Muchas de estas agresiones jamás llegan a ser denunciadas, según informa la agencia Reuters. El miedo de las víctimas, el desconocimiento sobre sus propios derechos, la falta de empoderamiento, la corrupción del sistema judicial, así como los obstáculos económicos a la hora de acceder a la justicia, son las principales razones que disuaden a las mujeres a llevar estos casos ante los tribunales.
En Uganda uno de cada cinco habitantes tiene una discapacidad y son precisamente las mujeres y niñas con discapacidad las que se hallan en situación de riesgo de sufrir una agresión sexual.
La campaña #JusticeForGirls lanzada por organizaciones de derechos humanos pretende garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, evitando situaciones de victimización secundaria.
La presión social ejercida por las organizaciones como Acción Legal para Personas con Discapacidad y la Comisión de Igualdad de Oportunidades, ha permitido que recientemente se reabra el caso de una niña sordociega de trece años violada presuntamente por su padre y hermanos. Este caso había sido archivado cuatro años atrás por la desidia de las autoridades encargadas de dirigir la investigación.
