medidas encaminadas a asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Las personas representantes de las organizaciones sociales de la discapacidad esperan asimismo que la nueva legislación incluya una subsección específica sobre mujeres y niñas con discapacidad, donde además de reconocer sus derechos sexuales y reproductivos, se incluyan artículos sobre fomento del empleo femenino y accesibilidad en clave de género.
Otra demanda, expresada esta vez, por la Comisión Nacional para las Mujeres es la de incluir a las víctimas supervivientes de los ataques con ácido como personas beneficiarias de la Ley de Discapacidad. Actualmente solo el 30 por ciento de estas víctimas reciben algún tipo de tratamiento físico y psicológico después de una larga espera. En este sentido, es necesario establecer medidas de rehabilitación y promoción laboral para estas víctimas, así como una legislación estricta que regule la venta de productos ácidos que se emplean como armas contra las mujeres fundamentalmente.
En 2014 se reportaron 309 casos de ataques con ácido en la India según datos oficiales ofrecidos por la Oficina de Nacional sobre Delitos y aunque los registros no se encuentran desagregados por sexo, la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres.
