Así lo expresaron Mercedes Pérez de Prada, Rocío Molpeceres Olea, Mª Jesús Pérez Escobar, Cristina Paredero Morato, Myriam Arnaiz Caballero, Noelia López Aso, Blanca San Segundo Madoz, María Sierra López Belmonte, todas ellas mujeres con discapacidad, durante la lectura pública del manifiesto de CERMI Mujeres elaborado con motivo del Día Internacional de la Mujer y que este año lleva por título ‘El futuro que queremos’.
Bajo ese lema, la entidad recordó que hay más de dos millones y medio de mujeres con discapacidad comprometidas a construir “el futuro que queremos”. Por ese motivo, todas las medidas del manifiesto se han centrado en diseñar la hoja de ruta para seguir “aquí y ahora”.
Desde la Fundación CERMI Mujeres reafirmaron su compromiso con la construcción de un mundo donde las mujeres y niñas con discapacidad sean reconocidas como lideresas y agentes de cambio, libres de discriminación, violencia y exclusión. “A pesar de los avances significativos, aun enfrentamos desafíos críticos que requieren de una atención urgente y de acciones decididas”, declararon.
“La rendición de cuentas en este contexto no sólo implica la creación y aplicación de políticas específicas, sino también un monitoreo continuo y una evaluación transparente de su impacto y eficacia. Esta rendición de cuentas incluye necesariamente el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por España”, dice el manifiesto que leyeron.
Durante el acto se procedió a la presentación del ‘Informe de Derechos Humanos 2023 de Mujeres y Niñas con Discapacidad’ de la mano la coordinadora de CERMI Mujeres, Isabel Caballero.
En relación con el informe, Caballero explicó su estructura, el objetivo, y definió el documento como “una herramienta política y legal clave que nos permite hacer un seguimiento detallado de cómo se están respetando y promoviendo los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en España”.
Este informe comienza con una sección dedicada a la violencia contra las mujeres con discapacidad, proporcionando datos estadísticos actualizados y analizando las políticas y medidas adoptadas en ese ámbito.
El acceso a la justicia es otro pilar fundamental de este informe, destacando los obstáculos que las mujeres con discapacidad encuentran en el sistema judicial, así como propuestas para mejorar su acceso a la justicia gratuita y una representación legal adecuada. Finalmente, el informe analiza la posición de España ante el Comité Cedaw y concluye con reflexiones y recomendaciones para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.
En cuanto a las conclusiones, Isabel Caballero comentó que “este documento nos desafía a todos a participar activamente en la promoción de cambios significativos” y agradeció a todos los que han contribuido a este importante trabajo. “Juntos, seguiremos trabajando para garantizar que ningún derecho sea ignorado”.